El 'efecto ERE' no tendrá cabida si hay adelanto electoral en Andalucía. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no hará pública su decisión sobre los ERE de Andalucía para no irrumpir en la campaña dado que el pronunciamiento judicial podría convertirse en el centro de la misma, según ha informado Europa Press. Cabe recordar que el alto tribunal celebrará el 4 y 5 de mayo la vista pública de los recursos interpuestos contra la histórica sentencia que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta, por el caso de los ERE que enjuició durante el año 2018 la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Junta entre los años 2001 y 2010.
La resolución que adopte la sala tras la vista puede quedar congelada en el tiempo a la espera de que finalicen los comicios, siguiendo así una norma no escrita por la que el poder judicial trata de no desestabilizar con sus decisiones en periodos electorales. En caso de que el adelanto se fije finalmente para el domingo 19 de junio, la campaña arrancaría en la semana del 6 de junio. Teniendo en cuenta los tiempos judiciales puede ocurrir que sea por esas fechas cuando se pudiera conocer la resolución de la Sala de lo Penal a los diferentes recursos. La Fiscalía del Supremo ha pedido confirmar todas las condenas de la sentencia.
En cualquier caso, desde el tribunal se procurará no alterar la campaña, y la decisión de los cinco magistrados designados para analizar los recursos, Juan Ramón Berdugo, Ana María Ferrer, Carmen Lamela, Susana Polo y Eduardo de Porres, no coincidirá en fechas con la campaña. Es un hecho que desde hace décadas la Sala intenta no irrumpir en procesos electorales con pronunciamientos que pueden convertirse en el eje sobre el que gire el debate, haciendo sombra a las propuestas de los diferentes candidatos.
Pero el ‘efecto ERE’ entró en escena otras veces ante unas elecciones o en momentos importantes políticamente hablando. El inicio en enero de 2011 de la larga instrucción judicial, que se prolongaría durante siete largos años, fue determinante en la primera y única victoria electoral del PP en Andalucía, en los comicios de 2012. Los populares estaban personados en la causa como acusación, tenían información privilegiada sobre el sumario y esgrimieron cada auto de la jueza Mercedes Alaya como un garrote contra el PSOE.
En el recuerdo están algunas decisiones de la jueza Mercedes Alaya, instructora del caso durante cuatro años. El 10 de marzo de 2012, ya en la campaña para las elecciones autonómicas del 25M, dictó auto de prisión de Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo y principal acusado, argumentando que ocultaba hechos y que podría recibir “presiones externas” de terceros para variar su declaración.La propia Mercedes Alaya recordaba en aquel auto que el argumento de las defensas que veían motivos electoralistas constituía una “absoluta falta de respeto y consideración a la función de defensa de la legalidad que ostenta el Ministerio Público, al que se le ha acusado de razones extraprocesales cuando son motivos estrictamente jurídicos los que justifican su solicitud”.
Anteriormente, en las campañas electorales de 2011, también hubo mucho caso ERE. El 10 de mayo de 2011, durante la campaña de las municipales del 22M, la juea emitió un auto en el que ordenaba investigar los bienes del exconsejero de empleo Antonio Fernández y su familia. La declaración del propio Fernández coincidió, 11 meses después, con el acto oficial en el Parlamento autonómico de la toma de posesión del presidente de la Junta, el 19 de abril de 2012. El consejero ingresaba en la cárcel cinco días más tarde. En noviembre de 2011, el juzgado tomó otras tres decisiones durante la campaña previa a las elecciones generales del 20N. Uno de los autos emitidos entonces decía que José Antonio Griñán, siendo consejero de Economía, tuvo que autorizar la ampliación de la partida presupuestaria 31.L en 1,2 millones de euros.
Los ERE han sido un argumento recurrente en las precampañas y campañas electorales en Andalucía por parte del PP. A los socialistas, llegado el caso, no les pillaría de improviso, ya que Griñán renunció a la Presidencia de la Junta en julio de 2013 para que “ningún escándalo salpique a la Junta y a Andalucía”, reconociendo definitivamente el desgaste sufrido. Ni cinco minutos, literalmente, le duró el estreno de presidenta a Susana Díaz cuando el 10 de septiembre de 2013, durante la toma de posesión de su nuevo equipo, el PP andaluz filtraba el auto de Alaya que pedía la imputación de Chaves y Griñán, sus predecesores y padrinos políticos.
Después, ya en 2015, el TSJA apostaba por “importunar lo menos posible” aquellas elecciones autonómicas del 22 de marzo cuando, meses antes, se discutía la presencia o no en la causa de los entonces aforados nacionales y autonómicos como los expresidentes de la Junta. Ambos renunciarnon a sus escaños como diputado y senador, respectivamente, en junio de 2015, una vez pasadas las elecciones de aquella primavera. Ahora, está por ver cómo puede influir, aunque se prevea a posteriori, la sentencia del Supremo en las elecciones que se avecinan en Andalucía.
Aunque no vaya a conocerse la sentencia, serán los cuartos comicios andaluces condicionadas de alguna manera por la famosa macrocausa, un recurso que el PP no ha escondido a la hora de querer utilizarlo electoralmente. Los populares, de hecho, en noviembre de 2018 y coincidiendo con los últimos coletazos del juicio de los ERE, aprovecharon su mayoría en el Senado para asegurarse la presencia de los máximos dirigentes andaluces en la comisión de investigación de financiación de los partidos políticos. Tanto Chaves como Griñán guardaron silencio para “preservar” su derecho de defensa en el juicio, que quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, apenas quince días después de las últimas elecciones en Andalucía, de las que salío vencedor el PP.
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