El TSJA muestra su “preocupación” por el “número” de imputados de los ERE a los que Alaya no ha tomado declaración

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mostrado este martes su “preocupación” por el “número de imputados” de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos a los que la juez Mercedes Alaya todavía no ha tomado declaración, una situación que “aconseja” que “se valore” la posibilidad de que el juez de refuerzo le “apoye” tanto en la instrucción del caso ERE como en el resto de 'macrocausas' que investiga.

En concreto, las cuatro 'macrocausas' son las relativas a los ERE fraudulentos, a las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal andaluz se ha reunido este martes en comisión en Granada para analizar, entre otros asuntos, tanto el informe presentado por la juez de Instrucción número 6 sobre el estado actual de las cuatro 'macrocausas' que instruye como el informe realizado por el juez de refuerzo, Rogelio Reyes, sobre “la evolución de la asignación de funciones y distribución de cometidos”.

Al término de la reunión, el TSJA ha hecho público un comunicado de prensa en el que informa de que la Sala de Gobierno “ha acordado por unanimidad valorar positivamente la actuación del juez de refuerzo en relación a la llevanza ordinaria del Juzgado y tomar conocimiento de la información puntual remitida de las cuatro 'macrocausas' asignadas específicamente a la juez titular”.

Al hilo de ello, la Sala de Gobierno “muestra su preocupación por el calendario y la prolongación temporal de algunas” de estas 'macrocausas', “así como con el número de imputados a los que no se ha tomado declaración hasta el momento, lo que aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas 'macrocausas'”.

Unos 70 imputados

Hay que recordar que, en la causa de los ERE, hay alrededor de 70 personas imputadas, de las cuales muchas no han declarado aún ante la juez Alaya, entre ellos el dueño de Uniter, José González Mata, y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal, cuyas comparecencias están pendientes desde el pasado mes de marzo a raíz de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, se reunió el pasado 14 de mayo con la magistrada y el juez de refuerzo y, al término del encuentro, informó a los periodistas de que “le había insistido en que se pueden ayudar el uno al otro”, pues ello lo permite una cláusula incluida en el acuerdo de la Sala de Gobierno, de manera que Rogelio Reyes “puede ayudar perfectamente” a Alaya en alguna de las 'macrocausas' y ésta “puede ayudar” al juez de refuerzo “en alguna de las causas del Juzgado”.

En esa reunión, la juez Alaya se comprometió a “potenciar” y “agilizar” la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investiga con el objetivo de intentar concluir durante el presente año 2013, e incluso antes del verano, la instrucción de alguna de ellas, para lo cual está desarrollando “un esfuerzo enorme”.

Reunión con el presidente del TSJA

Así, Del Río valoró que todas estas causas “se están moviendo”, pues “ya se están poniendo fechas a las declaraciones”; de hecho, al día siguiente se conoció que la magistrada había citado a declarar para el próximo mes de octubre, en relación al presunto delito societario, a los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce y a la exdirectora del área económica y de contabilidad de esta sociedad mixta Pilar Giraldo.

La citación de Mellet, Ponce y Giraldo se produjo tres años después de que fueran imputados.

Fue el pasado 12 de marzo cuando el TSJA accedió a atribuir a la juez Alaya la instrucción de las cuatro 'macrocausas' que investigaba, además de dejar en el órgano judicial un solo juez de los dos de refuerzo que había, aunque imponiéndole la obligación de que informara periódicamente y en un plazo no superior a dos meses sobre la medida de apoyo y el estado de dichas 'macrocausas'.