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El PP intimida a Espadas con un adelanto electoral “en febrero” si no facilita el Presupuesto andaluz de 2022

Juan Manuel Moreno y Juan Espadas en un acto en el Alcázar de Sevilla.

Daniel Cela

20 de octubre de 2021 19:46 h

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“Yo le he dicho al presidente Moreno que convoque elecciones ya”, reveló este lunes el portavoz parlamentario del PP andaluz, José Antonio Nieto, durante una entrevista en el programa Acento Andaluz, de 7 Televisión. Esa misma mañana, el barómetro de opinión pública que financia la Junta de Andalucía -el mal llamado CIS andaluz- arrojaba una predicción de voto demoledora: de celebrarse elecciones hoy, el PP ampliaría su ventaja en 15,2 puntos sobre el PSOE de Juan Espadas, quedándose a cuatro escaños de la mayoría absoluta [55 diputados], y con posibilidades de formar gobierno con Ciudadanos o con Vox. Seis de cada diez encuestados eligió a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta.

La proyección es rotunda y está en consonancia con la tendencia al alza del PP que señalan otras encuestas, públicas y privadas. Con esos números, algunos dirigentes populares, como Nieto, han vuelto a insistirle a Moreno en que es el momento de convocar: la pandemia retrocede, la recuperación económica está en ciernes, las izquierdas están dispersas... Pero el presidente, tozudo, responde siempre que su compromiso es agotar los cuatro años de mandato, que está “pensando en el interés de los andaluces, y no del PP”. Es el argumentario oficial de San Telmo, sede de la Junta.

Pero en su partido se empieza a dibujar un relato distinto desde que Espadas rompió el guión de oposición que venían haciendo los socialistas de Susana Díaz y le propuso a Moreno pactar los Presupuestos de 2022: el nuevo secretario general del PSOE-A intenta “ganar tiempo y una popularidad que no tiene”, antes de los comicios. Con eso en mente, y una vez que se ha iniciado la negociación entre ambas fuerzas, el PP ha empezado a deslizar la idea de que si en los próximos tres meses el Gobierno andaluz no logra sacar adelante las cuentas autonómicas, con una cifra récord de 43.800 millones de euros, Moreno tendría que “adelantar los comicios a febrero”.

El análisis interno que hace el PP está muy pegado al calendario de la tramitación parlamentaria del Presupuesto. Justo este miércoles, la Mesa de la Cámara ha modificado las fechas previstas a petición de los populares, y pese a las reservas del PSOE, que pedía más tiempo para negociar. Desde este miércoles, los socialistas y el resto de grupos en la oposición tienen de plazo hasta el 18 de noviembre para decidir si presentan una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos, que será aprobado en Consejo de Gobierno el 3 de noviembre y remitido ese mismo día al Parlamento. El ofrecimiento de Espadas a pactar con Moreno se materializará en esa decisión, es decir, la primera vez en la historia que el partido de la oposición no enmienda las cuentas del Ejecutivo de turno.

En el seno del PSOE, esta disyuntiva está generando muchos dolores de cabeza y de tripas. “Nos está costando explicárselo a los nuestros”, dicen fuentes próximas a Espadas. Es significativo escuchar a estas fuentes argumentar que, en realidad, Moreno no quiere el apoyo de los socialistas. Algunas fuentes dicen que, tal y como está el partido, “no tenían otra alternativa” que reinventarse como líderes de la oposición a un presidente que ha consolidado su imagen de moderado. Hay también veteranos de San Vicente que piensan que el que un Gobierno de PP y Cs, sustentado hasta la fecha por Vox, logre aprobar la ley más importante del último año de legislatura con la connivencia del PSOE dificultará no sólo el relato de campaña en las próximas elecciones, sino también la propia labor de oposición posterior.

La marea blanca sanitaria

El PSOE viene poniendo el acento en la política sanitaria desde hace meses, acusando la “mala gestión” de la Junta durante la pandemia, el empobrecimiento del servicio en la Atención Primaria, la falta de personal y de recursos... Este jueves, los grandes sindicatos de clase y los sindicatos médicos inician movilizaciones contra el Gobierno por el despido anunciado de 8.000 sanitarios que fueron contratados de refuerzo durante la pandemia, y no serán renovados a partir del 31 de octubre. Una marea blanca de indignación entre el colectivo de médicos y enfermeros fue lo que terminó de expulsar del Ejecutivo al PSOE, tras 37 años en el poder. La magnitud de las protestas de este jueves pueden condicionar de manera decisiva la negociación de los Presupuestos entre el PSOE y el PP, bien forzando a la Junta a un mayor compromiso inversor en sanidad, bien dando una excusa perfecta a los de Espadas para levantarse de la mesa y dar el portazo.

De momento la hoja de ruta del nuevo líder socialista se mantiene. La primera reunión técnica entre el consejero de Hacienda, Juan Bravo, y la delegación del PSOE -el ex consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano y Gaspar Llanes- se prolongó casi cuatro horas el martes, y sirvió para intercambiar números y documentación más precisa del capítulo de ingresos y gastos. Se trabaja sobre la envolvente financiera de la Junta, no sobre el borrador que Espadas entregó a Moreno en su reunión del 1 de octubre. Los socialistas ya han visto “huecos” y “trampas” en las cuentas de Bravo: por ejemplo, niegan el aumento del gasto sanitario en mil millones que anunció Moreno la semana pasada, porque creen que es un dinero consolidado del presente ejercicio que no se ha gastado aún. Con todo, ambas partes mantienen viva la negociación.

