El PP-A recurrirá en el Tribunal Constitucional el “veto” del Parlamento de Andalucía
El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha confirmado este jueves lo que ya había adelantado su grupo en la Junta de Portavoces: denunciarán en el Tribunal Constitucional el “veto” a iniciativas legislativas de la oposición que vienen padeciendo desde hace tres semanas en la Mesa de la Cámara. Lo ha comunicado este jueves, día también en el que el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha anunciado que convocará de manera extraordinaria a la Mesa de la Cámara el lunes, cuando podrían quedar desbloqueadas. Ocurrirá si C's mantiene su compromiso de votar que sí, en lugar de abstenerse como hasta ahora, toda vez que ha podido leer el informe del letrado mayor, Javier Pardo, en el que se advierte de posibles responsabilidades “personales” en los tribunales de los diputados (en este caso el suyo y tres del PSOE-A) que posibilitan un bloqueo de este tipo.
Si esto se produce, las proposiciones de ley del PP-A (para una rebaja fiscal) y Podemos (a favor de las cuentas abiertas de la Junta de Andalucía) tendrían luz verde para su tramitación y ser debatidas en pleno para lo que, eso sí, habrá que incorporarles el informe jurídico al que obliga la resolución aprobada en la última Mesa de la Cámara (con los votos del PSOE-A y C's) para incrementar las exigencias. Sin embargo, Juan Pablo Durán ha negado que esto vaya a suponer un retraso de dichas iniciativas legislativas, porque calcula “un plazo máximo de 15 días” para que cumplan dicho requisito y lleguen hasta el pleno. Considera “lógico y razonable” para que el pleno se pronuncie con unas propuestas presentadas con la suficiente solvencia y por eso se exige esto “a priori y no a posteriori” como hasta el momento.
Sin embargo, el PP-A entiende que el daño ya está hecho y que ha habido “dilación indebida” por lo que continúa adelante con su decisión de llegar a los tribunales. Es más, en el mejor de los casos, su proposición de ley para eliminar el impuesto de donaciones y sucesiones llegaría hasta el pleno en noviembre, prácticamente ya con los presupuestos autonómicos del próximo ejercicio cerrados -se presentan a final de octubre- de manera que poco sentido le queda a su propuesta de incluir eso para 2016. Sostiene igualmente que la resolución que endurece las condiciones para tramitar las iniciativas legislativas, que ha sido ratificada sólo con los votos del PSOE-A y C's puede ser ilegal, entre otras cosas por su carácter retroactivo, que hace que estas proposiciones legislativas que llevan semanas intentando pasar el trámite también se vean obligadas a cumplir los nuevos requisitos.
De igual modo, Juan Manuel Moreno, presente este jueves en Dos Hermanas (Sevilla), ha exigido la dimisión de Juan Pablo Durán, por propiciar esta situación ignorando la “jurisprudencia” y el informe del letrado mayor. Le ha acusado de haberse convertido en un “testaferro de la política antidemocrática” de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz. El aludido ha rechazado contestar a esta petición de dimisión, y se ha limitado a decir que cada grupo puede proponer “libremente” lo que quiera.
En cuanto a lo ocurrido en la Mesa de la Cámara, donde han quedado en suspenso las referidas iniciativas legislativas, ha recordado que ha sido por un empate a tres (tres votos contrarios del PSOE-A, la abstención de C's y tres a favor del PP-A, Podemos e IU). Por tanto, según su tesis, el mismo argumento del bloqueo podría sostener la oposición “si hubieran sido rechazadas” porque, por ejemplo, C's hubiera votado en contra. O sea, no entiende que se hable de veto con el empate -que las deja en el limbo- y no con el rechazo, que hubiera tenido la misma consecuencia: no llegar a pleno. Y ha negado que el Reglamento del Parlamento de Andalucía recoja que si hay empate que sea el pleno el que decida sobre su tramitación, como sostienen los proponentes. “¿Dónde pone eso?”, ha preguntado.
Es más, el presidente entiende que si finalmente el caso llega hasta el TC y se pronuncia, esto podría contribuir a arrojar luz en las diferentes interpretaciones que existen en este tema. Ha recordado que los diputados que se oponen a la calificación de estas proposiciones de ley aceptan el argumento del Consejo de Gobierno -que por primera vez esta legislatura se pronuncia en contra de la tramitación en lugar de limitarse a rechazar el contenido de las iniciativas legislativas- de que afectan a los presupuestos autonómicos. Y en este sentido, ha dicho que rige el Estatuto de Autonomía, donde no se matiza si el derecho a veto del Consejo de Gobierno es sobre las cuentas en vigor o sobre las futuras, como es el caso de las propuestas que han elevado el PP-A y Podemos. El mayor celo del Consejo de Gobierno a la hora de rechazar también la tramitación, se ha producido con la nueva legislatura del PSOE-A en minoría, y se ha aludido a “la nueva realidad política” como motivo, pero en todo caso su dictamen en preceptivo pero no vinculante.
Juan Pablo Durán, “tranquilo”
Igualmente, Juan Pablo Durán ha reiterado las razones del PSOE-A para estar absolutamente “tranquilos” de cara a posibles responsabilidades en el TC. Ha recordado que los diputados pueden votar independientemente de pronunciamientos de los juristas. “Las decisiones de la Mesa de la Cámara son políticas (...). Prima la inviolabilidad del diputado. Otra cosa sería una decisión administrativa que tomara el Parlamento de Andalucía”, ha precisado.
En paralelo, el PP-A ha criticado que esta práctica de “coartar la labor legislativa” no se limita a la Mesa de la Cámara, sino que se extiende a las comisiones parlamentarias. Ha puesto el ejemplo de la comisión parlamentaria de Empleo, Empresa y Comercio, donde también ha quedado sin ser admitidas a trámite enmiendas de la oposición. El portavoz del PP-A en dicha comisión parlamentaria, Miguel Ángel Torrico, ha manifestado que es “otra vuelta de tuerca en la política de tierra quemada del PSOE-A”.
Por su parte, C's ha intentando precisar por qué no quería que este jueves fueran vistas de nuevo esas proposiciones de ley, pese a que ya tenían en su poder el informe del letrado mayor subrayando que cumplían los requisitos para ser tramitadas. Su miembro en la Mesa de la Cámara, Julio Díaz, se ha visto obligado a reconocer que lo recibió, como el resto de integrantes, cuando se iniciaba la reunión, pero no pudo entretenerse en el mismo en medio de “una cantidad de documentación enorme” con la que afrontaba el encuentro. Respecto a que el portavoz parlamentario de C's, Juan Marín, haya insistido en que ellos no lo recibieron hasta que acabó la Mesa de la Cámara, Julio Díaz ha comentado que habrá sido un “malentendido”, en referencia a que sí lo tenían, pero no lo habían podido leer con tranquilidad.
