El CIS andaluz orilla la sanidad, segundo problema ciudadano, para preguntar por el sistema de financiación, en el puesto 61

Los andaluces identifican el paro (43,3%), el deterioro de la sanidad pública (10,9%) y la dificultad de acceso a la vivienda (8,5%) como los tres principales problemas que les afectan. El desempleo también corona la pirámide de preocupación en España, aunque el país disfruta de un ciclo de economía al alza y surfea, por ahora, las turbulencias geopolíticas que amenazan.

Esto ha permitido encadenar varias Encuestas de Población Activa (EPA) con datos récord de ocupados. También en Andalucía, que cerró 2024 con 3,48 millones de trabajadores -la mayor cifra de la serie estadística- y una tasa de paro del 15,7%, la más baja en 16 años.

Pero, mientras el porcentaje de parados andaluces es hoy muy inferior al de aquellos que siguen identificándolo como el primer problema de Andalucía, con la sanidad ocurre lo contrario. El número de pacientes en lista de espera para operarse o para ser atendido por un especialista o para recibir un diagnóstico rebasa el 10% de la población andaluza, según datos del Ministerio de Sanidad. Más de 200.000 personas aguardan por una cirugía, el 24% desde hace más de un año.

La oposición de izquierdas cuantifica a dos millones de andaluces a la cola de alguna lista de espera sanitaria, una cifra que la Consejería de Salud desmiente, asegurando que las listas de espera quirúrgica han caído un 47% respecto al año pasado. Cuesta corroborar los números oficiales porque los pacientes fluctúan a diario, y sólo hay dos fotos fijas al sistema, la que la Junta envía al Ministerio en junio y en diciembre.

Los problemas que el ciudadano se encuentra hoy al acudir a la sanidad pública andaluza también puntúan entre los principales motivos de queja que recibe el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, que este miércoles ha presentado su informe anual de 2024 en el Parlamento. “Hemos registrado 1.503 quejas sobre la sanidad pública, cuando hace un año fueron 609”, ha subrayado Maeztu.

Su informe, de 600 páginas, enmienda el discurso oficial de la Junta, habla de falta de profesionales sanitarios, singularmente en algunas especialidades como neurología o atención a enfermedades raras, contratos precarios (por horas o días) y un déficit en atención pediátrica y salud mental, especialmente para menores de 18 años. Los otros dos asuntos que motivaron más de un millar de quejas son la vivienda (1.500) y la dependencia (1.400), que también han desencadenado protestas sindicales y manifestaciones ciudadanas.

El barómetro que publica cada tres meses el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, ha renovado este miércoles, en su edición de marzo de 2025, los tres primeros puestos en el podio de los problemas que más preocupan a los andaluces: paro, sanidad y vivienda.

Los dos últimos han motivado recientemente dos movilizaciones ciudadanas, convocadas por los sindicatos, en un sonoro toque de atención al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Antes de manifestarse, las organizaciones sindicales llevaron 100.000 firmas hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, en defensa del sistema público de Salud.

Movilizaciones y debates parlamentarios

La protesta por el “desmantelamiento de la sanidad pública” reunió a más de 20.000 personas en Sevilla el pasado 5 de abril -la mayor muestra de conflictividad social en los seis años de gobiernos del PP en Andalucía-, pero las 3.600 entrevistas que se realizaron para elaborar el llamado CIS andaluz se cerraron dos días antes, el 3 de abril.

El cuestionario no incluye preguntas concretas sobre la sanidad o la vivienda, puestos 2 y 3 en la escala de preocupaciones de los andaluces, pero sí contiene un bloque entero de cinco preguntas sobre financiación autonómica, que ocupa el puesto 61 en la lista de preocupaciones, señalada por el 0,1% de los encuestados. La deuda pública andaluza, por otra parte, ocupa el puesto 98 en la lista de problemas, con un 0,0% de respuestas.

“Se está hablando mucho de la financiación de las comunidades y por otro lado de la condonación de la deuda. ¿Cuál es más urgente o necesaria?”, se lee en el cuestionario, que acto seguido anima a responder si apoya el rechazo a la quita de deuda andaluza (Moreno) o si defiende la medida (María Jesús Montero), y que valore la condonación de la deuda “a Cataluña o a otras comunidades autónomas”.

Preguntado sobre el peso que el cuestionario da a la financiación y la deuda por encima de la sanidad o la vivienda, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, se ha encogido de hombros: “Yo no hago el cuestionario. El Centra no puede estar preguntando uno a uno por todo, sino por temas que centran la actualidad, pero yo no soy experto en demoscopia”, ha asegurado.

En el último Pleno del Parlamento, todos los grupos de la oposición preguntaron al presidente Moreno por la situación de la sanidad pública, tras la movilización masiva que tuvo lugar en Sevilla días atrás. Las críticas por el desgaste del sistema sanitario andaluz -con dos causas abiertas en los tribunales por supuestos delitos de prevaricación y malversación en los contratos a dedo del SAS con empresas privadas- copan la agenda de los rivales de izquierdas del PP. El PSOE impulsa una de las querellas contra los contratos de emergencia, y Podemos pilota otra contra el fraccionamiento de contratos menores.

Los sindicatos médicos, las Mareas Blancas y la oposición mantienen la sanidad en la agenda pública, convencidos de que es el asunto que más desgasta a Moreno, de ahí que este miércoles se hayan llevado las manos a la cabeza al ver que el barómetro del Centra, financiado por la Consejería de Presidencia, no pregunta a los andaluces por este asunto.

Tampoco han logrado, en dos años, convencer al presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, para que celebre un pleno monográfico sobre sanidad. Mucho menos una comisión de investigación parlamentaria sobre la contratación a dedo en el SAS, que son objeto de dos instrucciones judiciales en las que está personada la Fiscalía Anticorrupción.

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha vuelto a comparecer este miércoles en el Parlamento a petición del PSOE, haciendo un balance positivo de la gestión, del presupuesto “récord” en sanidad -15.247 millones de euros- y de la inversión en infraestructuras hospitalarias. Hernández ha acusado a los socialistas de “politizar” las protestas contra Moreno. Este último debate ha estado marcado por las últimas diligencias del juez que investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia del SAS, hechas públicas el lunes, en las que apunta por primera vez al Consejo de Gobierno que retiró el control previo a esos contratos para sustituirlo por las auditorías a posterior.

Esas mismas auditorías, firmadas por los interventores del SAS, denunciaron las presuntas irregularidades en la contratación que ahora investiga la Justicia. “Por primera vez se habla de una pieza política del caso de los contratos sanitarios, por primera vez se investigan papeles que llevan la firma del presidente Moreno”, ha denunciado la portavoz y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, haciendo el enésimo paralelismo con la llamada “pieza política del caso ERE” que terminó condenando por prevaricación y malversación a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El Gobierno andaluz, en boca del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha celebrado los datos del sondeo, que apuntalan la mayoría absoluta de Moreno en intención de voto y hunden las expectativas del PSOE pese a la irrupción de María Jesús Montero. Los populares ganarían hoy con más holgura que en 2022, a más distancia de los socialistas andaluces, donde no puntúa el aterrizaje de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda como líder y candidata a suceder a Moreno. “Esto es una novela de ciencia ficción”, ha dicho la portavoz socialista en la Cámara, María Márquez, para desdeñar una encuesta “cocinada”, y tildando a Sanz de “cocinero jefe”.