Los peritos ratifican que el instrumento para pagar los ERE fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”
Como estaba previsto, el equipo pericial de la Intervención General del Estado ha ratificado ante la jueza Mercedes Alaya, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones personadas en el caso de los ERE el informe pericial que rechaza el uso de las transferencias de finaciación como herramienta presupuestaria usada por la Junta de Andalucía para sugragar los ERE. En aquel informe, ratificado ahora 14 meses después de haberse presentado y que las partes consideran clave para el devenir de los imputados, los peritos consideran “improcedente” dicha figura. Hoy han insistido en que su uso en la fase de presupuesto y de ejecución fue “inadecuado de acuerdo con la Ley”.
Los cuatro peritos desplazados a Sevilla, además, han rechazado el informe de parte presentado por la representación legal de José Antonio Griñán en el que el expresidente defiende que dichas transferencias fueron “un instrumento perfectamente idóneo y legalmente adecuado” para “dotar de fondos a determinados entes instrumentales como IFA/IDEA”. Los peritos, por contra, han puesto de manifiesto ante Alaya que estos organismos utilizaron “ilegalmente dichas transferencias para el pago de las ayudas”, según han informado a la prensa fuentes del caso, y que el informe de Griñán está “lleno de errores”
A preguntas de la magistrada, los peritos han comentado que encuentran hasta tres problemas en el sistema de las transferencias de financiación: “de índole presupuestario, de gestión por parte de la Consejería de Empleo de los créditos y de control de la concesión de las subvenciones” ya que “se impidió la fiscalización previa”. Además han comentado a la jueza que el sistema de concesión de ayudas establecido “era fraudulento” según la definición que incluye la Real Academia Española (RAE) de la Lengua, que define “fraudulento” como “engañoso y falaz”.
Tras remarcar que la Junta “no es competente” en materia laboral, los peritos han indicado que la Administración autónomica aprobó un total de 263 ayudas, de las que únicamente 77 “eran derivadas de un ERE”, mientras que el resto “no tenían nada que ver”. Los peritos, asimismo, han señalado que los “responsables” de la creación del sistema serían el antiguo IFA, la Consejería de Empleo y la Consejería de Economía y Hacienda, “por su intervención necesaria y precisa para que esta realidad se pueda constituir”.
Niegan la nulidad del acto al abogado de Griñán
El abogado del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, ha planteado una cuestión previa en la que ha cuestionado que el informe de los peritos no es pericial puestoq que “quien tiene que decidir sobre la legalidad o no” del sistema “es la jueza”, a la que ha atribuido “una dejación de funciones” sobre el particular. La cuestión planteada ha sido rechazada de plano por la magistrada.
Por su parte, el abogado de Griñán, presente en la comparecencia como representante también de los exdirectores generales de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano, ha solicitado sin éxito la nulidad del acto de ratificación del informe de los peritos, insistiendo en que causa una “gravísima indefensión” creada a su cliente al no poder estar presente en el acto como parte al encontrarse aforado ante el Supremo.
José María Mohedano ha comentado a los periodisats que los peritos “están criticando” el contrainforme que los catedráticos Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez Lago elaboraron a instancias de la defensa del expresidente sin que estos estén presentes y puedan intervenir. “De forma deliberada se está sometiendo a crítica” dicho contrainforme “a preguntas de la jueza”, ha subrayado Mohedano, quien ha dicho que la jueza ha argumentado que dicho informe ha sido presentado también por Aguilera y Lozano. “Señora, eso se lo está inventando usted ahora”, le ha llegado a espetar.
Otro informe presente en las actuaciones y que también se centra en la figura de las transferencias de financiación es el suscrito por cuatro interventores de la Junta, que trascendió en octubre de 2013 y que ratificó el uso impropio, que no ilegal, de esa figura por parte de la Consejería de Empleo. La comparecencia de los peritos se ha iniciado este miércoles y se podría prolongar durante varios días en horario de mañana y tarde dada la “complejidad” del informe, de más de 8.000 folios.
