Jóvenes y apuestas en Andalucía: preocupación ante la proliferación de casas de juego que avala la ley

Pocas cosas generan un mayor consenso. Administraciones de todo tipo y pelaje, instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones ciudadanas, todos coinciden en que les preocupan las crecientes cifras de jóvenes que se enganchan a las apuestas y demás juegos de azar, sobre todo en barrios obreros. “Alarma social”, se repite, y se presentan mociones en parlamentos y ayuntamientos pero, a la hora de la verdad, nada de nada; se avanza con la parsimonia de un petrolero mientras las cifras del juego lo hacen a la velocidad de un fueraborda. Y además lo hacen con todas las bendiciones legales, ganándole el pulso a unas administraciones presas de su propia contradicción: tienen que poner coto en una jungla que, por otro lado, les reporta vía impuestos una buena pila de millones de euros.

La reciente celebración del Día Sin Juego de Azar ha servido para personalizar muchos de los dramas que se esconden tras las cifras de la ludopatía, y para poner el foco en la proliferación de casas de apuestas que no dejan de reclutar a chavales. El negocio ha sabido pulsar la tecla correcta, transmitiendo una sensación de diversión, de alternativa de ocio. Así lo constata el informe más completo elaborado hasta la fecha por la Diputación de Huelva y la Universidad Miguel Hernández, confirma las motivaciones de estos jóvenes: búsqueda de sensaciones (sobre todo experiencias y emociones), el sueño de ganar dinero y la obtención de placer, a lo que se suma que no tienen percepción del riesgo y que mantienen la ilusión de controlar la situación.

Así, la situación va cada vez a peor, como refleja que el 39% de los adolescentes ha apostado alguna vez y el 70% sigue haciéndolo una vez que empieza. Esto lleva a que un 3,8% de los chavales está en riesgo de desarrollar una ludopatía, empujados por los anuncios que protagonizan sus héroes deportivos, enganchados a unos salones en los que ven gratis el fútbol, con las copas a precios ridículos y con bonos de regalo para animarles a jugar.

Todo esto hace que el sector vaya viento en popa. En mayo el consejero de Hacienda, Juan Bravo, comparecía en el Parlamento andaluz y hablaba de 845 salones en Andalucía, una cifra que en octubre ya estaba en 876 y que, curiosamente, todavía está por debajo de los 883 de hace una década. La crisis hizo mella y redujo el número a 679 en 2015, pero desde entonces ha crecido un 28%, aunque el gran salto de verdad se ha dado en poco tiempo, porque en 2018 había 746 locales. ¿Y a qué se debe este estirón? Pues a que desde finales de 2017 se permite en estos establecimientos las apuestas deportivas presenciales, lo que unido al barniz de diversión que se le ha dado al negocio explica su imparable boom.

Edad media de 37 años

Las administraciones conocen de sobra esta dinámica, y estos días les han golpeado en la cabeza con unas estadísticas que alertan de que, en lo que llevamos de 2019, se ha atendido a 3.185 personas en las entidades que integran la Federación Andaluza de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Fajer). “La cifra se ha disparado este año y es el doble que en 2017, pero es que además ha bajado de forma abismal la edad media”, que antes se movía entre los 45 y los 50 años y ya va por los 37. Todo ello, resume el presidente de Fajer, Francisco Abad, motivado porque cada vez llegan más jóvenes de entre 20 y 35 años que, en no pocos casos, confiesan que empezaron a jugar con 15 años.

Esto hace que se mueva mucho dinero en un sector que el año pasado facturó en Andalucía 2.033,76 millones de euros, dejando en las arcas públicas unos 160 millones en concepto de tasas fiscales. El propio proyecto de presupuestos andaluz para 2020 calcula que en el sector del juego tradicional (que contrapone al emergente de las apuestas on line) operan unas 1.300 empresas que generan 9.300 puestos de trabajos directos.

Las deudas

Pero el dinero también tiene otra cara, la de las deudas. El presidente de la Asociación Sevillana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (Asejer), José Jiménez, señala que el otro día “llegaron a pedir ayuda acompañados por sus padres dos niños de 18 que ya debían 40.000 euros”, cantidades a las que se intenta hacer frente por la vía de la Ley de Segunda Oportunidad. A esas cifras se llega porque todo son facilidades, aseguran desde Asejer, “con empresas de microcrédito que te dan un préstamo en 15 minutos y sin aval”. Aunque las tragaperras son todavía las reinas (copan el 60% de la cuota de mercado), las apuestas deportivas y el juego online están disparándose en las estadísticas.

