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La Universidad de Sevilla premia con el mayor importe de una beca internacional a una profesora sancionada por plagios

Fachada de la Universidad de Sevilla

Javier Ramajo

La Universidad de Sevilla ha concedido la ayuda de mayor cuantía para movilidad internacional a una profesora del Departamento de Historia de América que está sancionada por la propia Universidad por plagios en su producción científica en tres de los cuatro artículos que le han retirado, si bien un juzgado rebajó a la mitad dicha sanción y la profesora ha recurrido la sentencia en apelación.

La concesión de esta beca es el último de los episodios relacionados con esta profesora, S.O., que tiene cuatro artículos retirados por revistas especializadas de España y del extranjero, y cuya tesis además ha provocado que varios autores hayan escrito al rector de la Universidad de Sevilla quejándose de haber sido plagiados, entre ellos el doctor Pedro Pérez Herrero, director del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares; Jorge Gelman, profesor en la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET en el Instituto Ravignani; y la doctora Sara E. Mata, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades-CONICET de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, como ha podido comprobar eldiario.es Andalucía.

La ayuda concedida ahora a S.O., enmarcada en el IV Plan de Investigación y Transferencia de la Hispalense, consta en la resolución de la Comisión de Investigación de 18 de julio de 2018, siendo la de mayor importe (1.000 euros) en la rama de Arte y Humanidades. Otros cinco profesores han recibido ayudas en esta modalidad, todas ellas de 600 euros. La beca se destina para su asistencia al 8º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP) 'Población y desarrollo sostenible: políticas públicas y avances en la medición sociodemográfica', celebrado en Puebla de los Ángeles (México) del 23 al 26 de octubre.

Alertas en 2004

La comisión que ha resuelto la convocatoria, presidida por el vicerrector de Investigación en cuyas manos ha estado todo el expediente de presuntos plagios de S.O. aunque posteriormente pasó al Vicerrectorado de Profesorado, valoró a los aspirantes a la beca para una “participación relevante en congresos de carácter internacional”, según la modalidad B a la que optó S.O. La convocatoria presenta como objeto “intensificar la actividad investigadora y fomentar el intercambio y la actualización de conocimientos e información científica de los miembros de la US”.

Fuentes de la US consultadas al respecto por este periódico indican que la sentencia que rebajó la sanción administrativa está recurrida y, por tanto, no es firme. “Mientras no lo sea, la profesora puede concurrir a cualquier convocatoria de la US”, apuntan. La profesora llevó la sanción por plagios de la Hispalense a los juzgados, donde rebajaron el comportamiento de S.O. a “mala praxis”, reduciendo a la mitad la sanción.

La sentencia redujo la sanción de empleo y sueldo adoptada por la Universidad de tres años a año y medio año y está recurrida por la profesora. En el pleito, la ella presentó como peritos a su propio director de tesis, que en 2004 fue alertado desde Buenos Aires por una profesora de Historia y miembro de número de la Academia de Historia de Argentina de los “aspectos deficientes” de la tesis de S.O., y el jefe de este último, catedráticos de Historia de América. La Universidad presentó a un catedrático de Física.

Reintegrada en la docencia

Por otro lado, el pasado mes de julio, este medio informaba de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmaba la condena a la Universidad de Sevilla que obligó a la institución académica a reintegrar a la docencia a esta profesora. La sentencia de primera instancia declaró nula la modificación de las condiciones de trabajo de la profesora contratada doctora a la que se le suprimieron sus funciones docentes hace año y medio. La Hispalense, como ya se ha dicho, la suspendió de funciones durante tres años por “tres faltas de atentado grave a la dignidad por haber incurrido en plagio intencionado”, según recogió aquel fallo de primera instancia en este contencioso, ya cerrado y que ha discurrido paralelo al asunto de los plagios propiamente dicho.

“La profesora consideró que se habían modificado sus condiciones laborales al apartársela de la docencia el curso pasado por el Departamento dadas las quejas presentadas por un grupo sustancial de alumnos. Dada la sentencia, la profesora vuelve a estar integrada en sus actividades docentes”, manifestó en su momento la Universidad respecto a esta cuestión.

El procedimiento de sanción, pendiente de la justicia ordinaria, no ha sido óbice, por otro lado, para que S.O. forme parte de la Comisión de Contratación del Departamento de Historia de América en relación con la contratación un profesor o contratado doctor, según ha podido comprobar este periódico y que ha sido constituida recientemente.

“Los miembros de las comisiones son elegidos por sorteo de forma periódica para todos los departamentos de la Universidad de Sevilla según se establece en el Estatuto de la propia Universidad de Sevilla. Actualmente el contencioso está paralizado y no se pueden adoptar sanciones administrativas contra la profesora”, dijo a este respecto la Universidad.

