El Parlamento de Andalucía encarga un informe jurídico sobre el plante de Fátima Báñez
El Parlamento de Andalucía ha encargado a sus servicios jurídicos un informe que contenga qué debe hacer en relación a la decisión de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, de no comparecer el pasado lunes en la comisión de investigación sobre el supuesto fraude con subvenciones de formación para el empleo tras llegarle el dictamen del Consejo de Estado esgrimido para dicha incomparecencia.
Lo ha confirmado este miércoles el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, a preguntas del portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, en la reunión de la junta de portavoces, celebraba tras la reunión de la Mesa de la Cámara, que es la que ha determinado dicha petición tal y como estaba previsto desde el plantón de Fátima Báñez. La intención de todas las formaciones, a excepción del PP-A, es que esto se eleve a la fiscalía, lo que dependerá del informe de los servicios jurídicos, en palabras de Juan Pablo Durán. Éste ha explicado que han conocido el informe del Consejo de Estado gracias a un escrito presentado por los populares porque no llegó hasta el Parlamento de Andalucía.
Por su parte, el grupo parlamentario de Podemos tenía previsto presentar entre este miércoles y este jueves una denuncia en el Tribunal Supremo (TS) contra Fátima Báñez y también contra la consejera del Tribunal de Cuentas Dolores Genaro por la incomparecencia de las dos en la comisión de investigación creada para depurar posibles responsabilidades políticas en el presunto fraude con subvenciones de formación para el empleo desde 2002 hasta hoy.
La portavoz adjunta de Podemos en el Parlamento de Andalucía, Esperanza Gómez, ha expresado que la denuncia se fundamenta en que “existen fundamentos jurídicos que la avalan”, y ha citado el artículo 502 del Código Penal, que califica como “desobediencia” este tipo de comportamientos. “Consideramos que se les ha requerido de manera legal que comparezcan (...) y, en todo caso, que resuelva el TS”, ha subrayado.
De todas maneras, ha confesado que no harán lo mismo en el caso del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, quien sí compareció pese a que abandonó la sesión sin escuchar a las preguntas de los diputados después de acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa en los tribunales. En este caso, la comisión de investigación pidió a la Mesa de la Cámara que estudiara elevarlo a la fiscalía porque se ha fijado como norma de funcionamiento que los comparecientes permanezcan hasta que concluyan las preguntas, pese a que no vayan a responder. De momento, la Mesa de la Cámara no se ha pronunciado.
Esperanza Gómez ha aprovechado para criticar el “boicot permanente” en el que entiende que el PSOE-A ha sumido a la comisión de investigación, entre otras cosas “porque la Junta de Andalucía sigue negándose a entregar la documentación que le ha sido requerida”, a lo que “se ha sumado ahora el Gobierno de la Nación”, por estas incomparecencias que fueron justificadas por un informe del Consejo de Estado -no vinculante- que avala que un parlamento autonómico no puede exigir comparecencias a miembros de la Administración General del Estado.
