Aínsa blinda su paisaje frente a las renovables

“La idea es mantener esa identidad y esas tradiciones del Sobrarbe con ese paisaje tan importante que nos ha dado todo lo que nos ha dado”, explica el alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, sobre el veto al despliegue de las renovables en un término municipal en el que la bicicleta, el senderismo y el turismo activo se han ido sumando en los últimos años a la hostelería y otras actividades como puntales de la actividad económica local.

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), acaba de avalar, tras eximirla del proceso de evaluación ambiental estratégica por su “reducido alcance”, la modificación del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) que “ordena urbanísticamente los usos para la implantación de plantas solares fotovoltaicas en determinados suelos clasificados como suelo no urbanizable genérico, y los trata de adaptar a los principales valores ambientales y socioeconómicos del municipio”.

Esa modificación, que “no supone nuevas reclasificaciones del suelo o la incorporación de usos distintos a los permitidos en otros suelos del término municipal”, consiste, básicamente, en vetar la instalación de centrales de energía renovable en los suelos que dispongan de algún tipo de protección, en las áreas de “sensibilidad ambiental máxima”, lo que incluye los terrenos catalogados como LIC (Lugar de Interés Comunitario) o ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves), los integrados en el Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, los humedales y el embalse de Mediano, y, también, en los bosques de encinas, pinos, robles, hayas y quejigos cartografiados para el Mapa de Paisaje de la Comarca del Sobrarbe.

Fuera de esas áreas, y siempre que se encuentren a más de 1.500 metros del casco urbano de cualquiera de los 26 pueblos del municipio y cumplan requisitos como contar con el aval de un informe de impacto paisajístico y otro ambiental y de disponer de la declaración de interés social “por considerarlo necesario e integrarse en una actividad productiva (agropecuaria, industrial, turística...) arraigada en el territorio”, las placas podrán instalarse en suelos catalogados como “no urbanizable genérico” siempre que no ocupen más de cinco hectáreas.

“El malestar de la mayor parte de la población”

Esa medida, que llega casi dos años después de que quedara suspendida la posibilidad de conceder licencias para instalaciones de renovables, se complementa con la prohibición de instalarlas en los tejados dentro de los cascos urbanos del municipio que recoge el PGOU para mantener su identidad arquitectónica.

“Cinco hectáreas es una superficie pequeña para que se interese una empresa de renovables pero sí puede acoger una instalación de autoconsumo para una vivienda”, explica Pueyo.

De hecho, la reforma del PGOU exime a las líneas de las instalaciones de autoconsumo de las exigencias que impone a las ‘productivas’, cuyos tendidos no podrán afectar a “elementos de acusado interés paisajístico” natural o cultural y deberán contar con “alternativas subterráneas en su totalidad o en alguno de sus tramos”.

“Se pretende que las instalaciones de generación energética renovable no se implanten de manera masiva e indiscriminada en el municipio de Aínsa-Sobrarbe, lo cual, además de un alto impacto paisajístico y medioambiental, supondría el malestar de la mayor parte de la población, incluyendo la parte de la sociedad que apuesta por estas nuevas energías más sostenibles”, explica la resolución del Inaga.

“Un valor ambiental y paisajístico que se debe conservar” 

Ese malestar, añade, “es debido, principalmente, a la ejecución de instalaciones sin ordenación previa en el medio natural, y sin una valoración de compatibilidad de estas con los usos existentes”, tal y como demuestran los episodios de rechazo a su implantación que llevan años proliferando en las zonas rurales aragonesas tanto desde el ámbito social como desde el institucional, donde ha dado lugar a una batería de moratorias a su instalación.

“La propuesta de modificación puede suponer un punto de inflexión, y una regulación previa y ordenación de usos compatibles, en esta fase de proliferación de instalaciones, todo lo cual redundará en el beneficio del municipio”, añade el documento, que se refiere a la modificación del PGOU como “una actuación aislada de escasa entidad que además de no conllevar impacto ambiental, supone una prevención para el mismo”, algo “importante de potenciar ya que la comarca de Sobrarbe tiene un gran valor ambiental y paisajístico que se debe preservar”.

El veto a las placas se combina por parte del ayuntamiento con la exploración de las posibilidades de poner en marcha comunidades energéticas.

Más de medio centenar de pisos turísticos

Aínsa, el carácter pintoresco de cuyo núcleo medieval le ha valido la inclusión entre los “pueblos más bonitos” de España, ha puesto en marcha en los últimos años varias iniciativas dirigidas a mantener esa riqueza paisajística, caso de las medidas de conservación de la huerta y las bordas y la prohibición de construir fuera del casco urbano.

“Eso es para conservar lo que tenemos, que no es fácil, y para que no se desbordara de nuevo el desarrollo urbanístico” como ocurrió en los años de la burbuja, señala el alcalde.

El ayuntamiento está ultimando una nueva normativa, bastante restrictiva, para regular el funcionamiento de los pisos de alquiler turístico, una actividad sobre la que ya pesa una moratoria desde que su proliferación disparara los precios de los arriendos hasta el punto de resultar disuasorios para buena parte de la población flotante vinculada a la prestación de servicios públicos como la educación y la sanidad y al funcionamiento de otros privados como la banca, la hostelería y el comercio.

La nueva redacción del PGOU obligará a disponer de accesos para minusválidos e impedirá ubicarlos en alturas superiores a la primera planta para evitar molestias a los vecinos de los bloques en los que se ubiquen.

Hace año y medio operaban en Aínsa hasta 57 pisos turísticos que habían salido del mercado local del alquiler ‘estándar’. Buena parte de ellos carecían de licencias, según constató una inspección del Servicio Provincial de Turismo de Huesca sobre los que se anunciaban en plataformas digitales.