Desbrozar. Clarear. Hacer un cortafuegos que salve bosques de las llamas. Estas (y otras) actividades son imprescindibles para que las zonas rurales y sus ecosistemas gocen de buena salud. Es lo que algunos llaman “domesticar el monte”. Como estos trabajos producen un beneficio común (conservación de masas arbóreas, biodiversidad y paisaje, reducción del riesgo de incendio), la Unión Europea ofrece dinero para pagarlos, que se gestiona a través de las comunidades autónomas. En Andalucía no se reciben desde hace casi una década, de modo que se esperan como agua de mayo. Sin embargo, una resolución de la Junta de Andalucía ha dejado fuera al 46% de los solicitantes, por motivos que muchos de ellos no entienden, provocando lo más parecido a un levantamiento en el sector.
Las cifras confirman que la convocatoria, primera desde 2012, ha sido una escabechina. De los 106 millones de euros previstos para ayudas forestales, se han asignado 63,3, el 40%. Recibirán la ayuda 567 beneficiarios, a una media de 110.000 euros por resolución. Peor le ha ido a la línea destinada específicamente a la prevención de incendios. De 14,5 millones de euros presupuestados, solo se van a invertir 127.384 euros, el 0,8%: se han aceptado 23 expedientes de 657 solicitudes. El 87,5% de estas ayudas proviene del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), mientras que la administración autonómica aporta el 12,5%. Como son fondos finalistas, los que no se utilicen se devuelven a Europa.
“Es un desastre. No sabemos por qué se ha gestionado tan mal”, clama Eduardo Martín, secretario general de Asaja-Sevilla, que ha pedido la revisión de oficio de la resolución o, si no, que se revoque. “Es un despropósito, algo rocambolesco: por el tiempo que ha tardado, el oscurantismo, la indefensión…”, añade Antonio Aguilera, de Fundación Savia, que a primeros de mayo escribió a la consejera Carmen Crespo para pedirle que su departamento habilite mecanismos para “solventar” expedientes decaídos por “pequeños errores administrativos”. “No salimos de nuestro asombro. Desde el inicio de la legislatura, su gobierno hizo alarde de mejorar la eficacia administrativa, de ser más ágiles, más operativos”, señala la carta, firmada por Francisco Casero, presidente de Fundación Savia.
“La propia consejera ha reconocido en comisión parlamentaria que en la gestión de las ayudas hay margen de mejora”, admiten fuentes oficiales de la Consejería. Sin embargo, Francisco Gutiérrez, secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, criticó públicamente a Asaja por sus críticas “injustas”, según recogió Europa Press. Gutiérrez explicó que había trabajado para “revertir la caótica situación heredada del Gobierno anterior”. La última convocatoria bajo mandato socialista estimó el 13,6% de las solicitudes, por el 54% de la que se ha resuelto ahora. También admitió implícitamente que la bajísima aceptación en la línea de prevención de incendios se debe a la burocracia, pero culpó del problema a las “bases reguladoras heredadas”.
Tras las críticas, la Junta de Andalucía ha anunciado una nueva convocatoria (que no se ha publicado) de 30 millones de euros, lo que no cubriría la cantidad presupuestada inicialmente. “Este importe no alcanza los 106 millones anunciados porque es necesario reservar una cuantía, precisamente, para posibles reclamaciones”, explica un portavoz de la consejería a eldiario.es/Andalucía.
El episodio ha generado frustración entre solicitantes que siguen sin saber muy bien qué han hecho mal para quedar excluidos. Marta Cornello vive en Cazalla de la Sierra (Sevilla), se dedica a la ganadería extensiva y ha solicitado las ayudas para dos fincas de su padre. Se la han denegado por la causa 3.3. e): no estar al corriente de las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social. Ella niega que deban nada. El 14 de enero (antes de la propuesta de resolución definitiva) registró por vía electrónica tres certificados, donde consta que no debe nada a Hacienda, a la Seguridad Social o a la Junta de Andalucía. “Algo ha pasado, no han cruzado los datos”, explica Cornello, que ha recurrido la denegación de la ayuda.
