El escándalo de corrupción de las obras de construcción del tranvía de Zaragoza se ha quedado, salvo que la Audiencia Provincial dictamine lo contrario, en una serie de irregularidades administrativas. Graves, pero sin relevancia penal, a pesar de que los datos conocidos durante la investigación revelan una retahíla de chapuzas en la tramitación y la supervisión de la mayor inversión realizada en la capital aragonesa.
El criterio de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, que hace unos días decretó el sobreseimiento de la causa en la que investigaba la presunta comisión de delitos de malversación, fraude y falsedad en una serie de obras valoradas en 2,3 millones de euros, y en la que llegaron a estar imputadas cuatro personas –la gerente y tres ingenieros-, coincide con la del Tribunal de Cuentas: no existe justificación administrativa para que la UTE que construyó el tranvía, formada por Acciona y MLN, dejara de ejecutar una serie de obras incluidas en el proyecto y realizara otras no contempladas por un valor similar, aunque eso no debe conllevar responsabilidades penales ya que, además de no haber supuesto un perjuicio para las arcas públicas, la falta de esmero no está tipificada en el Código Penal.
No obstante, el Tribunal de Cuentas ha emitido un informe preliminar de conclusiones sobre el proyecto del tranvía en el que recoge una retahíla de irregularidades administrativas y gestiones sorprendentes que comienzan con los trabajos preliminares.
Dos estudios por el triple de lo previsto
El Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón alcanzaron en 2004 un acuerdo para financiar al 50 % un estudio de viabilidad valorado en 500.000 euros, “sin que se hayan aportado los datos ni los cálculos para su cuantificación”, que derivó en dos documentos: uno municipal que costó 870.000 y otro autonómico de 752.456; es decir, algo más del triple de lo presupuestado cuando se daba una “insuficiente justificación de la necesidad de la contratación”.
Dos años después, el Consistorio contrató otras dos prospecciones. Una de 11.900 sobre los efectos del tranvía en el tráfico y otra de 267.000 para la “modelización del sistema de tráfico y transportes”, aunque “no consta que los resultados obtenidos en la primera se pusieran a disposición del adjudicatario de la segunda para que sirvieran como trabajo preliminar”.
Finalmente, la explotación del tranvía recayó en una sociedad de economía mixta en la que Ayuntamiento y Comunidad eligieron como socio a Acciona, que obtuvo la concesión para explotarlo durante 35 años con un presupuesto de inversión de 227 millones.
Cambios sin explicación ni perjuicios
La construcción de la infraestructura, cuyo grueso -154 millones- fue subcontratado por la adjudicataria a empresas que la integraban, incluyó varios episodios en los que el coste de unos tramos crecía en la misma cuantía en la que se reducía en otros. Así ocurrió con los talleres y las cocheras de Parque Goya, que se abarataron en 1,8 millones de euros al tiempo que se encarecían los trabajos en otros tramos.
No “se ofreció explicación alguna” sobre “su alcance ni a qué se debían” esas modificaciones, señala el Tribunal de Cuentas, que matiza, no obstante, que “estas variaciones no tuvieron efectos económicos en el Ayuntamiento”. Entre ellas se encuentran las que dieron pie a la investigación judicial.
Al final, “el importe total valorado en concepto de construcción fue igual al del proyecto aprobado, aun cuando la mayor parte de los capítulos fueron objeto de ajustes”, señala el dictamen, que añade que “no se ha acreditado documentalmente que dichos ajustes no se debieron a modificaciones del proyecto, lo que hubiera requerido la previa aprobación municipal”.
Dos pagos en el punto de mira
El informe, por otra parte, reseña dos pagos irregulares del Consistorio a la empresa del tranvía. Uno de ellos, de 200.000 euros, por una revisión de precios de los billetes. Y otro, de 416.000, como bonificación por pronta ejecución de una obra de 4,95 millones que, en realidad, fue entregada fuera de plazo.
Esa última cifra “no debió percibirse”, señala el dictamen, ya que el contrato solo preveía su pago “si se cumplía el hito con determinada antelación, sin que incluyera previsión alguna sobre el derecho a su percepción en caso de que la demora se debiera a causas ajenas al contratista, como ocurría en este caso”.
El actual equipo de gobierno municipal, de Zaragoza en Común (ZeC), está estudiando la posibilidad de reclamar la devolución de esos 616.000 euros a la empresa que explota el tranvía.