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La Junta de Andalucía autorizó en 2012 unas 3.000 subvenciones para formación con exoneración
La Junta de Andalucía autorizó en 2012 el pago de casi 3.000 subvenciones para formación -correspondientes a 2011- sin que los beneficiarios (1.159) hubieran completado la justificación de otras recibidas previamente. En concreto, ha colgado en su portal la resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), de diciembre de 2012, en la que se aplicó esta “excepción” a la Ley General de Hacienda Pública, también conocida como principio de exoneración, que precisamente se quiere eliminar con la nueva Ley de Formación Profesional, cuyo anteproyecto se aprueba este martes en el Consejo de Gobierno.
En un comunicado, la Junta de Andalucía informa de que hace pública esta resolución “en un ejercicio de transparencia sobre su gestión y en su relación con la ciudadanía”. Lo que no aclara es qué porcentaje del total de subvenciones concedidas ese año -las últimas otorgadas- representan las citadas 3.000 ni tampoco el importe del que se está hablando. No obstante, fuentes del Gobierno de Andalucía han precisado que son o todas o la mayoría -era la práctica habitual- y que todavía están en plazo de justificación de otras anteriores.
La resolución contiene un anexo con 35 folios, donde figuran las entidades, personas físicas y jurídicas beneficiarias (desde asociaciones hasta consistorios, pasando por sindicatos, consorcios, fundaciones...) y los 2.895 expedientes. En la propia resolución se recuerda que la ley fija que esta excepción se aplicará “cuando concurran circunstancias de especial interés social”. Y entiende el Gobierno de Andalucía que se daban por la “grave crisis económica” que está ocasionando “problemas de financiación” a los beneficiarios para ejecutar estos proyectos. Se refiere concretamente a programas “en materia de empleo y cualificación profesional, y en particular el fomento del empleo, la formación para el empleo, orientación e información, prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado de trabajo”. La exoneración se basa en todo caso en “los principios de buena fe, confianza legítima, eficiencia y servicio a los ciudadanos”.
El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ya había anunciado que es este lunes se publicaría el listado de las últimas exoneraciones concedidas por la Junta de Andalucía para formación. En este sentido, ha expuesto que el compromiso es dar a conocer qué entidades han recibido estas subvenciones pero tienen pendiente la justificación de otras previas, lo cual no significa de ninguna manera que hayan incurrido en fraude.
“Todas las exoneraciones serán públicas porque no hay nada que ocultar. Eran legales y, por tanto, queremos que todo el mundo conozca aquellas que se produjeron en gobiernos anteriores”, ha esgrimido Juan Cornejo. Eso sí, ha dejado claro que “exonerar no es perdonar” a los beneficiarios de justificar las subvenciones, sino “trasladar en el tiempo” dicho trámite sin que por ello tengan que dejar de explicar en qué han gastado “hasta el último euro” concedido. La casuística de cada caso de exoneración puede ser distinta y que el hecho de que una empresa, sindicato, ONG o colectivo haya sido exonerado “no significa que no haya presentado los documentos de justificación sino que, a lo mejor, la Junta de Andalucía no fue capaz de verificarlos en tiempo y forma porque había que seguir con la formación”.
“Son legales y no son secretas”
Es por ello que ha pedido “no criminalizar” a los beneficiarios de las exoneraciones y que no hayan cometido ninguna “irregularidad” porque, dado este caso, el Gobierno de Andalucía será el primero que velará para que “nadie se vaya de rositas”. Juan Cornejo ha enmarcado esta decisión en “un ejercicio de transparencia” de la Junta de Andalucía, que “no tiene nada que ocultar” respecto a estas exoneraciones. De este modo, ha matizado que pese a no existir la obligación de publicarlas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se hará pública la información porque las exoneraciones, “además de ser legales, no son secretas”.
Precisamente, ha aprovechado la rueda de prensa de este lunes para avanzar algunas novedades de la futura Ley de Formación Profesional cuyo anteproyecto se aprobará el martes y que, entre otras medidas, establece la eliminación de las exoneraciones y el método de concurrencia competitiva para la adjudicación de las subvenciones, dos medidas que lleva meses anunciado el Gobierno de Andalucía. Igualmente, se fijará un máximo de cuatro millones de euros por convocatoria y por entidad de manera que no sean unos pocos beneficiarios los que acaparen todas las subvenciones.
