Al igual que en la novela “Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez, en la que el nombre de la obra rebela lo que va a suceder, se sabía que la imposición de peajes en las autovías españolas no iba a ser bien recibida en el territorio nacional y en concreto en Aragón, comunidad que se vería especialmente afectada. La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas, que está dentro del “Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia”, entraría en vigor en 2024 y contempla una posible ampliación al resto de carreteras.
Se trata de una medida que viene a golpe de: “quien contamina paga” y “el que lo usa lo paga”, como afirma Pere Navarro, director de la DGT. Camuflado de impuesto “verde”, el Gobierno busca cubrir los 8.000 millones de déficit que alcanza la conservación de las carreteras del Estado. Una red que supera los 26.000 kilómetros, de los cuales 12.000 son de alta capacidad.
El miedo al rechazo ha hecho que el impuesto se plantee a 3 años vista para concienciar a la población y como algo progresivo, primero en autovías y después en otras redes. Mientras tanto, en Europa cada país cuenta con un modelo distinto de gestión.
Rechazo total
Pocas veces se puede ver consenso en el ámbito político, pero ese es exactamente el efecto que generó la noticia a principios de mayo. La polémica hizo que días más tarde el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, asegurara que los peajes no se impondrán “si no hay consenso”. Los partidos aragoneses han rechazado el impuesto en las carreteras de forma unánime.
El consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro -CHA-, declaró que es “especialmente injusto” para Aragón, sobre todo teniendo en cuenta el “déficit de inversiones” de los últimos años. Supondría pagar por unas infraestructuras “que se han financiado con los impuestos que ya han pagado la ciudadanía”, añadió Soro. Debido a ello, el consejero anunció que el Gobierno de Aragón no contempla su aplicación a las carreteras autonómicas.
Por su parte, los distintos grupos políticos se han pronunciado en las Cortés de Aragón. El diputado del PP, Joaquín Juste, exigió al presidente de Aragón, Javier Lambán, que “presione” a Pedro Sánchez para no aplicar el impuesto. El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, mostró su negativa y recriminó al PP la crítica, alegando que la medida ya se planteó durante su gobierno. Carlos Ortas -Cs-, Jesús Guerrero -PAR- y Joaquín Palacín -CHA- han mostrado su disconformidad y han resaltado el déficit de inversión en Aragón y la necesidad de finalizar las infraestructuras pendientes. Desde IU su portavoz Álvaro Sanz ha rechazado la propuesta. Nacho Escartín -Podemos- ha rechazado la medida señalando que las infraestructuras públicas deben financiarse con impuestos justos y distributivos, aumentando la presión fiscal a las grandes fortunas. Finalmente, Vox ha dicho que el impuesto es “una estafa a todos los españoles”.
Un peaje anunciado
La implantación de un sistema de cobro en las autovías como el planteado por el grupo socialista no es ninguna novedad. El Gobierno de Mariano Rajoy pidió hasta en dos ocasiones la realización de informes para evaluar la implantación de peajes en autovías, la misma propuesta que ahora rechazan. Debido a ello el ministro Ábalos se dirigió al líder del PP, Pablo Casado, para aclarar si su formación está de acuerdo o no con una propuesta que ellos habían estudiado con anterioridad. Los informes, encargados a la empresa estatal Ineco en 2012 y 2018, ya advertían de la poca aceptación social y de que sobre todo afectaría a los transportistas.
Aragón, por su situación geográfica y su posición logística, se vería especialmente afectada por los peajes. Aunque aún no se ha fijado una cifra concreta, la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) ha propuesto un peaje medio de 4 céntimos por kilómetro para solventar el déficit de las carreteras. De esta forma viajar desde Zaragoza a ciudades como Madrid o Barcelona costaría en torno a 12 euros.
Deuda pendiente con Aragón
Además de mostrar su negativa, muchos de los partidos han coincidido en la necesidad de finalizar las obras pendientes en la Comunidad. En concreto, Chunta Aragonesita ha incidido en ello con una propuesta dirigida al Senado. Su presidente Joaquín Palacín señaló que “de las diez autopistas proyectadas para Aragón ni una sola está concluida a fecha de hoy”.
Un claro ejemplo es la reciente inauguración de la A-68 entre Figueruelas y Gallur. Tras 30 años de reivindicaciones, las obras han finalizado 16 años después de su inicio para cubrir un tramo de 14 kilómetros. Sin embargo, aún queda otro tramo de obras de 14 kilómetros hasta Mallén, cuya finalización está prevista para finales de 2022.
A todo esto, hay que añadir el estado de conservación en el que se encuentran algunas carreteras secundarias, que soportan una siniestralidad mucho mayor que las autovías o las autopistas. El Real Automóvil Club de España (Race) ha advertido que su uso podría incrementarse con la llegada de los peajes, lo que supondría un gran peligro para la Comunidad Autónoma. En concreto Aragón presenta el mayor porcentaje con diferencia de carreteras de riesgo elevado -el 17,7% de sus vías pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado-, según el informe EuroRAP 2020, repitiendo el primer puesto del año anterior.