La temporalidad entre los sanitarios andaluces se ceba con los más jóvenes

La temporalidad es una de las grandes losas que sufre la sanidad pública de Andalucía. Con una plantilla que se queda corta habitualmente, como lo demuestra el actual plan de verano que ha desarrollado la Consejería de Salud y que evidencia que, aunque se cubriesen los 18.000 contratos que se ofertan, seguiría faltando personal. Quienes más lo sufren son los trabajadores más jóvenes, advierten los sindicatos. Las vinculaciones pueden ser por pocos meses o semanas, lo que acaba provocando que muchos de estos profesionales acaben marchándose a otras comunidades autónomas, a otros países o a la sanidad privada, explican los sindicatos. Algo que ocurre y que se deja sentir sobre todo en periodos como el verano. El propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha admitido que no hay personal suficiente para contratar en este periodo estival.

Para paliar la falta de estabilidad en el empleo sanitario, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprobado una ley, fruto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la que pretende que 67.000 profesionales de la salud de todo el país pasen a ser fijos. Es decir, una norma marco que obligue a las comunidades autónomas a acelerar la contratación indefinida del personal que tiene para cubrir la asistencia sanitaria. Un aspecto sobre el que la Junta de Andalucía ya ha salido al paso para recordar que entre 2019 y 2022 ha estabilizado precisamente el mismo número de puestos de trabajo. En concreto, 41.657 plazas fijas a las que se suman las 25.400 interinidades en ese mismo periodo. Se trata de cifras que fuentes de la mesa sectorial no comparten porque, sostienen que, cuando termine la estabilización de los empleos indefinidos de este año, no superarán los 45.000.

A falta del dato oficial, según los sindicatos, la temporalidad se ceba especialmente con los sanitarios más jóvenes, aquellos que acaban de empezar a trabajar tras su etapa universitaria, según señalan desde el sector. “Conforme tienen más edad es más probable sumar puntos en la bolsa de empleo y acceder a una plaza fija”, recuerdan las mismas fuentes. Desde la mesa sectorial denuncian que la precariedad en cuanto a sueldo y duración de los contratos es tal que muchos de ellos acaban marchándose a otras comunidades autónomas, ingresan en la sanidad privada o se van a otros países.

“Somos los últimos de los que se acuerdan”

Ese es el caso de Francisco Gutiérrez, un enfermero cordobés de 32 años que lleva nueve encadenando contratos temporales. Finalizó sus estudios en 2013 y, viendo que la posibilidad de conseguir un contrato era baja en Andalucía, decidió marcharse a trabajar durante tres años al extranjero, pero cuando volvió la situación no fue mucho más propicia. “He llegado a tener contratos de quince días aquí y quince días allí y luego de vuelta al primer sitio”. Cuenta que ahora la situación está algo mejor, pero que, si no fuese porque ha estado trabajando fuera, no tendría la oportunidad de encadenar tantos contratos y pasaría más tiempo en paro, ya que ha sumado puntos para la bolsa de empleo del SAS. “Nos dicen que tenemos los mismos derechos que el resto, pero no es así. Tristemente eres la última persona de la que se acuerdan para vacaciones o días libres”. De hecho, explica, las vacaciones no pueden cogérselas cuando quieran, sino que les obligan a disfrutarlas para estar disponibles en periodos en los que hay una menor plantilla como ocurre en verano.

Su día a día consiste en ir “cogiendo huecos y no tener nunca un sitio estable”. Al final, eso acaba afectando a su desempeño laboral porque siente que no puede dar “el 100% en ningún sitio porque te sientes el último en cada sitio que vas”. De hecho, ha tenido tanto trabajo en los últimos meses que se ha visto obligado a darse de baja por el estrés que acumula. Una situación que se ha visto agravada porque Francisco es uno de los enfermeros que ahora trabaja en las llamadas “consultas de acogida”, estrenadas el pasado otoño en los ambulatorios de la comunidad. Estas consultas son un triaje o selección de pacientes por el que estos sanitarios deben recibir a los ciudadanos que no tienen cita previa y ver si su cuadro clínico merece ser visto en persona por el médico de cabecera. Lo que se entiende como un método para aligerar las listas que tiene un galeno de familia, se ha convertido - asegura- en un quebradero de cabeza para los enfermeros que están en estas consultas.