Miguel López explota dos fincas de unas 300 hectáreas en Campofrío, cerca de Aracena (Huelva). Como a Cornello, le han denegado la ayuda por no estar al día con Hacienda. “Nos la deniegan por no cumplir algo que sí cumplimos. No tenemos ninguna deuda con Hacienda. Esa documentación se entregó, y la hemos vuelto a entregar”, afirma: “Ahora tendríamos que estar planificando los trabajos, pero estamos a expensas de que los señores de la administración nos atiendan”.
No son casos excepcionales. Tanto López como Cornello figuraban en una lista provisional de la que, sorpresivamente, quedaron excluidos. Ha pasado con 330 solicitudes. “Hay gente que ha llorado. Gente que tiene fincas de 20 hectáreas, que llevan años esperando la ayuda para hacer sus cosas”, cuenta Cornello. “Son cosas nimias, y lo peor es que los rechazos se deben a la inoperancia de los responsables técnicos. Hemos detectados que muchas faltas por supuesta falta de documentación no son tales porque está subida al sistema”, asegura Eduardo Martín. Según Asaja, se han denegado solicitudes por la falta de aportación del DNI. Otras denegaciones se basan en la falta de autorización para comprobar determinados datos.
“Detrás del proceso no ha habido ninguna irregularidad, los funcionarios han sido escrupulosos en el cumplimiento de los requisitos incluidos en las bases reguladoras”, explica la Junta de Andalucía. Las entidades se quejan de que no se haya previsto un trámite de audiencia o subsanación para solventar estos problemas. “Si quieres que los fondos lleguen no puedes ponerte en contra del administrado, a ver si lo pillas. No dejes decaer un expediente porque falte un DNI”, protesta Martín.
Muchos han recurrido, y el retraso en la resolución de la convocatoria provocará que Andalucía afronte un nuevo verano con la tarea forestal por hacer: las ayudas, esenciales para trabajos que minimizan el riesgo de incendio, ya no se podrán aplicar esta temporada porque el Plan Infoca prohíbe realizar tareas en el rural a partir del 1 de junio.
El 70% de la superficie forestal andaluza, 3,4 millones de hectáreas, está en manos privadas. Los propietarios explican que necesitan las ayudas para mantener saneadas zonas boscosas y de dehesa, que requieren de trabajos de mantenimiento periódicos: limpiar, desbrozar (muchas veces a mano), arreglar caminos, clarear, reponer las encinas afectadas por la seca, hacer un cortafuegos. “Si no hubiera dehesa, esto sería desierto. La dehesa es la frontera en el siguiente paso en la degradación”, explica Miguel López.
Sin embargo, los rendimientos no permiten hacer grandes inversiones. Se trata de superficies dedicadas en su mayoría a la ganadería extensiva o ecológica. “Son dehesas y pastos arbustivos, con pendientes y costes adicionales. Ni siquiera es suficiente una buena carga ganadera. Podemos sostenerlo con esfuerzo, pero no podemos hacer inversiones a medio plazo”, comenta López, que se dedica a la agricultura ecológica. Calcula que necesitaría unos 80.000 euros para el buen mantenimiento de su finca.
“La rentabilidad es muy baja y necesitamos la ayuda. Al final esto lo haces tú, pero cada vez es más costoso y ganas menos. Así no podremos competir con la industria”, lamenta Marta Cornello, que ha limpiado “a trozos” unas 60 hectáreas de las 250 que tiene, con una cuadrilla de seis trabajadores. Cuando llegan, las ayudas son también una fuente de riqueza local en comarcas que sufren de procesos de despoblación acusados.
El sector forestal queda fuera de las ayudas de la PAC. Desde 1996 recibe fondos europeos de desarrollo rural porque su mantenimiento genera beneficios para todos. Sin embargo, la Junta de Andalucía no convoca estas ayudas de forma regular, como pide el sector. Las dos líneas resueltas el pasado mes de abril, ahora en la picota, fueron convocadas en 2018 y en 2019.
La administración se defiende argumentando que el anterior Gobierno, en manos del PSOE, ni siquiera convocó las ayudas, pero para el sector, la excusa no vale. “Estas líneas se han convocado tarde y mal, y se han resuelto peor”, señala Eduardo Martín, de Asaja: “La gente está hastiada, lleva muchos años esperando y las resoluciones que llegan son frustrantes”. “Gestionar lo público es hacer uso de todas las potencialidades para que el territorio se sostenga, con los seres que vivimos aquí, humanos o no”, concluye López.
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