El PP se queda solo en el Parlamento al tumbar una moción para minimizar los contratos a dedo en la sanidad andaluza

El Parlamento andaluz, con la mayoría absoluta del PP, ha tumbado este miércoles una moción del PSOE que pedía reforzar la fiscalización interna sobre la contratación en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y hacer una planificación a largo plazo de las necesidades de gasto del ente público para evitar, en lo posible, abusar de las adjudicaciones a dedo, y volver a los contratos en abierto, con publicidad y concurrencia competitiva.

Los socialistas traían esta iniciativa a la Cámara aupados por la reciente decisión de un juzgado de Sevilla de abrir una investigación por supuesta malversación y prevaricación en la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia. Pero también por los informes desfavorables de los interventores del SAS -y de la Intervención General de la Junta- censurando la falta de justificación para seguir contratando a dedo tras la pandemia de Covid y por el “abuso” de los contratos menores “en fraude de ley”.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno defiende que todos los reparos de sus órganos de fiscalización interna -tanto los interventores como la Cámara de Cuentas- se basan en “irregularidades administrativas”, están convencidos de que la situación excepcional que generó la pandemia, en 2020, justifica la prórroga de todos esos contratos a dedo hasta bien entrado 2023, y creen que la investigación judicial “será archivada”.

Los populares no quieren que el PSOE de Juan Espadas -promotor de la denuncia en los juzgados- “convierta en un escándalo” las advertencias que arrojan los auditores de la Junta de Andalucía, tanto en sus informes de control interno, relativos a 2021, como en un informe de actuación previo, dictado por la Intervención General de la Junta, que ya alertó hace dos años del abuso en el “fraccionamiento indebido” de contratos menores en el año 2019, previo a la pandemia.

La moción del PSOE se ha estrellado contra la mayoría absoluta del PP, como era previsible, aunque los populares han vuelto a escenificar su soledad en la Cámara en un asunto espinoso, el único, quizá, en el que el Gobierno de Moreno se ve incómodo. La diputada de Vox Alejandra Jiménez ha usado sus 10 minutos de intervención para arrear duro a los socialistas con una ristra de asuntos de tirada nacional -Pedro Sánchez, ETA, Delcy, caso Koldo, caso Faffe, caso ERE-, para terminar suscribiendo parte de las acusaciones del PSOE sobre los contratos a dedo, y respaldando la mayoría de puntos de su moción.

El debate en el Parlamento andaluz ha tenido lugar a última hora de la tarde. Por la mañana, los sindicatos sanitarios habían vuelto a manifestarse en las calles, acusando al Ejecutivo de Moreno de haber incumplido los acuerdos suscritos para mejorar la atención primaria, y de ser responsable del descontrol de las listas de espera de pacientes para operarse. Justo hoy, el Ministerio de Sanidad ha actualizado esas estadísticas que, a junio de 2024, contabiliza más de 200.000 andaluzas aguardando un quirófano, con el mayor tiempo de espera medio de España: 169 días.

La propuesta del PSOE planteaba que el Parlamento instase a la Junta a revertir el reciente acuerdo del Consejo de Gobierno que sustituyó el control previo de determinados gastos por el control financiero permanente, a posteriori, una rendija por donde los socialistas creen que se han colado irregularidades en las adjudicaciones a dedo del SAS. También proponían “dictar una instrucción sobre regulación de los contratos menores en el que se garantice, entre otros, los principios de publicidad y concurrencia”, en referencia al “enorme volumen” de contratos menores que denuncian los interventores en sus informes de control de 2021.

Las auditorías del SAS en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén destaparon miles de contratos millonarios fraccionados en cientos de contratos menores adjudicados a dedo a las mismas empresas y por las mismas prestaciones, vulnerando así la legislación.

Los interventores ponen bajo sospecha el grueso de la contratación menor -458,3 millones de euros en las cuatro provincias- “fraccionando contratos en fraude de ley”, y amenazan a la Junta con poner fin a este modus operandi en un plazo de seis meses, antes de elevarlo a la Intervención General de la Junta para que dicte un informe de actuación, esto es, una alerta roja ante posibles indicios delictivos.

El diputado del PSOE Rafael Márquez, que ha defendido la iniciativa, ha hablado del “mayor caso de corrupción en la contratación pública de la sanidad andaluza”. La portavoz de Por Andalucía (Sumar), Inmaculada Nieto, ha repetido machaconamente que, a expensas de lo que resuelva la Justicia, “estamos ante un caso de corrupción política”. La diputada de Vox también se ha dirigido en los minutos finales al PP para cuestionar el abuso de los contratos a dedo en el SAS. Y el portavoz del PP, Pablo Venzal, ha afeado al PSOE que use “todo este tema de los contratos menores” para “tapar sus problemas internos”.

Los socialistas han defendido que su objetivo no era “judicializar la política” con este asunto, han recordado que antes llevaron una solicitud al Parlamento para abrir una comisión de investigación, pero el PP la tumbó. Hay otra propuesta en este sentido, a iniciativa del grupo mixto Adelante Andalucía, que aún debe votarse en la Cámara, pero previsiblemente tropezará con la misma piedra.

“¿Cómo podemos parar este modus operandi fraudulento que investiga un juzgado de Sevilla?”, se ha preguntado Márquez, retóricamente, tras subrayar que su grupo cuestionaba la legitimidad de los contratos de emergencia “en la etapa postcovid”, no en 2020. “Pero si los interventores advirtieron de que la pandemia estaba atemperada en 2021, ¿cómo no lo iba a estar en 2022 y 2023 cuando siguieron haciendo contratos de emergencia amparándose en una ley excepcional que ya estaba derogada?”, insistió.

El socialista ha exigido a la Consejería de Salud que deje de prolongar la contratación a dedo con la sanidad privada, que a día de hoy continúa vigente a través de otra modalidad de la ley -los contratos negociados sin publicidad-, que también eluden la publicidad, la concurrencia competitiva y un mayor control fiscal.