“No abandonamos a los abuelos de Cádiz, pero reivindicamos los servicios mínimos. Vamos a cuidar a los que estén solos y haya que darles de comer. Pero nosotros también tenemos que cuidar a nuestros familiares”. Es uno de los mensajes que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (50.000 en toda la comunidad autónoma) están lanzando a raíz de la situación de confinamiento domiciliario por la expansión del coronavirus. Reclaman equipos de protección individual (EPI) para llevar a cabo las labores encomendadas al tener que trabajar con personas, en su mayor parte mayores y que están comprendidas dentro de la población de riesgo.
Unos guantes y una bata como única herramienta de trabajo, como muestra otra de las auxialiares, según los vídeos compartidos por UGT, uno de los sindicatos que está reclamando más protección. Miedo e inseguridad como norma general entre las trabajadoras (la mayor parte del colectivo es femenino) pese a que la Consejería de Igualdad ya puso a disposición de las diputaciones y las corporaciones locales un manual de recomendaciones para el personal que presta este tipo de servicio, con medidas dirigidas al personal de la ayuda a domicilio encaminadas a la prevención y control de la infección.
Fuentes de la Consejería explican que la ayuda a domicilio es competencia de ayuntamientos y diputaciones, y que además todo ahora tiene que estar centralizado por el Gobierno de España. En cualquier caso, este lunes Igualdad ha difundido un comunicado firmado por la propia consejera, Rocío Ruiz, ante “las dudas surgidas” donde se pone a disposición de las corporaciones municipales y supramunicipales “para implementar todas aquellas medidas administrativas de prevención que sean necesarias para la gestión del servicio”.
En ese sentido, Igualdad anuncia que “el Consejo de Gobierno va a instar al Gobierno la implementación de una dotación económica para la provisión de personal del
servicio de ayuda a domicilio ante el previsible incremento de la intensidad del servicio“. Asimismo, ”la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Salud y
Familias, va a apoyar el suministro de los equipos de protección individual (EPI) para poder cumplir los documentos y recomendaciones técnicas para la prestación del servicio“.
El secretario regional de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Antonio Macías, comenta a este medio que “están trabajando sin medios adecuados de protección. Van de casa en casa con la posibilidad de transmisión. Habría que decretar servicios mínimos, debemos proteger a los profesionales por lo que pudiese venir”. Junto a CCOO han emitido un comunicado conjunto en el que, en cualquier caso, piden a la Consejería de Igualdad una reunión para tratar la situación del Servicio de Ayuda a domicilio.
Los sindicatos, junto a la Confederación General del Trabajo en Andalucía (CGT-A), exigen guantes de látex, batas, geles desinfectantes, mascarillas, etc. “necesarios para poder desarrollar su trabajo de forma segura” y que estos trabajos “sean considerados al mismo nivel de los sanitarios a la hora de ser provistos de equipos de protección que garanticen la seguridad y la salud tanto de las trabajadoras como de las personas usuarias que, en su mayor medida son personas comprendidas dentro de los grupos riesgo”.
Las organizaciones sindicales mayoritarias piden que se diriman cuáles de los trabajos que realizan estas trabajadoras son fundamentales y tienen que seguirse desarrollando con los EPI necesarios y cuáles pueden espaciarse en el tiempo y llevarse a cabo con menos frecuencia, y cuáles pueden interrumpirse sin causar un gran perjuicio a las personas usuarias. Insisten en que “estas medidas buscan garantizar, por encima de todo, la seguridad de las personas usuarias de los servicios de ayuda a domicilio y que en muchos casos son personas mayores comprendidas dentro de los grupos de riesgo del COVID-19, y de las personas trabajadoras que las atienden”.
Piden además que se paralicen los trabajos que no sean 100% necesarios para las personas usuarias durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus y que, en todo caso, las administraciones responsables garanticen también la seguridad laboral de unas trabajadoras que, por sus altas tasas de precariedad, no pueden permitirse descuentos en los salarios ni perder su puesto de trabajo.
Por su parte, la CGT ha alertado de que “la falta de dotación de los equipos de protección individual” y “el descontrol de las administraciones hacia las empresas concesionarias, que se lucran con dinero público a costa de las necesidades de atención a personas dependientes en nuestra comunidad y del maltrato demostrado a las trabajadoras y trabajadores” está convirtiendo a esta plantilla en “portadora y transmisora del coronavirus, domicilio a domicilio, de personas que están dentro del grupo de mayor riesgo entre la población”.
“Por lo general, las trabajadoras y trabajadores no cuentan con mascarillas homologadas, con uniformes desechables en cada domicilio ni guantes adecuados dado que las empresas, tanto privadas como algunos ayuntamientos andaluces, escatiman en estos equipos de protección limitándose a enviar a las/os profesionales a riesgo y ventura a los domicilios sin preocuparles ni la salud de sus empleadas/os ni la de los usuarios/as convirtiéndoles en verdaderos focos de recepción y transmisión del peligroso virus, en muchos casos con jornadas partidas diarias por lo que se aumenta la exposición en la mayor parte del día”, lamentan.