La Policía detecta “irregularidades” de las empresas del cártel del fuego con los helicópteros del 061
34 millones de euros. La Policía Judicial sospecha que el llamado cártel del fuego también ha manipulado los concursos públicos de los helicópteros del 061, aquellos encargados de transportar a vida o muerte a las víctimas de accidentes, infartos y otras emergencias sanitarias. Repiten dos de los sospechosos de manipular, supuestamente, los concursos de lucha aérea contra el fuego: la valenciana Inaer (ahora, Babcock España) y la cordobesa Faasa.
Cinco son los expedientes que ha analizado la Unidad Adscrita a Tribunales y Fiscalía (UATF), encontrando irregularidades en todos ellos. Los investigadores apuntan no sólo a las empresas, sino que solicita más información sobre las licitaciones y las mesas de contratación, para que la jueza del Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla pueda imputar por prevaricación a los presuntos responsables de este nuevo caso de corrupción.
La Policía cree que existen “indicios de que se podrían venir cometiendo las mismas irregularidades para los concursos públicos de EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias). El resultado de esa situación de reparto territorial orquestado por las mercantiles aeronáuticas ha sido que en Andalucía y para los concurso de la EPES sólo concursen INAER y FAASA”. La Policía recuerda que, al igual que ocurría en la lucha contra incendios, se reparten los concursos por turnos y territorio, de manera que “a cada concurso se ha presentado por regla general una mercantil”.
Los investigadores definen la situación como “pulso entre la única licitadora y la Administración, que en no en pocas ocasiones se ha visto obligada a ceder a las necesidades de aquella”. De este modo, se enumeran hasta cuatro ejemplos de “este indeseado y evitable pulso”: solo se presentaba un empresa por lote, incumplimiento de los pliegos del concurso, helicópteros sin habilitación para vuelo nocturno o que no se informe a todas las licitadoras de un nuevo concurso negociado sin publicidad.
En conclusión, la Policía cree que no sólo se presenta una sola empresa por licitación, sino que “intenta por todos los medios que la Administración no incluya ningún requisito que les imposibilite ganar el concurso”. Tachan a Faasa e Inaer (Babcock) de conformar un oligopolio que obliga a la Consejería de Salud a “aceptar sus condiciones aunque en un principio no parezcan las más deseables”, mediante “las fórmulas pertinentes y los 'apaños' oportunos”.
En declaraciones a este diario, Faasa recuerda que dejaron de ser proveedores del 061 hace tres años, por “la falta de viabilidad económica de estos contratos (...), los precios que se pagan en nuestros país por estos servicios son de los más bajos de Europa”. La Policía también critica la antigüedad de los helicópteros con la que la Junta de Andalucía permitió que Faasa ganase finalmente uno de los concurso. En respuesta a las diligencias previas, la aeronáutica cordobesa señala que la antigüedad de una aeronave “no la hace más o menos segura”, que los servicios contratados por la Consejería de Salud eran diurnos -no nocturnos- y que siempre han cumplido con las exigencias del servicio en cuanto a los tiempos de respuesta.
Por su parte, la Consejería de Salud asegura desconocer “dicho informe policial” y remarca que “hasta el momento, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha hecho entrega de todos los expedientes solicitados y está colaborando con las instancias policiales y judiciales en lo que se le ha solicitado con total transparencia. En estos momentos, EPES está preparando respuesta, dentro de los plazos establecidos, a una ”solicitud de documentación“, en la que se pide información relativa a los componentes del órgano y mesa de contratación de estos expedientes, que ya habían sido remitidos anteriormente al Juzgado nº 8 de Sevilla”.
A la vista de este informe policial, el grupo parlamentario de Izquierda Unida ha pedido la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en el Parlamento de Andalucía para que informe “sobre las posibles irregularidades detectadas en la adjudicación de los contratos”. La parlamentaria de Izquierda Unida Inmaculada Nieto considera la situación “un escándalo, ya que la Junta ha permitido descaradamente que las empresas pongan sus condiciones, se repartan el territorio, y no compitan entre ellas. Es una práctica absolutamente irregular. La Administración queda en una posición muy vulnerable, con un solo interlocutor, adaptando los requisitos técnicos y económicos a la empresa que se sabe que va ganar. Queremos conocer las explicaciones de la consejera”.
Asimismo, el pasado 26 de diciembre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía prorrogó por un año el contrato de helicópteros para la lucha contra incendios que está siendo investigado por la Justicia, concediéndole así 14,57 millones de euros a Faasa. Dos de los directivos de la empresa, el presidente y el vicepresidente, se encuentran imputados, así como un alto cargo y cinco funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.