Sobre ello, el catedrático de Historia de América Antonio Acosta considera que un sorteo entre profesores “debe realizarse cumpliendo con las leyes”, aludiendo a que se podrían estar incumpliendo la Ley de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, así como a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. “Su profesionalidad está más que cuestionada y, con las leyes en la mano, no debería haber entrado en el sorteo”, señala.

El catedrático, codemandado por daños morales por S.O. a instancias de la propia Universidad, resume que “habiendo sido suspendida de docencia por seis meses, teniendo conocimiento el Rectorado del cúmulo de plagios que tiene en su tesis doctoral, en el libro publicado por la propia Universidad y en los artículos que le han retirado y habiendo sido sancionada por la Universidad con tres años, todavía la Universidad considera que ella tiene una profesionalidad contrastada y la incluyan entre los sorteables para no una, sino para dos comisiones de contratación”.

“Estupor” ante el rector

En una carta dirigida al vicerrector de Investigación, este catedrático lamenta con “estupor” que se le haya concedido a la profesora la ayuda económica de 1.000 euros pese a su “cuestionable currículum vitae investigador” ya que “ha merecido ya alguna sanción por parte de la Universidad”.

El catedrático también consideraba ante el rector la “comprometida situación académica” de esta profesora “debido a los plagios que ha cometido” y lamenta que se decida “premiarla con una ayuda económica a la investigación”. Ello “causa un agravio comparativo perjudicando a otros investigadores que están realizando su labor con honestidad”, lamentando que esta profesora “goza de la protección del Rectorado, a veces en perjuicio de terceros”.

En relación a los plagios, en otra carta remitida al rector de la Universidad, el catedrático señala que el hecho de que dichos plagios hayan sido considerados como falta de un empleado público. “Al haber ella recurrido la sanción, el día que la justicia resuelva el caso, los plagios, por haber sido considerados faltas, habrán prescrito y su currículum vitae supuestamente estará limpio, lo que es escandaloso”.

“El Rectorado ha encauzado todo el asunto por la vía administrativa, cuando un plagio no es eso. Un plagio no prescribe, es un robo intelectual y estará vigente mientras los libros, las tesis y las revistas no se quemen en un incendio”, apunta. “En las ciencias, experimentales o sociales, los plagios no son faltas administrativas, sino de ética científica y no prescriben”, añadió, lamentando, al margen de las revistas, que su tesis “con casi 200 páginas plagiadas de más de 35 autores sigue estando incólume”. El catedrático insiste en que “todo lo comentado va dirigido a salvaguardar el prestigio de nuestra Universidad, que ya ha sufrido algún daño por este caso”.

El catedrático aclara que la información sobre plagios “le ha llegado a la Universidad no solo de mí sino también de la Comisión de Investigación del Departamento, compuesta por cinco miembros -catedráticos y titulares-, así como cuatro profesores nacionales y extranjeros que se dirigieron al rector denunciando los plagios” que detectaron en los trabajos de SO.

Acoso laboral inadmitido

De otro lado, en enero de 2017, la profesora presentó una denuncia de acoso laboral contra el director del departamento y del citado catedrático ante el Comité Técnico para la Prevención, Intervención y Evaluación en temas de acoso de la propia US, que no fue admitida a trámite en mayo de 2017 “al no encontrar evidencias de que los hechos denunciados por la profesora pudieran ser calificados de acoso laboral”.

El texto presentado por la profesora ante dicho comité fue el mismo que presentó posteriormente en los juzgados contra la US por la modificación de las condiciones de trabajo, ampliando la denuncia contra los citados compañeros de departamento a instancias de la propia Universidad y en la que alegaba “vulneración de derechos fundamentales”, como así estimó el juzgado y el TSJA.

La Universidad, que conocía desde mayo de 2017 que la denuncia de acoso laboral de la profesora había sido desestimada por un órgano de la propia institución, pidió a través del juzgado que la profesora ampliara su demanda contra el director del departamento y el catedrático, que fueron absueltos como se ha dicho de la demanda acumulada de reclamación de indemnización por daños morales.

Los servicios jurídicos de la Hispalense argumentaron que los codemandados deberían no solo tener conocimiento de lo que en la demanda se les achaca o imputa, sino que deberían ser llamados a juicio con objeto de que pudieran oponerse y rebatir los mismos, dada la evidente afectación que el resultado interesado pudiera tener respecto a ellos, pudiéndose ser por tanto considerados parte procesales y con la finalidad de evitar posibles suspensiones y/o nulidades por indefensión.

Cabe recordar que el Departamento de Historia de América difundió en enero de 2017 un comunicado donde varios profesores mostraron su “preocupación” como docentes e investigadores “por la lentitud para abordar el tema del plagio en universidades e instituciones”, lamentándose del retraso de la Universidad en resolver el asunto concreto que afecta a esta profesora.

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