El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo que la diputada del PP-A Patricia del Pozo presentó en junio de 2015 en contra de la actual composición de la Mesa del Parlamento de Andalucía, en la que su formación sólo tiene uno de los siete puestos, pese a ser la segunda fuerza más votada.
Como se recordará, los grupos del PSOE-A, Podemos, C's e IU, con la oposición de los populares, acordaron que la Mesa de la Cámara tendría, aparte de la presidencia para Juan Pablo Durán (PSOE-A), dos representantes más de este partido, o sea, tres, y uno para cada uno de los cuatro restantes. Para ello, el presidente en el día de la constitución, el diputado más veterano de la cámara, Luis Pizarro, interpretó la parte del reglamento que obliga a que todos los grupos tengan un representante en dicho órgano de gobierno de la institución, compuesto por presidencia, tres vicepresidencias y otras tantas secretarías.
Con la distribución de estos puestos en un órgano cuya importancia es vital porque entre otras cosas decide si se le da o no entrada a las iniciativas legislativas de los grupos, el PSOE-A se ha garantizado, pese a gobernar en minoría, un cómodo manejo del mismo, gracias a que suma mayoría absoluta en la Mesa de la Cámara con sus socios de investidura (C's), que se lo han puesto fácil a los socialistas. De hecho, en el inicio de la legislatura, el PSOE-A y C's llegaron a paralizar a su antojo varias iniciativas legislativas de Podemos e IU.
El PP-A reclamó dos puestos (vicepresidencia y secretaría) por su ventaja en número de diputados (33) en relación con Podemos (15), C's (9) e IU (5) y, por ello, recurrió al TC, que le ha dado la razón a su diputada que fue la que optó a uno de las secretarías que terminó en manos de IU. En su fallo, el TC proclama la “nulidad” de la decisión.
De todas maneras, en el Parlamento de Andalucía no han sabido explicar las consecuencias de este fallo a la espera de estudiarlo en “profundidad”, mientras desde el PP-A exigen ya su “cumplimiento”. En este sentido, IU está convencida de que no perderá un puesto, en aplicación del reglamento, lo que podría obligar a ampliar el número de componentes. .