Vox acudió a la cita con Bravo este miércoles, con la consigna de que ellos no estarán nunca donde esté el PSOE. El encuentro se prolongó una hora y 45 minutos y la conclusión que expuso su portavoz, Rodrigo Alonso, es que votarán no al Presupuesto “porque no incluye el plan de reorganización del sector instrumental de la Junta”, a pesar de las auditorías contratadas para detectar “el gasto superfluo”. “Lo más probable es que presentemos una enmienda a la totalidad”, advirtió Alonso.

El partido de Santiago Abascal ha apoyado los tres presupuestos anteriores, siempre con ultimátum y amagos de registrar una enmienda a la totalidad hasta el último minuto. Nunca terminaron de romper con el Ejecutivo andaluz, porque lograron llegar a acuerdos in extremis más simbólicos que de verdadero volumen de gasto. Ahora dicen que “tienen la firmeza de votar no”. Vox condiciona su apoyo, no al cumplimiento de los pactos presupuestarios anteriores -con un grado de cumplimiento del 80%, según la Junta- sino al acuerdo de investidura que firmaron PP y Vox al inicio del mandato.

En ese documento hay muchas cosas por cumplir, como la derogación de la Ley de Memoria, y además el otro socio de Gobierno, Ciudadanos, no ha suscrito ese acuerdo ni acepta parte de él. También Vox tiene hasta el día 18 para decidir si presenta una enmienda a la totalidad a las cuentas de la Junta, un extremo difícil de imaginar, porque alinearía su posición política con la de Unidas Podemos y los Anticapitalistas no adscritos de Teresa Rodríguez, que ya han avanzado que votarán no. El debate de totalidad se ha fijado para el día 24 de noviembre, y el debate y aprobación definitiva serían los días 22 y 23 de diciembre [el PSOE pedía alargarlo hasta el 27 y 28].

En 1995, durante la llamada legislatura de la pinza, PP e IU hicieron prosperar una enmienda a la totalidad que obligó al Parlamento a devolver el texto al Gobierno socialista en minoría. Fue tras el debate de totalidad. El presidente Manuel Chaves tardó 10 minutos en convocar una conferencia de prensa para anunciar que adelantaría las elecciones. La coyuntura política no es la misma, en todo caso, porque Chaves ya venía de gobernar ese año con unos presupuestos prorrogados en 1994. Moreno tiene más estabilidad política y su vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, se ha mostrado favorable a prorrogar las cuentas en vigor.

Las dos semanas posteriores a la publicación del proyecto de ley de Presupuestos serán cruciales en la negociación, aunque está por ver si la Junta acepta un marco de diálogo más allá del que estipula el trámite ordinario de la Cámara, como temen los socialistas. “Eso no es una negociación extraordinaria, eso es lo que marca la ley”, avisan. Si no hay enmienda a la totalidad registrada antes del 18 de noviembre, Moreno se presentará 24 horas después en la inauguración del congreso regional del PP con el aval político de tener prácticamente aprobado el cuarto Presupuesto de su mandato [ya sólo necesitaría mayoría simple y negociar enmiendas parciales].

Muchas piezas en el tablero

El calendario ya está fijado, y se solapa con el debate del estado de la comunidad -que tendrá lugar la semana que viene- y con los congresos de renovación del PSOE y del PP. Muchas piezas en el tablero para una negociación tan delicada, en la que además tienen puestas las miradas las direcciones nacionales de ambas formaciones y el propio Gobierno de Pedro Sánchez. La ley electoral estipula 54 días hábiles desde que se disuelve el Parlamento hasta la cita con las urnas, de modo que la fecha más próxima que baraja el PP andaluz para presionar a los socialistas es febrero.

Algunas voces dicen que febrero es poco propicio para la participación electoral. Hay en San Telmo quien se aferra a la idea de que poca participación equivale, en esta ocasión, a menor tensión en las bases de izquierdas, pensando siempre en los 400.000 votantes del PSOE que se quedaron en casa en las autonómicas, pero volvieron en las generales. La prórroga del Presupuesto deja mucha acción política y legislativa en suspenso, pero no todo. En enero deben llegar o perfilarse la entrega de los fondos europeos Next Generation, vitales para la recuperación económica de Andalucía. Es el dato que más contrapesa la teoría del adelanto electoral que quieren algunos en el PP.

Una campaña electoral también deja en ralentí al Gobierno andaluz y en suspenso la acción legislativa durante más de tres meses que pueden ser claves en la toma de decisiones respecto a esos fondos europeos. El portavoz del PP en el Parlamento sostiene que avanzar en la legislatura con un presupuesto prorrogado no tiene mucho sentido, “porque si nos vamos a elecciones después del verano, probablemente también habría que prorrogarlos para 2023”, dado que la campaña electoral, el Parlamento disuelto y el nuevo Gobierno por formar se dilatarían tres o cuatro meses.

En realidad, los populares están convencidos de que Moreno no quiere adelantar la cita con las urnas, pero todo este balance tan pormenorizado, con fechas y datos, carga sobre los hombros del PSOE de Espadas. El último barómetro del Centra, publicado esta semana, no reconoce ningún impulso a los socialistas ni con un liderazgo recién renovado.

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