El Parlamento instará hoy a la Junta a que reanude la asistencia jurídica específica en las prisiones
La comisión parlamentaria de Justicia e Interior de este martes determinará hoy instar a la Junta de Andalucía a reanudar el servicio de asistencia letrada específica en las prisiones andaluzas, paralizado desde hace más de un año. La intrahistoria de esta Proposición no de Ley, que finalmente podría salir adelante incluso por unanimidad, está en que, después de muchos meses de intentarlo sin éxito fuera del proceso parlamentario, IULV-CA apoyará la propuesta del Grupo Popular para conseguir su objetivo y que la Consejería tenga también presente la decisión parlamentaria. Por su parte, el Grupo Socialista se ha sumado “con matices” a la misma con una enmienda en la que que considera que el Ministerio del Interior y los Colegios de Abogados también son parte en el hecho claro de que más de 16.000 personas privadas de libertad estén sin atención jurídica específica en materia penitenciaria en Andalucía.
Se podrían dar varios casos, dependiendo en primer lugar de si el PP acepta la enmienda socialista, algo en principio poco probable ya que estaría aceptando, de manera intrínseca, la culpabilidad del Gobierno central en la paralización de este servicio. Se había especulado con la posibilidad de que la votación podría deparar la alianza temporal de IULV-CA y PP, si bien el Grupo Socialista no parece querer quedarse fuera y también ha instado, a través de su enmienda, a la restitución de la asistencia letrada en las cárceles.
El consejero, Emilio de Llera, cuyo departamento ha sostenido siempre que es “indispensable” la participación del Ministerio y de los Colegios de Abogados para la prestación de este servicio, se puede ver en la tesitura de, ya por la tarde, tener que dar cuenta de la situación de esta paralización en un debate agrupado a propuesta, en este caso, del Grupo de IULV-CA, socio de Gobierno en la Junta y que podría previamente haber inclinado la balanza a favor de la Proposición del Grupo Popular.
En cualquier caso, Juan Ramón Ferreira, portavoz del PP en la comisión, defenderá una Proposición no de Ley en la que exigirá a la Junta, según ha anunciado, que reanude de forma inmediata el servicio “poniendo fin a la indefensión que sufren desde hace un año más de 16.200 presos” en Andalucía. Ferreira confía en que el consejero “recapacite y muestre sensibilidad en este asunto que hasta el momento ha rechazado”, apuntando que “el compromiso social con los más débiles se demuestra con hechos”.
¿Y qué dice el Grupo Socialista? Ayer mismo registró una enmienda en la que propone exclusivamente modificar el texto propositivo. Los socialistas apuestan también, por tanto, por que el Consejo de Gobierno restituya los servicios de orientación jurídica en las cárceles pero “sin renunciar” al acuerdo tripartito que “de forma unilateral” decidió “romper” el Ejecutivo central “sorpresivamente” al no suscribir su renovación, señala Soledad Pérez, que defenderá la Proposición por parte del Grupo Socialista. Instan, pues , al Gobierno central y a los Colegios de Abogados a firmar ese acuerdo que, al igual que la Administración andaluza, ven “indispensable”.
Por su parte, IULV-CA tiene claro que la cuestión es, “ante todo, solucionar el problema”, al menos instando a dicha restitución de los servicios a la Junta, a expensas de lo que posteriormente decida el Consejo. La portavoz de este Grupo en la comisión de Justicia, Alba Doblas, no acepta que para ello sea “indispensable” el acuerdo tripartito al que aluden PSOE y Consejería, si bien reconoce que esta firma “agilizaría” la reanudación.
Es previsible, pues, que la Proposición no de Ley salga adelante, incluso por unanimidad, si bien no se conocen aún los matices concretos sobre los que se instará a la Junta. Son 15 los miembros de la comisión (7 del PP, 7 del PSOE y 1 de IU) y todos ellos tienen que votar, una vez se incorporen o no las enmiendas que puedan hacer los grupos. Estamos hablando de un servicio que, desde abril de 2012, no se lleva a cabo y que tiene un coste anual aproximado de 300.000 euros, una cifra que fuentes de IULV-CA apuntan además que está “ya presupuestada” y que no entienden los motivos para que la partida no se ejecute.
La Junta ha insistido desde hace meses en que la participación del Gobierno central es “necesaria” para reanudar dicho servicio, junto a los Colegios de Abogados, en un convenio tripartito “fundamental”, aludiendo en algún caso a la “negativa” de Interior de firmar el convenio y señalando que se vio “obligada” a suspender el servicio en abril de 2012 al no tener la autorización ministerial.
El portavoz de los abogados ya se mostró contrario a la posición de la Consejería, tildando de “excusa que no se sostiene” el hecho de que esté esperando a que Interior devuelva el convenio, achacando únicamente la paralización del servicio a una política de “recortes”. El Ministerio lo que devuelve es la pelota y señaló que fue la Consejería la que incumplió los plazos de envío del convenio, aclarando que los presos no están desatendidos porque existen juristas que les asesoran en cuestiones penitenciarias, si bien ya no a través de este servicio específico.
