Si hace una semana los socialistas andaluces se abrieron a negociar con PP, Cs y Vox la proposición de ley que han registrado en el Parlamento andaluz para legalizar más de 1.400 hectáreas que usan agua de Doñana de manera ilegal, ahora la situación ha cambiado y su postura es mucho más rotunda. Así, la iniciativa se ve como “un engaño” y “un anuncio electoral”, aunque no se cierra la puerta a abordar la cuestión si se pone sobre la mesa “una propuesta técnica, seria y rigurosa”. ¿Y cuál consideran que es el camino? Pues enterrar la proposición de ley y que el Gobierno andaluz “asuma su responsabilidad” presentando un proyecto de ley propio, lo que abriría la puerta a la participación de otras administraciones y obligaría a solicitar un informe a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir… que diría que no hay agua para atender estos cultivos.
La posición que parece definitiva del PSOE andaluz la fijaba este jueves su secretario general, Juan Espadas, que se pronunciaba por primera vez sobre la cuestión, muy delicada en la zona del Condado y que afecta además a varios municipios con gobiernos socialistas. Y aunque mantiene la disposición de “sentarnos y hablar”, se reclama para ello un vuelco al camino que han emprendido PP, Cs y Vox y se empiezan a trazar líneas rojas, como es “no poner en peligro ni sembrar dudas” sobre Doñana, su marca y sus productos.
Espadas admite que hay un problema con agricultores (con cultivos sobre todo de frutos rojos) que no se ven reflejados en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, más conocido como Plan de la Fresa, aprobado en 2014 y que fijó qué suelos se podían regar y cuáles no. Pero para abordar esta cuestión, la Junta (y no los grupos parlamentarios) deben plantear un procedimiento de revisión “con todas las garantías y conforme a derecho”.
La cuestión, en esencia, pasaría por enterrar la proposición de ley y pasar a un proyecto de ley que emane del propio Gobierno andaluz, que es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento “dando la cara” y no “escondiéndose detrás de su grupo parlamentario”. En este sentido, Espadas le ha recordado al presidente Juan Manuel Moreno (PP) que “es gobierno, no oposición”.
La tramitación como proyecto de ley obligaría a dar audiencia a otras administraciones y organismos, y en este contexto sería obligatorio un informe de la autoridad responsable de dar las licencias de riego, que no es otra que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y este ente ya ha dejado claro que la intención de PP, Cs y Vox es un disparate porque genera “falsas expectativas”: se le van a reconocer a los agricultores unos derechos de riego que no van a ir a ninguna parte porque no hay agua.
Así que si hace una semana la postura socialista era más bien tibia y hasta se apuntaba que 500 de estas más de 1.400 hectáreas (en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena, Moguer y Rociana) sí podrían ser amnistiadas, el discurso es ahora mucho más rotundo y claro, en línea por cierto por lo dicho el martes por el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, que también habló de engaño porque no hay ni una gota de agua disponible. “No estoy por la labor de hacer barbaridades y sobre todo de poner en riesgo Doñana y sus productos”, abundaba en esta línea Juan Espadas.
Eso sí, se admite que estamos ante una cuestión “compleja, delicada y grave”, pero que la “falta de seriedad y rigor” del Ejecutivo andaluz lo que ha conseguido es “trasladar a la Unión Europea dudas sobre Doñana”. Todo ello, además, con la evidencia de que el Plan de la Fresa no ha logrado frenar las extracciones ilegales de agua en el Parque Nacional, que el acuífero que abastece el Parque Nacional se considera oficialmente sobreexplotado desde 2020 y que incluso la justicia europea ha condenado a España por esta situación.
Y a todo esto, el portavoz del grupo parlamentario de Vox, Manuel Gavira, se plantaba este jueves en uno de estos municipios onubenses con cultivos ilegales, Rociana del Condado, para asegurar una cuestión en principio contradictoria: la proposición de ley “garantiza el uso de regadío” pero “no pone en peligro el Parque Nacional de Doñana”. Eso sí, reconocía que “el uso del agua depende en gran parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir”...
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