¿La pobreza puede esperar? Familias del barrio con menores ingresos de España esperan desde 2018 la renta andaluza mínima de inserción

Enero de 2019. Unidad familiar de cinco miembros, residente en el Polígono Sur de Sevilla, el barrio con menor renta por habitante de España, pide la Renta Mínima de Inserción de Andalucía, una prestación dirigida a las familias con menos recursos que la Junta puso en marcha un año antes. Junio de 2020. Por fin, año y medio después, llega la respuesta de la Junta, pero con un contenido diferente al esperado: “la solicitud se encuentra pendiente de resolución”. ¿El motivo? “Debido al número de solicitudes presentadas en Andalucía, existe un considerable retraso en la tramitación de los expedientes relativos al acceso a la Renta Mínima de Inserción Social”, reconoce la delegación territorial de la Junta en Sevilla.

Es 'solo' un ejemplo de una realidad: la Junta concedió en 2019 menos de la mitad de las peticiones de acceso a la Renta Mínima de Inserción. En ese caso, concesiones. Este ejemplo es de una petición a la que, 18 meses después, se le da una patada hacia adelante sine die. Es una de las 15 familias que, asistidas por el Comité René Cassin, solicitaron la prestación en 2018 o, como el mencionado, ya en 2019. La única respuesta ha llegado en forma de 'vuelva usted mañana'. De los 15 asuntos, correspondientes a otras tantas familias del Polígono Sur, catorce son de mujeres (trece con hijos) y uno de un varón, también con hijos. Ninguna de las personas solicitantes ha recibido el escaso dinero solicitado y, salvo el caso aludido, ninguno de ellos ha recibido notificación alguna durante el tiempo anterior al confinamiento. En los expedientes, según fuentes del comité, se alude a sus nulos ingresos o a la situación de discapacidad de sus compañeros. Las trece madres cuentan con un total de 48 hijos a su cargo. Dos de ellas tienen 7 hijos cada una, una tiene 6 (de los cuales uno es discapacitado psíquico), una tiene cinco (uno de ellos discapacitado), cuatro de ellas son madres de otros tantos hijos (una de ellas, con tres con algún grado de discapacidad).

Esperanza narra la situación que viven estas familias respecto a la renta mínima andaluza. “Yo la solicité en enero de 2019. Después de estar seis días llamando, me cogieron. Me informaron en la Consejería que mi expediente no ha sido ni mirado, que van por los expedientes de agosto de 2018, con mucho retraso pero, sin embargo, se están cobrando las renovaciones solicitudes en 2019 y 2020, habiendo recibido esas personas la renta mínima que les da prioridad antes que las que llevamos años esperando y sin tener ningún tipo de ayuda, como yo, que tengo 14 céntimos en mi cuenta y sin poder salir para buscar la vida. Una situación desesperante la que estamos viviendo. Por otro lado, mi hijo pequeño, en abril de 2019 le diagnosticaron cáncer y estuvo ingresado cuatro meses. El día que llamé, se lo comenté a la señora que me cogió el teléfono y me dijo que echara la solicitud de emergencia pero que eso tenía que echarlo la trabajadora social. Llevo seis días llamando a servicios sociales pero no consigo comunicarme con ellos. La renovación es urgente. Nadie la solicita por gusto, digo yo. Lo estamos pasando muy mal”.

“Soy padre de cuatro hijos y no tengo medios”

Jorge explica su caso. “Va para 16 meses desde que solicité la renta mínima y todavía estoy esperando a que me llamen. Estamos pasando por una racha de mucha crisis donde no podemos buscar la vida, buscar trabajo, no tenemos ayuda ninguna. Soy padre de cuatro hijos y no tengo medios con los que seguir yendo hacia adelante para alimentarlos. Si el Gobierno se preocupara un poco de los ciudadanos y nos consiguiera la renta mínima, sería un paso hacia adelante”. Fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales reconocen que “sigue habiendo muchos retrasos”. La consejera, Rocío Ruiz, dijo en el Parlamento a primeros de julio que entre marzo y junio se habían concedido 11.839 nuevas prestaciones y se habían movilizado 50 millones de euros.

Según fuentes de la Asociación Tres Mil Ideas, constituida por familias muy pobres de las Tres Mil Viviendas, el confinamiento se ha vivido “con mucha preocupación que, durante el estado de alarma, se frenaran las valoraciones de sus solicitudes de renta mínima que llevaban más de un año esperando”.

