Así será el primer traspaso de poderes en el Gobierno andaluz en 36 años: 660 despidos en 24 horas
Susana Díaz ha prometido un traspaso de poderes “ejemplar” en la Junta de Andalucía, el primero y único que hace el PSOE en 36 años y medio de historia. Quien está pilotando este difícil proceso para los socialistas es el vicepresidente en funciones, Manuel Jiménez Barrios, que el pasado jueves telefoneó a Juan Marín, líder andaluz de Ciudadanos, que hasta ayer era su aliado y desde el lunes 21 de enero será su sucesor en la vicepresidencia. Estos dos hombres, de talante tranquilo y actitud jovial, son gaditanos y amigos. Las circunstancias políticas les han distanciado. Antes hablaban casi a diario y desde que se empezó a conformar el Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado en Vox, a Marín se le ve derrochando euforia por los pasillos del Parlamento, y a Jiménez Barrios no se le ve.
El traspaso de poderes es aparentemente sencillo: cuando los dirigentes de PP y Ciudadanos entren en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, recibirán en mano, y en un formato digital, la cuenta general de la Junta de Andalucía. El gesto es fácil, pero lo que hay detrás es un presupuesto anual de 34.759 millones de euros (según las cuentas autonómicas prorrogadas de 2018) y 270.101 trabajadores.
La enorme plantilla del Gobierno andaluz está en el punto de mira de PP, Ciudadanos y Vox. Durante años, la derecha andaluza ha alimentado la idea de que los socialistas habían creado “un régimen” apoyado en el “clientelismo”, habían inflado la estructura orgánica de la Junta con una “administración paralela” y fomentado un elevado número de “chiringuitos” (empresas públicas, fundaciones) para “colocar a todos los enchufados afines al PSOE”. Susana Díaz se marcha de San Telmo pidiendo a sus sucesores “respeto para todos los trabajadores públicos de la Administración y de sus entes instrumentales”.
Ahora le toca al PP y a Ciudadanos separar el grano de la paja, los cargos políticos de los puestos administrativos. A priori, es sencillo. En cuanto los consejeros del nuevo Gobierno de Juanma Moreno tomen posesión de sus puestos -probablemente tras la convención nacional del PP del próximo fin de semana-, 660 altos cargos de la Junta perderán su empleo al instante. Sus puestos decaen con el de sus jefes. Se trata de altos cargos y asimilados de empresas públicas (273 trabajadores), personal eventual (239) y contratos de alta dirección del sector instrumental (148). Son puestos de confianza de dirigentes del PSOE, ligados a la Presidencia, a la primera línea del Consejo de Gobierno y de los principales entes instrumentales (asesores, periodistas, secretarios…). De esos 660 puestos, 141 altos cargos tienen derecho a cobrar una cesantía, una asignación económica por su destitución.
El tercer y cuarto nivel en el organigrama de cada consejería, es decir, los secretarios generales y los directores generales que realizan una labor más técnica y de gestión, permanecerán en sus puestos hasta que sus nuevos jefes decidan relevarlos. “Eso garantiza el cambio tranquilo”, dice Jiménez Barrios. Se evita así un vacío de poder en departamentos clave para la gestión diaria de la sanidad pública, la educación, la atención a la dependencia… Los primeros consejos de Gobierno del nuevo gabinete de Moreno vendrán cargados de nombramientos, de mayor a menor prelación, hasta que se complete del todo el organigrama de todas las consejerías y entes adscritos en la Junta. La transición puede durar algo más de dos meses hasta completarse, según fuentes de Presidencia.
Por debajo de este nivel están los funcionarios de libre designación de la Administración general, que también suelen ser puestos de confianza, pero ocupados por funcionarios de carrera por oposición y jefes de servicio tras un procedimiento público interno convocado. Unas 2.137 personas. El nuevo Gobierno puede reubicarlos, pero no echarlos de la Administración. Entre el personal eventual de la Junta, los hay que llevan muchos, muchos años en la Administración: algunos muy identificados con el servicio público y otros muy identificados con el PSOE. No son pocos los que han empezado a consultar a abogados y a prepararse para una dura batalla jurídica en caso de que el nuevo Gobierno los eche a la calle.
Entes instrumentales
Una de las primeras medidas de PP y Ciudadanos será encargar una auditoría externa de las cuentas de la Junta y sus entes instrumentales para verificar dónde están esos “chiringuitos”, el “gasto superfluo”, los “enchufados”, el personal “que sobra”. No son esos 660 altos cargos de confianza, que están muy identificados, y que además serán sustituidos por otras personas afines a los nuevos dirigentes. Se trata, sobre todo, de desmenuzar la plantilla completa del sector instrumental, que cuenta con 27.304 empleados público (el 10,10% del personal de la Junta). Aquí es donde la oposición al PSOE siempre ha intuido los agujeros negros, los “chanchullos” de los socialistas.
En el último inventario de la Junta aparecen 295 entes instrumentales activos, aunque algunos están en fase de extinción sin culminar. Sólo 69 son empresas públicas “pata negra”, es decir, 100% participadas por la Junta y con una plantilla de empleados públicos. Otros 75 entes instrumentales son consorcios, fundaciones y sociedades mercantiles a los que el Gobierno andaluz destina dinero, pero no los consideran estrictamente sector público. “Dada la participación minoritaria de la Junta, este grupo de entidades no se someten al control y régimen jurídico propio del sector público”, explican desde la Junta.
En un tercer apartado entrarían otros 106 entes donde se mezclan organismos de diverso espectro, desde las diez universidades públicas, varias multicomunidades, el Consejo de la Transparencia y el Consejo Audiovisual, así como los 77 consorcios UTEDLT (Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico) que puso en marcha el Gobierno andaluz junto a los ayuntamientos.
En plena crisis, la Junta suprimió estas unidades de orientación para el empleo -obligada por la Ley de estabilidad presupuestaria- y despidió a toda la plantilla. Según fuentes de Presidencia, unos 2.700 trabajadores fueron a los tribunales y lograron su readmisión. Ahora los mismos dirigentes socialistas que se estremecieron en su día con este dato lo recuerdan hoy con cierto sarcasmo, porque prevén que el cierre de entes instrumentales y el despido masivo de personal laboral que ha prometido PP y Cs no será tan fácil.
El último informe del Ministerio de Hacienda sobre Reordenación del Sector Público Autonómico, que toma como referencia la evolución del número de entidades andaluzas desde julio de 2010 (369 entidades) hasta el año 2017 reconoce a la Junta 160 procesos de extinción ya culminado o en estado avanzado de procedimiento. Hoy hay 74 menos que hace ocho años.
Pero los gobernantes salientes no tienen miedo a que sus sucesores abran los cajones de San Telmo. Aseguran que una auditoría externa no les asusta, porque los números y los movimientos de la Junta ya están supervisados por la Cámara de Cuentas, por el Tribunal de Cuentas y cada tres meses por la Intervención General del Estado. El desglose de la Administración pública andaluza, con sus 270.101 funcionarios y empleados, es éste: el 89,90% (242.797 trabajadores) es Administración pura y dura, la gran mayoría del área de educación no universitaria y de la sanidad: 96.451 profesores y 95.184 médicos y enfermeros; 43.641 empleados de la Administración general y 7.521 funcionarios de Justicia.
