Los 14 municipios de Doñana formalizan su divorcio en la pugna por las ayudas estatales y se resquebrajan en dos bloques

La ruptura entre los municipios del entorno de Doñana ya es oficial. Tras un mes de tiranteces entre los 14 pueblos que integran el área de influencia del espacio natural, que debían ponerse de acuerdo para repartirse 70 millones de euros en ayudas estatales, este martes se ha escenificado esta fractura con la rúbrica por separado de dos acuerdos diferentes que evidencian las discrepancias.

Por un lado hay una coalición mayoritaria que integran 12 localidades, un frente común del que se han desmarcado Almonte e Hinojos, y cada parte ha hecho su propia propuesta de distribución de estos fondos para proyectos municipales. Ante este desacuerdo, ahora el Ministerio para la Transición Ecológica hará un último intento de conciliar a las partes, y si tampoco es posible acabará decidiendo cuáles van a ser estos criterios de reparto.

Estos 70 millones de euros forman parte de los 350 millones que el Gobierno puso sobre la mesa al sellar la paz con la Junta de Andalucía, que por su parte metía en un cajón la polémica ley de regadíos en la Corona Norte de Doñana que impulsó el PP. Este dinero, en concreto, es para que los municipios lleven a cabo proyectos socioeconómicos en su territorio, una cantidad más que considerable que –en función del reparto– para algún que otro ayuntamiento supone más que incluso una anualidad de su presupuesto. En esta ocasión, el motivo de las diferencias son estrictamente económicas y no políticas, como evidencia que hay municipios del PP en un lado (Hinojos) y también en el otro (Lucena, Palos, Pilas y Rociana).

La idea del Ministerio era que el reparto lo acordasen los propios pueblos, en un reconocimiento a que son los que mejor conocen el territorio. Pero ha sido imposible, porque Almonte e Hinojos se sienten perjudicados y reivindican que el criterio principal a tener en cuenta sea la superficie de sus términos municipales que aportan al espacio natural, ya que estas dos localidades onubenses suponen el 64% del mismo.

Esto les perjudica a su juicio, ya que consideran que su desarrollo –agrícola, industrial, urbanístico y en otros ámbitos– se ve “limitado” por “tres restricciones” de protección: las que imponen el parque nacional, el parque natural y el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (Potad).

En el otro lado de la balanza tenemos a los otros 12 municipios que conforman el área de influencia de Doñana, que es el criterio que ha seguido el Ministerio frente a las voces que reclamaban que los prioritarios debían ser los pueblos del parque nacional o incluso los de la Corona Norte, con el argumento de que gracias a la presión de sus agricultores por la ley de regadíos se llegó al acuerdo que ha desembocado en estas ayudas.

Y al final son 12 porque la gaditana Sanlúcar de Barrameda (gobernada por IU) se unió a última hora a los que ya habían perfilado un pacto: Bollullos Par del Condado (PSOE), Bonares (PSOE), Lucena del Puerto (PP), Moguer (PSOE), Palos de la Frontera (PP) y Rociana del Condado (PP) en la provincia de Huelva, además de Aznalcázar (PSOE), Isla Mayor (PSOE), La Puebla del Río (independientes DeLaPuebla), Pilas (PP) y Villamanrique de la Condesa (PSOE) en la de Sevilla.

El reparto, pueblo a pueblo

Esta docena de localidades ha escenificado este martes su compromiso en el Ayuntamiento de La Puebla del Río con la rúbrica conjunta de un documento que establece un reparto en base a unas premisas que aúnan población, nivel de paro, índice de ingresos per cápita y superficie de territorio en los parques nacional y natural.

Poco antes de la firma por los 12 alcaldes, los regidores de Almonte (independientes de Ilusiona) e Hinojos (PP) hacían su propio acto en plenos pinares hinojeros, donde en presencia de sus equipos de gobierno han sellado su propio pacto en el que reivindican lo que consideran unos “criterios objetivos”: pertenencia al espacio natural, población, costumbres y “la historia del desarrollo socioeconómico que vienen padeciendo con responsabilidad”.

Para ello se han basado en órdenes anteriores de ayudas de la Junta de Andalucía y presentan hasta tres opciones, en las que básicamente se prima la superficie en el espacio natural y la población.

Almonte e Hinojos no han cuantificado qué le correspondería a cada municipio en aplicación de su sistema, lo que sí ha publicitado el otro bloque si se tuviese en cuenta su modelo: Almonte recibiría ocho millones de euros, mientras que Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda percibirían 5,9 millones de euros cada uno. Junto a ellos, Moguer tendría 5,6 millones, con 4,1 millones para cada uno de los restantes: Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos, Pilas, Rociana y Villamanrique.

Los 70 millones objeto de la polémica se incluyen en la partida de 350 millones para objetivos socioeconómicos que ha aportado el Gobierno central, que ya había puesto sobre la mesa otros 350 para cuestiones medioambientales. Las ayudas se concederán para proyectos municipales, para lo que se establecen algunas líneas: vivienda social, servicios sociosanitarios, promoción del emprendimiento, aprovechamiento turístico del patrimonio cultural y natural local, formación profesional, redes de comunicación digital o autoconsumo energético. Asimismo, se incentivarán iniciativas para el desarrollo de nuevas actividades económicas ligadas a la transición ecológica.

En el parque o “en la periferia”

“Doñana somos todos”, ha subrayado la alcaldesa de La Puebla del Río, Lola Prósper, “tanto los que tenemos el privilegio de contar en nuestra tierra con tan maravilloso patrimonio, como el resto de vosotros que aportáis el entorno de protección a estas joyas naturales”. “Todos somos necesarios para la conservación de este espacio”, ha insistido, aludiendo así a la postura del otro bloque, a la que hoy le ha puesto voz la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, que ha lamentado que “los pueblos de la periferia son los que conforman esa mayoría al margen de Doñana”.

“Hemos sido conscientes desde el primer momento de que no se podían repetir errores de anteriores proyectos de financiación y transformación, que no abordaron de modo alguno la problemática del entorno y la importancia de la actividad de todos los municipios”, ha señalado por su parte el regidor de Pilas, José Leocadio Ortega. “Hay una disparidad grande en población, en territorio y en sistema productivo, pero hemos podido llegar a un acuerdo del que nos sentimos todos muy orgullosos”, le ha secundado el alcalde de Bonares, Juan Antonio García.

En el otro lado, el regidor almonteño, Francisco Bella, ha incidido en la idea de que el Ministerio va a recibir ahora dos propuestas, “una de los municipios que han sido cómplices de la conservación de Doñana, que son Almonte e Hinojos, y otra de los ayuntamientos externos al parque”. De esta manera, tendrá que decidir “si continúa apostando por un modelo de desarrollo sostenible o se decanta por un modelo distinto, que lo que ha hecho hasta ahora ha sido agotar los recursos de Doñana”. Una declaración de intenciones que evidencia la distancia que separa a día de hoy a ambas partes, con lo que ahora la pelota queda en el tejado del Gobierno central.