“De 15 reclamaciones, solo tenemos constancia de que han respondido a una; es un colapso de la Junta que llevan arrastrando desde hace dos años”. “Algunas familias han podido cobrar de forma automática el nuevo ingreso mínimo vital”, respaldado por el Congreso de los Diputados el 10 de junio, “aunque otras muchas no”. Según añaden, “técnicos de la delegación y de los servicios sociales se echaban las manos a la cabeza diciendo que era impensable, que no se podía acelerar los procedimientos, pero después se publicaron dos decretos que informaban de que sí se podía”, señalan en alusión a las medidas aprobadas por la Junta el 30 de marzo “para acelerar los expedientes durante el estado de alarma” y el 29 de abril, en este último caso una prestación extraordinaria de la renta mínima destinada a familias con menores a cargo o unipersonales, a percibir durante cinco meses. “Si hay voluntad política, se puede”, indican las fuentes de la asociación.

Desde Tres Mil Ideas se recuerda que el primero de los decretos leyes citados (el 6/2020) autorizó que se acelerase la resolución de los expedientes de renta mínima que se habían entregado junto a un informe de emergencia emitido por los servicios sociales antes del estado de alarma. “Pero esos informes se emiten en casos muy concretos y todas las familias habían solicitado la renta mínima por el procedimiento ordinario, por lo que la revisión de sus expedientes se preveía aún más lenta”. “Sería una solución cobrarlas ahora. Ya tienen todos nuestros papeles y pueden comprobar que nos hace falta. Y con ese dinero podemos ayudar a otros porque ya lo estamos haciendo con lo poco que tenemos”, decía María Isabel en el mes de marzo, una de las vecinas cuyas iniciativas se apoyan entre ellos en forma de red solidaria. Otros vecinos, según la asociación, afirmaban que sería una solución para la crisis alimentaria: “Además, si cobramos la renta, los servicios sociales, Cáritas y Cruz Roja tendrían más dinero para ayudar a otras familias que no la cobren”, dijeron estos vecinos, que comenzaron una reclamación patrimonial hacia la Administración en colaboración con el mencionado Comité René Cassin.

Compatibilización de prestaciones

Estos vecinos mantienen dos líneas de acción, una hacía la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad y otra hacia el Ayuntamiento a través de los servicios sociales. Estas familias solicitan “ser escuchadas, que su voz esté presente en las comisiones donde se debate y se decide lo que es 'mejor' para ellas, que se revisen las medidas extraordinarias en relación a la renta mínima, y han puesto de manifiesto los grandes atrasos en la resoluciones que ya existían desde hace dos años, ofreciéndose en varias ocasiones para que se cuente con su colaboración para ayudar a los que menos tienen, a aquellos que ni siquiera podían llegar a Cáritas ni servicios sociales”.

Cabe recordar que, como informó recientemente este medio, la Junta concedió en 2019 menos de la mitad de las peticiones de acceso a la renta mínima de inserción. Este periódico informó el año pasado de que la Junta tardaba en resolver estos expedientes cuatro veces más de lo exigido por ley. Fue entonces el Defensor del Pueblo Andaluz el que constataba “carencias estructurales” en su tramitación. Asimismo, desde la puesta en marcha de este medida ha habido voces que han criticado la excesiva burocracia para conseguir esta ayuda. Un solo vistazo a los 10.000 comentarios, muchos de las últimas fechas, a una antigua publicación en la web del Defensor del Pueblo Andaluz sobre los “atrasos del salario social” da una idea de que, como han expresado los testimonios, la renta mínima no llega en tiempo y forma a muchas familias andaluzas.

La consejera recordó en su reciente intervención que se había reunido la Comisión Autonómica de Coordinación de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía para solicitarle aportaciones de cara a la nueva regulación de la prestación andaluza al objeto de hacerla compatible con el ingreso mínimo vital. Cuando se aprobó la nueva ayuda estatal, la Junta amagó con suspender su renta de inserción social pero reculó en 24 horas, abogando por consensuar y compatibilizar ambas prestaciones en virtud de una modificación normativa en la que se está trabajando. “Hay que incidir en esa complementariedad, trabajando con las familias, porque la pobreza se hereda”, señaló la consejera