Aumenta la protección del embalse de San Salvador tras consolidar su riqueza ornitológica
El Inaga (Instituto Aragonés de Garantía Ambiental) ha avalado la propuesta del Ayuntamiento de Binaced para crear una corona de protección de quinientos metros alrededor del vaso del embalse de San Salvador, que en apenas cuatro años de funcionamiento se ha convertido en un punto de parada de las rutas migratorias de las aves entre Europa del norte y África y en un núcleo de riqueza ornitológica que comienza a atraer turismo de naturaleza hacia una zona en la que apenas había existido.
Las dos claves para esa evolución se encuentran en la magnitud de su lámina de agua, que ocupa una extensión de mil hectáreas, y en la isla artificial finalmente incluida en el proyecto a propuesta de los grupos ecologistas y, especialmente, de la SEO (Sociedad Ornitológica Española), que han provocado un aumento de la biodiversidad en la zona.
En el embalse y su entorno anidan ahora cientos de ejemplares de patos de varias especies (rabudo, silbón y cuchara, entre otros) y de ánades reales, así como otras declaradas vulnerables, como los gaviotines negros y las espátulas comunes; algunas protegidas como la avoceta o al borde de la amenaza, caso del tarro blanco, y, también, tres águilas pescadoras, ave clasificada en situación crítica.
En una zona de explotaciones agrarias con cultivos de alfalfa, maíz, olivos, almendros y viñedos y con granjas, “la vegetación natural ha quedado relegada a los márgenes de las citadas infraestructuras y a las lindes de parcelas y caminos” en el entorno del pantano, donde esas especies de aves acuáticas comienzan a compartir el hábitat con las tradicionales del área, entre las que se incluyen rapaces como el milano negro, el azor común, el busardo ratonero, el cernícalo vulgar y el halcón peregrino; pájaros esteparios como la ganga, la ortega y el sisón común (catalogadas las tres como vulnerables) y otras habituales de las pequeñas balsas como el somormujo.
El desfase del Pacto del Agua de 1992
San Salvador, fruto de un acuerdo entre los regantes del Canal de Aragón y Catalunya y las gentes del valle del Ésera cerrado hace más de una década en la Mesa del Agua, fue la alternativa a la construcción del pantano de Santaliestra en el prepirineo, que conllevaba tapiar en esa localidad oscense la cerrada de San Martín, sobre cuya solidez geológica siempre existieron dudas.
En su lugar, optaron por una balsa de 120 hectómetros en el lecho del Canal de Zaidín que asegura el riego (aunque también lo encarece al requerir bombeos) de más de 20.000 hectáreas del sureste de Huesca.
Su consolidación y uso, y las expectativas que está generando en torno al ecoturismo (los deportes de agua están prohibidos), contrasta con la deriva del resto del desfasado Pacto del Agua de 1992 tras la ‘relectura’ de principios de la década pasada: El Val y Lechago siguen sin uso años después de haber sido construidos, la entrada en servicio de Montearagón y el recrecimiento de Santolea siguen en el aire por los deslizamientos de las laderas, las obras de Mularroya siguen adelante pese a los riesgos de inestabilidad que advierten los geólogos, la sobrepresa de Yesa sigue sin fecha de acabado tras haber cuadruplicado su presupuesto y el proyecto de Biscarrués naufraga en los juzgados por su inasumible impacto ambiental y social.
“Se justifica por el aumento del turismo en la zona”
Ahora, el Inaga ha dado el visto bueno a la propuesta del Ayuntamiento de Binaced para restringir los usos del suelo en una franja de 500 metros a partir del vaso del embalse que será declarada como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, lo que limita prácticamente a la agricultura las posibilidades de explotarlo.
La corona, que suma una superficie de 720,3 hectáreas, “se justifica debido al incremento del turismo en la zona”, algo que, para el Consistorio, “debe regularse para conseguir un medioambiente de mayor calidad en el municipio” y para favorecer “el turismo ornitológico y el ecoturismo”, señala la resolución del Inaga. El hecho de que pueda estudiarse, por la flora y la fauna presente en su entorno, “servirá de indicador de la calidad ambiental del territorio”, añade.
Paralelamente, el Inaga, que ha eximido esta reforma del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del trámite de la evaluación ambiental estratégica, avala también elevar del 10 % al 20 % la ocupación máxima de las parcelas en las zonas de uso restringido catalogadas como Zona de Regadío Tradicional y aumentar el tope de edificabilidad de 0,1 a 0,2 metros cuadrados de techo por cada metro de suelo.
Esta segunda medida “se plantea con la intención de facilitar la implantación de infraestructuras incluyendo las vinculadas a la utilidad pública o de interés social” y para equiparar “los parámetros urbanísticos de las explotaciones ganaderas a los del [suelo no urbanizable] genérico, ya que las condiciones en la actualidad resultan excesivamente restrictivas sin la adecuada justificación para ello”, añade.
