Cuando el PP “hizo suya” la parte “sustancial” de la Ley andaluza de Memoria que llega hasta 1982

La nueva ley estatal de memoria democrática, que llegará pronto al Congreso para su debate y aprobación, ha reabierto la brecha ideológica entre derechas e izquierdas, sobre todo a cuenta del “ámbito temporal” de la misma. El marco de esta ley abarca desde el 18 de julio de 1936, día del golpe de Estado de las tropas fascistas contra el Gobierno de la República, y se extiende durante los 40 años de dictadura franquista hasta el día de la entrada en vigor de la Constitución (29 de diciembre de 1978).

La polémica, esta vez, se ha desatado a cuenta de la disposición adicional decimosexta, que plantea una revisión “de los supuestos de vulneración de derechos humanos” ya durante el periodo democrático (hasta 1983). PP y Ciudadanos han interpretado este punto como un intento de extender el ámbito temporal de aplicación de la ley a la Transición Española, un periodo “sagrado e intocable” para ellos.

Este debate, en términos muy similares, tiene un precedente directo en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada en 2017 sin el rechazo de PP y Ciudadanos. Era la primera vez en España que el PP, que venía de rechazar frontalmente la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2007), flexibilizaba su posición hacia la abstención “crítica”.

“Compañerismo, amistad, cordialidad”

El diario de sesiones de la X legislatura andaluza reproduce el tono de “compañerismo, amistad, cordialidad y buen hacer” de los distintos grupos políticos que debatieron y negociaron durante un año el contenido de aquella ley, como destacó el ponente del PP el día de su aprobación. Una norma que llegó al Parlamento andaluz como un proyecto de ley del Gobierno en minoría de Susana Díaz, pero cuyo origen estaba en una proposición de ley que IU había presentado seis años antes, en abril de 2011, en vísperas del octogésimo aniversario de la proclamación de la II República. Aquella primera iniciativa fue tumbada en su momento por el PSOE y el PP.

La parte mollar de la Ley de Memoria Democrática fue asumida en su integridad por los populares andaluces, liderados por un recién llegado Juan Manuel Moreno como líder de la oposición. El PP decidió no presentar ni una enmienda a ese articulado. “El Grupo Popular respalda sin reservas los principios que inspiran esta ley, de verdad, justicia y reparación y suscribe -como dice su propio articulado- los valores de concordia, convivencia y pluralismo político”, anunció Juan Ramón Ferreira, el portavoz parlamentario del PP en el debate final del Pleno que aprobó la norma.

Los grupos de izquierdas reconocieron en aquel PP una “mayor implicación, incluso que Ciudadanos, para acercar posturas durante la negociación en la comisión de la Consejería de Cultura, competente en materia de Memoria. Diez meses antes del debate final, los miembros de aquella comisión habían visitado el cementerio de Puerto Real, en Cádiz, donde se encuentra la segunda fosa común del franquismo más grande de Andalucía (que tiene localizadas más de 600). ”Espero que la ley andaluza de Memoria se apruebe por unanimidad, nadie en el PP está en contra de esta ley y si mi partido hiciera bandera en contra de ella, me avergonzaría“, había dicho, a pie de fosa, el malogrado Antonio Garrido, veterano diputado del PP en la comisión de Cultura.

Durante el debate plenario, Ferreira quiso enumerar todos los puntos de la ley con las que el PP estaba de acuerdo (aquellos que, además, requerían de inversión económica): “Suscribimos con firmeza el derecho a conocer la verdad de las víctimas y sus familias, el derecho a la reparación y a la indemnización. La sociedad tiene la obligación moral de apoyar la recuperación e identificación de los restos de todas las víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista; las administraciones deben impulsar la localización, exhumación e identificación de las víctimas. No hemos puesto ninguna objeción, al contrario, a la confección de un censo de víctimas, la elaboración de un mapa de zonas donde se hayan localizado restos, así como un inventario de lugares y senderos de memoria. Esta parte de la ley la hacemos nuestra, sin reservas”, concluyó.

Pero el PP terminaría absteniéndose argumentando, como ahora, que “el ámbito temporal” de la ley invadía el periodo democrático, posterior a la aprobación de la Constitución del 78.

De la II República al Estatuto andaluz

La norma andaluza fue pionera al ensanchar el ámbito temporal de las políticas memorialistas más allá del marco que establecía en ese momento la ley estatal de Memoria Histórica: golpe militar y Dictadura franquista. La definición de memoria democrática, en el artículo 3, abarcaba la “salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades desde la proclamación de la Segunda República española, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el 11 de enero de 1982”. El objetivo era incorporar el periodo de lucha y conquista de los andaluces por un autogobierno pleno, que culmina con el referéndum sobre el Estatuto el 28 de febrero del 82, Día de Andalucía.

