Después de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno de Rajoy contra las normas antidesahucios andaluzas, la Junta no dejará pasar este mes para presentar otros dos: contra la Lomce y contra la reforma local.
El Tribunal Constitucional acumula actualmente una veintena de asuntos por resolver entre ambas administraciones, siete planteados por la Junta y 13 por el Estado, la mayoría durante los dos últimos años.
El más antiguo (2006) y el más reciente (2014) tienen que ver con la vivienda, y en ambos casos son normas andaluzas las recurridas. “No hay previsión respecto al plazo de resolución; los recursos no caducan”, dicen en el TC.
El Constitucional admite a trámite el recurso de la Generalitat contra la ley de emprendedores
La batalla constitucional entre Junta y Estado parece reavivarse y ya cuenta con nuevos capítulos. El Gobierno de Mariano Rajoy, tanto en junio como en enero, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para contrarrestar las medidas antidesahucios de Andalucía. Primero contra el decreto y luego contra la ley, que han quedado en suspenso. La comunidad autónoma va a contraatacar antes de que acabe febrero con sendos recursos a dos leyes estatales: la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, más conocida como reforma local.
Los conflictos de inconstitucionalidad pendientes por resolver entre el Estado y la Junta de Andalucía suman actualmente una veintena. Son siete procedentes desde Andalucía, todos en la presente legislatura, y 13 planteados por el Ejecutivo, casi todos también en los últimos dos años. Casualmente, el más antiguo de los recursos (interpuesto en marzo de 2006) y el más reciente (de enero de 2014) se refieren a la misma materia: la vivienda. Hace casi ocho años se interpuso recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del PP en el Congreso de los Diputados, contra la Ley andaluza de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo. Aún está sin resolver, casi ocho años después.
Bastante más reciente es el recurso estatal contra la ley antidesahucios. El pasado 16 de enero, el TC admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley 4/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Unos meses antes, ya había recurrido el decreto ley. Los argumentos del Ejecutivo central aluden a que la norma andaluza “compromete gravemente todo el proceso de reestructuración del sector financiero”, algo que ha causado indignación en la Junta. Allá por 2006, era Javier Arenas, entonces presidente del PP-A, el que señalaba que la Ley andaluza de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo invadía las competencias municipales de los ayuntamientos, tachándola de “intervencionista”.
Similar argumento, pero en sentido inverso, planteará la Junta a la hora de interponer recurso este mes (“antes del 28F”, ha dicho la presidenta, para marcarle el acento andaluz) contra la reforma de la Administración Local, ya aprobada en el Congreso de los Diputados, por “lesiva” para los intereses municipalistas. Su vicepresidente, Diego Valderas, considera “lógico” que la normativa se paralice hasta que el Constitucional se pronunciara al respecto, como ha ocurrido con la ley antidesahucios.
De igual forma, de la Consejería de Educación partirá otro recurso, también previsto para este febrero, la 'Ley Wert' por invasión competencial en materia de evaluación y de garantía de calidad. El consejero, Luciano Alonso, ha manifestado que, aunque otras comunidades autónomas también podrían estar dispuestas a plantear la misma acción (Asturias, Canarias, País Vasco o Cataluña han dejado claro su rechazo a la Lomce), cada cual deberá plantear su propio recurso, como es habitual en cuestiones de inconstitucionalidad.
Sin previsión en las resoluciones
“No hay previsión respecto al plazo de resolución; los recursos no caducan”. Es la respuesta del TC ante la pregunta de cuánto tiempo podría tardar el alto tribunal en resolver los recursos pendientes, los antiguos y los más actuales. Una de las consecuencias de la interposición de este tipo de conflictos es la dilatación temporal de las resoluciones. Un ejemplo bastante reciente ocurrió hace aproximadamente un año, cuando la Administración andaluza conoció que el Constitucional anulaba una ley autonómica aprobada en 2002, más de diez años después, otorgando libertad de colegiación a los funcionarios públicos.
A expensas de los dos nuevos anunciados por la Junta, todos los conflictos planteados ante el TC por Andalucía o el Estado (ver el listado completo más abajo) están admitidos a trámite, han pasado el primer filtro y están pendientes de que el Pleno se pronuncie dictando sentencia. “El orden cronológico pesa, pero no se sigue de forma estricta. Se van viendo por el Pleno a medida que se van redactando propuestas (borradores) de sentencia sobre los que el Pleno va trabajando”, añaden desde el Constitucional.
El caso es que, en cuanto al último conflicto planteado, el recurso contra la ley antidesahucios ha provocado la suspensión inmediata de los preceptos impugnados (básicamente las sanciones a bancos por viviendas vacías y las expropiaciones para evitar desahucios). En este sentido, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta trabaja, por un lado, en la petición de levantamiento de la suspensión cautelar sin necesidad de agotar los cinco meses de plazo máximo, y por otro, en pedir por carta a las entidades financieras que operan en Andalucía y a los juzgados que llevan los 37 expedientes de expropiación temporal de viviendas no culminados que paralicen los procedimientos.
A continuación, el listado completo, por orden cronológico, de los conflictos constitucionales pendientes de resolver entre Junta y Estado (en negrita, los planteados desde Andalucía):
