El PSOE de Jaén ha informado que la exdelegada de Empleo en Jáen Irene Sabalete, detenida el día anterior por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la 'Operación Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta, ha renunciado a seguir formando parte de la candidatura socialista al Parlamento Andaluz (iba de número 9), a ir en la lista socialista de Torredelcampo a las próximas elecciones municipales (iba de número 5) y ha solicitado su baja en el PSOE.
Sabalete, que esta pasada madrugada quedó en libertad con cargos tras comparecer ante la juez Mercedes Alaya, que instruye el caso, ha comunicado al PSOE de Jaén su renuncia a seguir formando parte de la candidatura socialista al Parlamento ante la investigación abierta sobre los cursos de formación y las novedades en este proceso conocidas en las últimas 36 horas.
Igualmente, ha renunciado a formar parte de la candidatura del PSOE de Torredelcampo a las próximas elecciones municipales. La exdelegada solicita su baja en el PSOE “mientras se resuelve este proceso judicial y los hechos queden definitivamente esclarecidos”, según ha informado el PSOE de Jaén en un comunicado.
Las renuncias se producen también un día después de haberse filtrado el audio con el contenido de una reunión en la que participaba Sabalete y sobre la que no han querido pronunciarse expresamente ni la Junta de Andalucía en Jaén ni el propio PSOE. “Si no ganamos las elecciones, vosotros no vais a seguir trabajando en la Junta de Andalucía”. Lo dijo Irene Sabalete durante una reunión con directores y trabajadores de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) de la provincia semanas antes de las elecciones andaluzas de 2012.
Corría febrero de hace tres años, poco antes de los comicios de marzo, de las que salió el último Gobierno de coalición PSOE-IU. La exdelegada, hija de un histórico del socialismo jiennense (el exalcalde de Torredelcampo Blas Sabalete), insta a los trabajadores de los consorcios Utedlt, participados por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias, en este caso de Jaén, y que gestionan fondos del Gobierno de la nación.
Sabalete alude en aquel entonces a que durante una reunión del consejo de direccion ampliado, que se suelen celebrar en los servicios centrales de cada consejería, el consejero de Empleo (en aquel entonces Manuel Recio) vinculó la continuidad de los consorcios a la victoria electoral socialista. “Lo que el consejero nos dijo, clarísimo, es que los directores y el personal, es decir, los 'alpes', que están en los consorcios está totalmente garantizada su continuidad, siempre y cuando ganemos las elecciones”.
“Os quiero haciendo campaña electoral. Esto es así de simple”
A pesar de los comentarios de la exdelegada y del gobierno PSOE-IU que salió de los comicios de marzo de hace tres años, en septiembre de 2012 la práctica totalidad de los agentes locales de promoción de empleo, más conocidos como 'alpes', fueron despedidos de los extintos 95 consorcios de las Utedlt que había en Andalucía, participados por la Junta y corporaciones locales de las ocho provincias. Sabalete dejó la Delegación de Empleo y pasó a la de Agricultura en el verano de 2012.
“Que sepáis lo que tenemos entre manos, que nos jugamos mucho”, les dice en aquella reunión, apuntando que “a nivel individual también os jugáis vosotros mucho que se gane la Junta o que no se gane, independientemente que seáis afines al PP, al PSOE o a IU, o al UPyD, que ahora también está de moda”, bromeaba la entonces alto cargo de la Administración. “Aquí nunca hemos pedido ningún tipo de carné ni ningún tipo de afinidad, entiendo que sois leales con el gobierno y que vosotros sois colaboradores nuestros”. “El consejero lo dijo sin paños calientes y yo también lo digo”, apunta.
La exdelegada señala “os quiero a todos si queréis y si os comprometéis con este proyecto, haciendo campaña electoral, esto es así de simple... os habéis quedado muy serios”, indica bromeando de nuevo. “¿Y esto cómo lo vamos a hacer?”, “os quiero hasta el 23 de marzo en la calle, que nadie esté en la oficina, la gestión dejarla un poquito aparte...un poquito aparte no, aparte...visitando empresas a las que le hemos dado ayudas”. Las elecciones se celebraron el 25 de marzo de 2012, con victoria en votos del PP pero de las que salieron victoriosos los socialistas tras pactar con IU.
Los conflictos de los 'alpes'
Los 'alpes' han vuelto a ser noticia en esta campaña de 2015 ya que varios líderes se han reunido con ellos para escuchar sus lamentos. El PP-A ha sido el más insistente en prometer la resolución de su situación, y es que 696 trabajadores y 89 directivos llevan movilizándose mucho tiempo, en los tribunales y en la calle, para que sus despidos se consideren nulos y puedan ser readmitidos.
En este sentido, hay más líneas judiciales abiertas en torno a este asunto de los 'alpes', además de las sentencias del Supremo a las que se agarran para exigir la vuelta a su puesto de trabajo. La Fiscalía Superior también resolvió el pasado verano remitir a todas las fiscalías provinciales de Andalucía una copia íntegra de las diligencias abierta acerca de un posible fraude de más de 57 millones de euros en la selección y contratación de los 'alpes'. El objetivo es que, conforme a las indicaciones del informe policial después de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), “lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente”.
Por otra parte, en un decreto notificado el pasado 18 de diciembre, la Fiscalía Superior de Andalucía establece que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) investigue la relevancia penal de una resolución firmada por el exconsejero Antonio Ávila en diciembre de 2012 por la cual se concedieron 94 subvenciones excepcionales a cada uno de los 94 consorcios para las Utedl.
Aquella resolución la firmó Ávila como presidente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que ocupó este cargo entre mayo de 2012 y septiembre de 2013, cuando la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta que dirigía asumió las competencias en la materia. El decreto de remisión, suscrito por el fiscal superior Jesús García Calderón, no descartaba que los hechos puedan constituir posibles delitos de prevaricación administrativa y alguna forma de malversación de caudales públicos.