Silencio en el PP andaluz ante las revelaciones de Correa en el juicio de Gürtel
“De este tema habla la dirección a nivel nacional y me remito a sus declaraciones”. Es lo que se ha limitado a decir la número dos del PP de Ándalucía, Dolores López, acerca de la celebración del juicio de Gürtel, donde el principal acusado, Francisco Correa, ha revelado mordidas que el PP recibió de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones de gran obra pública en la época del Gobierno de José María Aznar, advirtiendo de financiación irregular en el partido que gobernó España durante ocho años PP y que apunta incluso a destacados populares andaluces como Javier Arenas, que declarará como testigo y cuyo entorno fue señalado por la Policía como conseguidor de la Gürtel en Andalucía.
López comparecía este lunes para informar del escrito de acusación de los populares en el caso de los ERE, en concreto en la 'pieza política', pero no ha querido mostrar ningún parecer ante la vista que se celebra en la Audiencia Nacional. El PP, últimamente, presume de que se celebre el juicio que había intentado anular, celebrando que el proceso del caso Gürtel vaya a “dirimir de una vez por todas todas las responsabilidades penales”.
López apenas ha insistido con el recurrente “máximo respeto a la Justicia”, incluso cuando se le ha preguntado por el desarrollo del caso sobre la Casa Ágreda, por el que están declarando estos días los principales políticos populares de Granada capital, incluido el exalcalde Torres Hurtado, llegando a advertir de que “ya no forma parte del Partido Popular”.
López, acerca del caso ERE, ha negado “afán justiciero” en la posición del PP como acusación particular, denunciando que “todos han visto supuestos indicios de delito” en la actuación de los exaltos cargos “menos la Junta de Andalucía, qué curioso”, porque “se han negado a representar a los andaluces”. “La justicia no se consigue buscando venganza, porque podríamos haber ido más allá”. La dirigente popular ha evitado verbalizar en la rueda de prensa la petición de cárcel para los expresidentes Chaves y Griñán por el caso ERE.