El sector andaluz de dependencia y discapacidad exige a la Junta revisar el coste de plazas en residencias y centros

El sector de la dependencia y de la discapacidad está que trina este mes en Andalucía. Si las patronales se levantaron de la mesa de negociación constituida en septiembre con la Junta y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Andalucía) se concentró hace una semana por “la deficitaria financiación pública”, ahora son las más de cien asociaciones que prestan apoyos y servicios a más del 80% de las plazas concertadas con las entidades las que anuncian un calendario de movilizaciones para reivindicar la mejora de la financiación de los centros de atención a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

El Consejo de Gobierno aprobaba el pasado 3 de noviembre una partida de 34 millones de euros para actualizar el precio máximo de las plazas que financia en centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia. Esta medida supone un incremento del 2,6% del coste/plaza del sistema de atención a la dependencia, que tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, con un impacto económico para este año de 16,3 millones de euros.

Ese porcentaje de aumento no satisface a Plena Inclusión Andalucía, federación formada por 114 asociaciones, porque “no se ajusta a los costes reales de los servicios, afectando de manera muy importante a la sostenibilidad económica de las organizaciones que prestan apoyos a estas personas”. Fuentes de la federación explican la situación con un ejemplo práctico: “Nuestro convenio colectivo aplicará una subida en 2022 de en torno al 9,25 % si el IPC se quedara por debajo del 3,75 %,. Aún así, cabe recordar que una trabajadora cuidadora de personas con discapacidad intelectual cobrará un salario bruto de 1197,73 euros. En esta categoría hay un déficit acumulado del 29,22 % desde 2012 derivado de las subidas del SMI y de las actualizaciones de los diferentes convenios colectivos. Por eso es muy urgente actualizar los costes de las plazas a los gastos reales que las organizaciones tienen, a los que además de los gastos en salarios hay que sumar el aumento de resto de los gastos durante estos años”.

Según recuerdan fuentes de la federación, el convenio firmado entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Andalucía el pasado septiembre contempla el “impulso y materialización de las transposiciones normativas necesarias y -en su caso- a las medidas adoptadas relativas a la inclusión en los pliegos de concierto de los servicios ligados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de garantías de cumplimiento del convenio colectivo sectorial de aplicación en cada ámbito y/o vinculación del incremento de los precios de concierto a la mejora de los estándares de calidad en el empleo (estabilidad en el empleo; menor parcialidad, etc.)”.

Años de “congelación”

Ante esta situación, Plena Inclusión Andalucía ha convocado a sus entidades a movilizarse en la delegaciones provinciales del Gobierno el próximo 24 de noviembre y en el Palacio de San Telmo el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Del total de las plazas, las 114 entidades de la federación tienen concertadas más del 80%, generando más de 7.000 puestos de trabajo directos y más de 20.000 indirectos, muchos de ellos en poblaciones donde la entidad “es la empresa con mayor número de trabajadores de la localidad, lo que da entender la importancia de nuestras entidades en el tejido social de cada municipio”.

Fuentes de la Consejería de Igualdad aseguran a este periódico que el aumento del mencionado 2,6% aprobado en Consejo de Gobierno, con efecto retroactivo desde enero 2021, “era un punto de partida” y que “hay abierta una negociación”, tal y como dijo la consejera, Rocío Ruiz, que acaba de presentar sus cuentas para el próximo año. “He abierto una mesa de diálogo con el sector y no me levantaré”, aseguró en el Parlamento la semana pasada. De 2012 a 2019, estuvo congelado el coste plaza, y no fue hasta 2019 cuando se incrementó. Desde entonces, todos los años ha habido subidas“, detallan las fuentes oficiales.

Plena Inclusión coincide con ese intervalo de años con el precio congelado, pero insisten en que la actualización de 2019 se hizo “con una cantidad muy inferior a su coste real”, y ahora “después de meses de negociación con la administración andaluza, la importante subida este año para que se nos anunció en marzo asciende tan solo al 2,6%”. La federación se ha venido sumando a todas las acciones reivindicativas de Cermi Andalucía para hacer real un plan que “garantice” la sostenibilidad económica de un sector cuyo motor son los profesionales, las familias y las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a las que la federación andaluza “debe su lucha por la defensa de sus derechos y por la continuidad de un sector esencial para su autodeterminación y su calidad de vida”. Como decía su presidente, Antonio Fernández, en su última intervención en el Parlamento de Andalucía el pasado 4 de noviembre: “Nuestras entidades aportan una calidad y una calidez a las personas usuarias y sus centros que ninguna multinacional les dará nunca, y lo hacemos porque son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos o incluso nuestros padres”.

Plena inclusión Andalucía se considera “abocada” a iniciar esta movilización en nombre de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que son atendidas en sus centros, reclamando al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, “que rectifique y cumpla con el compromiso asumido con el sector y que garantice la sostenibilidad de las organizaciones que prestan apoyos a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias”. Recuerda la federación también que este mes de septiembre se constituyó una mesa de negociación entre la Consejería de Igualdad y la Consejería de Hacienda con CERMI y las entidades de mayores. El 29 de octubre tuvo lugar una reunión entre Igualdad y y Cermi Andalucía en la que “no se alcanzaron los acuerdos esperados” y donde se reconoció definitivamente que la subida prevista para 2021 “solo será del 2,6%”.

Ya se ha mencionado que las patronales del sector de la dependencia --Círculo empresarial de cuidados a personas (Cecua), Asociación andaluza de centros de mayores (Lares Andalucía), Foro Andaluz Dependencia (FADE) y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta)-- criticaron que las propuestas la Junta “llevarán de manera irremediable a la quiebra del servicio”, calificándolas de “despropósito” porque “pretenden comprar nuestro silencio con una subida de las tarifas del 2,6%, cuando la inflación supera el 5% y el precio de los costes de suministros se ha disparado en más de un 40%, sin contar todo el sobrecoste sufrido durante la crisis sanitaria”. “El Gobierno sabe perfectamente que con estos precios el sector de los cuidados es inviable, siendo imposible prestar el servicio de calidad que las personas mayores merecen, dignificar el trabajo de los profesionales del sector y garantizar la sostenibilidad del servicio”, criticaron recientemente.