Pero, como ocurre con el nuevo proyecto de ley estatal, la consideración de “víctima” a efectos de beneficiarse de los derechos de reparación, indemnización o investigación que regula la normativa seguía limitándose al marco temporal que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.

Una de las víctimas mortales del proceso de lucha autonomista en Andalucía fue un joven malagueño de 19 años, Manuel José García Caparrós, asesinado de un disparo de la Policía durante las manifestaciones multitudinarias del 4 de diciembre de 1977 [por tanto dentro del ámbito temporal de la ley para la consideración de víctima del franquismo], cuando dos millones de andaluces ocuparon las calles para reclamar una autonomía plena para Andalucía, al mismo nivel que otras nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia). Caparrós fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 2013.

La citada disposición adicional de la futura ley estatal de Memoria dice así: “El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento a las mismas.”

El contenido de este párrafo no equipara los derechos que la ley ofrece a las víctimas del franquismo con el de personas que pudieron ver violentadas sus libertades ya en el periodo democrático. En el proyecto que acaba de presentar el Gobierno de Pedro Sánchez, una comisión técnica formada por historiadores estudiará cada uno de esos casos -entre el 1978 y 1983-, y esas víctimas podrán acceder a una reparación. Pero no a una indemnización y sus casos tampoco abrirán la puerta a una investigación del futuro Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, una figura nueva que introduce la ley para coordinar el trabajo de justicia y reparación de las víctimas, pero solo entre 1936 y 1978.

Esta disposición adicional, a pesar de lo que sostiene Bildu y los grupos del arco conservador, no permitirá reabrir la investigación sobre los GAL y tampoco otorga la consideración de víctima del franquismo a los miembros de ETA José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, secuestrados, torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil en 1983.

72 enmiendas de la derecha, rechazadas

El 15 de marzo de 2017, el Parlamento andaluz aprobó sin ningún voto en contra la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, con los 67 votos a favor de los grupos de izquierdas -PSOE, Podemos e IU- y las 42 abstenciones de las derechas (PP y Ciudadanos). No se logró un consenso unánime, pero sí mayoritario.

La ley se debatió y se negoció en un clima de concordia entre los grupos pero, a la postre, los partidos de izquierdas bloquearon todas las enmiendas presentadas por las derechas (72 en total). El PP registró 29 y Ciudadanos 42, pero sólo prosperaron las que planteó Podemos para enriquecer un texto que ya había sido muy trabajado por PSOE e IU en la pasada legislatura, cuando eran socios de Gobierno.

El ámbito temporal de la ley fue uno de los aspectos más espinosos de aquel debate, a ojos de la derecha. PP y Ciudadanos consideraron inaceptable que la norma andaluza plantease como objetivo, en su exposición de motivos, la derogación de la Ley de Amnistía de 1977. “Los crímenes cometidos por el franquismo serían imprescriptibles, debe asegurarse su persecución universal, por lo que no puede aplicarse a ello la prescripción de la acción penal o de la pena, mediante leyes de amnistía, por lo que debería derogarse o modificarse cualquier norma estatal que se oponga o contravenga”, decía el preámbulo de la ley.

Ese párrafo estaba fuera del articulado y carecía de repercusión práctica. La Junta de Andalucía no tenía ni tiene competencias para declarar imprescriptibles los crímenes del franquismo ni para derogar la Ley de Amnistía, pero la Ley andaluza de Memoria abrió paso al debate que culminará la legislación estatal si finalmente es refrendada en el Congreso. Esta nueva norma no derogará la Ley de Amnistía, pero su articulado sí subraya “la obligación de los poderes públicos” de interpretar la Ley de Amnistía “conforme al Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de ”imprescriptibles“.

Zapatero vs Garzón

Es la tesis que había defendido el juez Baltasar Garzón cuando abrió una causa contra los crímenes del franquismo en la Audiencia Nacional, una investigación por la que fue juzgado por un delito de prevaricación, y finalmente absuelto en 2012 por el Tribunal Supremo. Dos años antes de que el Parlamento andaluz aprobara su ley de Memoria, el ex presidente Zapatero había discrepado al respecto de la Ley de Amnistía con el juez Garzón, durante un seminario sobre memoria histórica en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Zapatero defendía que aquella ley, aprobada con el 90% de diputados del Congreso, “abrió la puerta a la democracia española”, y Garzón replicó que la verdadera “terapia democrática” sería “investigar los crímenes del franquismo” a través de una Comisión de la Verdad para “honrar a los represaliados”.

