La llegada de niños indocumentados a las costas españolas aumentó casi al doble en 2016
La trata de menores y la llegada de niños y mujeres a las costas españolas bajo órdenes de mafias y llamados a la explotación, la prostitución o el tráfico de órganos es “una realidad dura que nos desborda y de la que hay que reflexionar juntos”. Una realidad que los datos vienen a corroborar: en el pasado año 2016 llegaron a las costas españolas un total de 96 menores indocumentados acompañados de mujeres, 46 más que los registrados en 2015. Las primeras son palabras del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Los datos, son de la Defensora del Pueblo a nivel nacional, Soledad Becerril. Juntos han presidido una reunión para la reflexión y trabajo sobre la trata de seres humanos celebrada en el Parlamento de Andalucía.
Con reuniones de trabajo como estas se busca encontrar soluciones para que los menores no “desaparezcan, deambulen por las calles y puedan caer en manos de mafias o personas que les haga cualquier tipo de daño”, indica Becerril.
En un encuentro del que formaron parte asociaciones como Cruz Roja, CEAR, ACCEM, CEPAIM, Mujeres en zonas de conflictos y los propios Defensores del Pueblo, se resaltó la magnitud del asunto y el interés de ahondar sobre él, siendo el tercer encuentro de este estilo desde el año 2013.
El mayor problema al que se enfrentan los Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalías y organizaciones involucradas en controlar las llegadas de menores a aguas nacionales es la incertidumbre, señalan las defensorías. Tal y como apunta el Maeztu, tanto los niños como las mujeres que les acompañan “vienen sometidos a cualquier sistema de vudú o de pago, y la mafia los sigue controlando a cierta distancia”.
Por eso, las organizaciones quieren crear una guía donde, entre todas las instituciones, generen un código a seguir para evitar coacciones a los menores, desapariciones de los mismos y conseguir una identificación y acogida digna. Además, el Defensor del pueblo andaluz también resalta como clave la cautela para, en controles e identificaciones, “no quitar un niño que a lo mejor no deberíamos quitarlo”.
Observar indicios, escuchar testimonios de madres o de autoridades y ONGs que visitan el terreno son el resto de pasos que estas organizaciones llevan realizando desde el año 2013 a fin de acabar con esta lacra. Maeztu recalca que “somos también una institución de derecho y de garantías, y tenemos que tener indicios suficientes y por ello estas reuniones son tan importantes”. En un trabajo que abarca ya cuatro años, se busca concienciar y actuar respecto a una situación en la que “llegan niños para la explotación y es una guerra contra la mafia que debemos tener en cuenta”, señala el Defensor del Pueblo Andaluz.
