El PP andaluz pide paralizar la comisión que investiga el uso de fondos públicos en prostíbulos hasta que la Cámara reforme este órgano

El PP andaluz, uno de los impulsores de la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del anterior Gobierno socialista, ha pedido a la Cámara que suspenda los trabajos de inmediato. La comisión arrancó el pasado mes de noviembre, en plena precampaña electoral, y este viernes está previsto que se retomen las comparecencias. Los populares consideran que la comisión ha sido “boicoteada” por los políticos socialistas que han sido llamados a declarar, pero han rehusado dar explicaciones, entre ellos el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y varios ex consejeros de los últimos gobiernos socialistas.

PP y Ciudadanos, socios del Gobierno andaluz, proponen una reforma que regule las comisiones de investigación en el Parlamento para que sean más efectivas, para que se clarifique qué es y qué no es comparecer, cuáles son las obligaciones de los grupos y de los comparecientes y cómo se deben ordenar los trabajos. Entretanto, los populares quieren frenar la comisión de la Faffe, centrada sobre todo en el uso irregular de varias tarjetas de crédito de un directivo de la extinta fundación en varios prostíbulos de Andalucía. Esta investigación también está en los tribunales y ha destapado el gasto de más de 42.000 euros de fondos públicos con varias tarjetas por parte del ex director de la Faffe, Fernando Villén.

El reglamento del Parlamento andaluz no regula las comisiones de investigación, órganos que se deciden en el ámbito de la Mesa de la Cámara, y que nunca dejan satisfecho a los grupos políticos. La oposición forzó al Gobierno socialista a celebrar la comisión de investigación sobre el fraude de los ERE, que se cerró en falso (sin apuntar a los culpables que luego fueron condenados en el juicio), y posteriormente la comisión sobre las irregularidades en los cursos de formación, que también se resolvió sin conclusiones claras.

La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, está elaborando una reforma del reglamento, pero PP y Ciudadanos quieren agilizar la reforma de las comisiones de investigación a través de una resolución de la presidenta, como la que reguló las comisiones anteriores. Ahora mismo, la investigación sobre la Faffe está regulada por una resolución del anterior presidente del Parlamento andaluz que, según los populares, es insuficiente. La reforma de la comisión de la Faffe se haría a partir de una “adaptación” de esa resolución de la presidenta, que sólo necesita la mayoría en la Mesa de la Cámara (que garantizan los votos de PP, Ciudadanos y Vox).

La idea del PP para esa reforma incluye nuevas sanciones económicas o administrativas contra quienes se nieguen a comparecer ante una comisión de investigación, pero el Parlamento andaluz no tiene potestad para multar a personas que ya no pertenecen a la Cámara, caso del ex presidente Chaves.

Caso distinto es el de los ex consejeros de Empleo José Sánchez Maldonado, Antonio Ramírez de Arellano y Javier Carnero. Los dos últimos siguen siendo diputados, y el Parlamento sí tendría margen para actuar contra ellos. Los ex consejeros socialistas comparecieron ante los grupos en la comisión de la Faffe, leyeron una explicación (muy crítica con PP y Cs por haber impulsado aquel órgano a las puertas de las elecciones generales) y se negaron a escuchar y responder a las preguntas de los grupos. “Las sanciones serían contra quienes pertenecen al Parlamento andaluz, siempre que hay un asidero legan en el Código Penal”, ha admitido el portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias previas para esclarecer si la negativa de Chaves y los ex consejeros a responder a las preguntas en la comisión de la Faffe es constitutiva de delito. Las pesquisas del Ministerio Público parten de una denuncia presentada por la presidenta de la Cámara por el plantón de los políticos socialistas a la comisión.

Según el artículo 502 del Código Penal, respecto a las comisiones de investigación, “habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.