Durante la tramitación de la ley de memoria andaluza, el PP citó innumerables veces aquella cita de Zapatero, recordando que la Ley de Amnistía “no fue una ley de punto final”, y que en su aprobación en el Congreso participaron las grandes figuras de la izquierda de entonces: Santiago Carrillo, Dolores Ibárruri La Pasionaria, Rafael Alberti...

PP y Ciudadanos cuestionaron la creación de nuevos órganos públicos que regulaba la ley, como el Consejo de Memoria, y fueron especialmente críticos con el papel que ocuparía en las escuelas, en los programas de estudios y en los medios de comunicación social, porque creían que abriría la puerta al “relato único” y el adoctrinamiento“. En aquellos días, la editorial Anaya había publicado un libro de texto de Primaria que endulzaba la historia de la Guerra Civil Española, presentando a Federico García Lorca, asesinado por las tropas fascistas, como ”un hombre que murió en la guerra de España“, y a Antonio Machado, que murió exiliado huyendo del país, como ”un poeta que se fue a vivir a Francia con su familia“.

Unanimidad o ley de máximos

El PSOE no fue el autor principal de la Ley andaluza de Memoria, pero finalmente fue el Gobierno de Díaz quien lo devolvió al Parlamento. La diputada socialista María Márquez, ponente de su grupo, quiso hacer de puente entre las posturas más enconadas a la derecha y a la izquierda. “Señorías de Podemos y de IU, como dice el filósofo Reyes Mate, dejemos la instrumentalización política de la memoria”. “Todos sabíamos que teníamos que hacer cesiones porque había una serie de líneas rojas, coincidentes tanto para un lado como para otro, y que íbamos a estudiar textos alternativos en los que pudiéramos sentirnos representados y cómodos todos. Y eso sucedió”, dijo.

El diputado de Podemos Jesús de Manuel, en una de las primeras reuniones de los grupos, admitió que él era más partidario de sacar la ley “por mayoría que por consenso”. “Eso me va a permitir una ley de máximos y de mayor carga ideológica. Si vamos al consenso, voy a tener que ser más flexible, que hacer concesiones y que buscar que podamos entrar todos”.

En el debate sobre la ponencia final del dictamen de la ley, en comisión parlamentaria, el portavoz del PP llegó a elogiar la Ley de Memoria de Zapatero, que su partido había rechazado en el Congreso. “Estamos de acuerdo en que muchas de la cosas que hay que hacer en este campo ya se han hecho o están reguladas o están correctamente planteadas, como el reconocimiento de las víctimas, el protocolo de exhumación, el mapa de fosas, las indemnizaciones a ex presos y represaliados del franquismo. Esto está regulado por la normativa nacional y es probable que haya que mejorar su ejecución más correcta en algunos campos, pero no parece necesario grandes modificaciones legislativas en estos campos”, advirtió Ferreira.

El portavoz del PP terminó su intervención lamentando que el esfuerzo hubiera derivado finalmente en la abstención de su grupo. “Creo que hemos estado muy cerca de un acuerdo. Hemos podido, y lo digo con dolor y con frustración, llegar a esta ley aprobándola por unanimidad de la Cámara”, dijo.

Pactar con Vox

21 meses después de la aprobación de la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática, el PP llegó por primera vez al Gobierno de Andalucía gracias a un acuerdo de coalición con Ciudadanos y un pacto de investidura con Vox. En el primer mes de legislatura, el PP de Moreno firmó un acuerdo político con el recién llegado partido de extrema derecha en el que se comprometía a derogar la ley de Memoria y sustituirla por una Ley de Concordia, que tuviera “un consenso mayor que la anterior”.

El grupo ultraderechista se había estrenado en el Parlamento andaluz con 12 diputados -casi 400.000 votos- y en una de sus primeras intervenciones en Pleno sobre Memoria calificó a los diputados de izquierdas de “buscadores de huesos” (el diputado de Vox, Benito Morillo).

Este punto del acuerdo no se cumplió en la pasada legislatura. Vox registró en la Cámara dos proposiciones de ley sobre la materia -la primera con un único artículo derogatorio-, pero el PP las rechazó por falta de consenso con el resto de fuerzas. El Ejecutivo de Moreno ha seguido aplicando las políticas de Memoria en materia de exhumación y fosas de represaliados, aunque ha jibarizado el presupuesto para investigación y asociaciones memorialistas, y ha orillado el tema del debate público por considerarlo “demasiado ideológico”.