“Nos tienen ahí a los profesionales de ‘quitavergüenzas’ y de porteros de discoteca”. Les hacen tener que lidiar con los ciudadanos que llegan con la necesidad de ser vistos. “Tenemos que pelearnos para equilibrar entre lo que la gente quiere, el médico quiere o lo que los jefes quieren”. Un panorama desalentador para estos profesionales, que se agrava por el hecho de que muchos son temporales, ya que es un puesto, el de las consultas de acogida, que rechazan quienes llevan más tiempo en el SAS. Lucía es otro de esos perfiles jóvenes que van encadenando contratos de poca duración. En realidad ese no es su nombre, pero pide que no se haga público porque teme que su testimonio afecte a sus posibilidades de seguir trabajando. Algo que, dice, le ha ocurrido a una compañera de su zona.

Un 30% de temporalidad

No obstante, la situación de Andalucía no es fácil de radiografiar. Con una plantilla total de la que no hay una cifra oficial desde 2019, el Ejecutivo regional sitúa en algo más de 120.000 los trabajadores que hay en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Sin embargo, una parte de ellos no forman parte del personal fijo y viven con la incertidumbre propia de quienes no pueden conciliar su vida laboral por no tener vinculaciones largas y estables. Los sindicatos sanitarios sitúan la temporalidad en la sanidad andaluza algo por encima del 30%. Una temporalidad que, en los últimos meses, como ha ocurrido en toda España, se ha visto acentuada por los contratos de refuerzo frente a la Covid-19.

Sin ir más lejos, el SAS ha presentado su plan de verano incluyendo en la estadística de personal a los 12.000 profesionales que renovaron el pasado mes de abril y que tienen un contrato pensado para hacer frente a la pandemia. Como la situación epidemiológica ha mejorado, estos trabajadores están haciendo labores asistenciales comunes, supliendo en muchos casos la falta de plantilla que sufre la sanidad pública de Andalucía. Un problema que no es nuevo y que, pese a que ha habido un aumento de sanitarios en los últimos años, sigue sin resolverse porque esta región es la más poblada de España (con 8,4 millones de habitantes), pero la inversión por habitante en materia de salud está entre las peores del país, con 1.388 euros por andaluz, solo por encima de Madrid, Barcelona y Murcia.

Pensar en “tirar la toalla”

Todo ello da como resultado un cóctel que impide la conciliación laboral y personal de muchos trabajadores de la sanidad andaluza. Lucía, de 33 años, trabaja actualmente en Huelva y es terapeuta ocupacional en la sanidad pública andaluza. Parte de la base de que considera que el SAS maltrata a sus profesionales desde el momento en el que se pone en contacto con ellos: “Te llaman con tres llamadas en diez minutos y si tú no las coges, te sancionan durante los siguientes seis días sin nuevas ofertas”. Además, en el caso de que le hagan una oferta y la rechace, porque no encaje con sus intereses en ese momento, también sufre una sanción. Como su puesto está abierto para trabajar por toda Andalucía, apenas tiene uno o dos días desde que acepta el contrato hasta que debe ponerse a trabajar, con las dificultades que ello supone para conciliar.

En su caso, y aunque tiene un piso propio, tiene que pagarse un alquiler en Huelva, que está a más de 400 kilómetros de su domicilio original. “Estoy casada, pero a mi marido lo veo solo cuando puedo”. A eso se le suma que tiene que estar cambiando de casa continuamente, lo que perjudica mucho su vida diaria. “En mi caso no tengo hijos, pero otros compañeros que sí tienen han de hacer filigranas para readaptar su vida personal”. Lucía considera que esta forma de actuar con los sanitarios “no tiene beneficio para ninguna de las partes”. Ni para la Consejería de Salud ni por supuesto para las plantillas de temporales. “Al final acabamos quemándonos y muchos se van al sector privado”.

“Muchas veces he pensado en tirar la toalla y dedicarme a otra cosa”, confiesa esta joven terapeuta. Un sentimiento que, dice, es compartido por una amplia cantidad de compañeros de profesión. Por eso, la vida laboral de Francisco Gutiérrez o de Lucía sirven bien ilustrar la realidad que viven los trabajadores del SAS a los que afecta la temporalidad que ahora quiere frenar el Gobierno central y que el Ejecutivo regional dice que se ha aminorado en 67.000 puestos fijos. Sin embargo, el sector considera que esto no es cierto y que las malas condiciones laborales acaban derivando en una pérdida de profesionales que la Junta de Andalucía, ahora en manos de la mayoría absoluta del PP, no ha conseguido atajar hasta el momento.