Hasta 39 normas en Andalucía para el juego

Y ante esto, ¿qué hacen las administraciones? Pues básicamente decir que están muy preocupadas e insistir en que el sector está muy regulado (en Andalucía se le aplican hasta 39 normas), para a continuación alegar que la responsabilidad principal es de otro. El Defensor del Menor andaluz, Jesús Maeztu, cree que los efectos negativos “no están siendo suficientemente abordados ni por los poderes públicos ni tampoco por la sociedad”, un problema que afecta a las clases más populares y que nos sitúa ante el riesgo de “perder una generación” como ocurrió en su momento con la heroína. De paso, reclama incrementar los controles para acceder a estos locales, limitar su ubicación en zonas vulnerables y prohibir la publicidad de los juegos de azar.

Lo de los controles no es ninguna broma, y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) verificó los agujeros con una prueba. En Sevilla, por ejemplo, los chavales accedieron a tres de los seis locales que visitaron. En uno de ellos no tuvieron ni que mostrar el DNI, y en dos se los solicitaron pero les dejaron pasar. Al final consiguieron hacer una apuesta sin necesidad de pasar un control de identidad.

Controles sí, ubicaciones ¿no?

Si todo el mundo coincide en que hay que mejorar los controles, lo de limitar estos establecimientos en según qué sitios ya es otro cantar. Como muestra, valga el botón de que el PSOE presentaba en octubre en el Parlamento andaluz una proposición de ley para prevenir el juego patológico, en la que defendía que estos locales estén a 500 metros de espacios públicos como colegios, centros de ocio juvenil y parques. La réplica del PP fue que esto sería ilegal porque, en la práctica, en una ciudad como Sevilla se impediría abrir nuevos salones de juego y eso va en contra de las directivas europeas, así que por ahora las cosas se van a quedar como dice la norma andaluza: tienen que estar a 50 metros de un colegio y distantes entre sí 100 metros. La iniciativa socialista fue tumbada con los votos de PP, Cs y Vox.

Pero si unos creen que legalmente no se puede hacer nada para evitar la avalancha de estos locales, otros cuestionan ese enfoque. Adelante Andalucía, por ejemplo, insiste en que hay mecanismos, y así lo ha reclamado en el Ayuntamiento de Sevilla, donde su concejal Daniel González Rojas señala que “se pueden poner límites a la implantación denegando las licencias de apertura usando el PGOU”. Así, subraya, lo han hecho los Gobiernos municipales de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Barcelona.

Desde el Consistorio hispalense (PSOE) se admite la “preocupante proliferación de casas de apuestas”, aunque no tienen tan claro que se le pueda meter mano: “se sigue revisando si es posible frenar las licencias pero todavía no se ha encontrado la vía” a través del PGOU. ¿Y Barcelona por qué puede? “Está fuera de Andalucía, con otra legislación”. ¿Y Alcalá de Guadaíra? “Nuestros técnicos tienen dudas sobre que eso se pueda hacer” sin que luego venga un tribunal y lo tumbe. “Se está a la espera de una normativa de la Junta que dé esta posibilidad”, se apostilla.

Limitar la publicidad

En lo que a lo mejor sí puede hacer algo el Ayuntamiento de Sevilla es en la tercera de las patas, la cuestión de la publicidad. Prohibirla no parece posible, pero sí ponerle trabas como ya se hizo con los negocios relacionados con la prostitución. Esto significaría que un local sólo podría poner en la fachada su nombre, nada de llamativas fotos de futbolistas animándote a apostar y hablándote de premios.

El compromiso en este sentido es tener ya un documento aprobado (o al menos muy consensuado) en el primer semestre de 2020. Y mientras tanto, la Junta recuerda que lo de prohibir formalmente la publicidad es competencia del Gobierno central, que así lo asume, aunque la norma llamada a regular la cuestión (se pide incluso eliminarla, como se hizo con el alcohol y el tabaco) está guardada en un cajón desde 2015. El último intento fue en el presupuesto de 2019, que incluyó un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para meter en cintura este mercado, pero el Congreso tumbó las cuentas y nos metió en la dinámica electoral de la que todavía no hemos salido, como tampoco muchos chavales logran salir de un juego que para ellos se ha convertido en la más peligrosa de las ruletas rusas.