El Gobierno de Zaragoza asegura que se ha encontrado un agujero de 37 millones de euros en sentencias judiciales

Parece algo cíclico. Una tradición cada vez que el Ayuntamiento de Zaragoza cambia de inquilinos. Hace cuatro años, el entonces alcalde, Pedro Santisteve (Zaragoza en Común –ZeC–), se sentaban en la sala de prensa consistorial para anunciar que se habían encontrado en los cajones sentencias firmes por valor de 44,8 millones de euros. La escena se ha repetido este miércoles, pero con la ahora portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejera de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro (PP).

El nuevo equipo de gobierno también ha revisado esos cajones llenos y han encontrado sentencias judiciales firmes por valor de 36,8 millones de euros (30,1 de las sentencias y 6,6 de intereses de demora). Fruto, ha dicho, de la “mala gestión de 16 años de gobiernos de izquierdas, que han usado los tribunales para hacer política”.

Para hacer frente a esta situación, que la portavoz ha calificado de “grave y preocupante”, el Gobierno de la ciudad aprobará el próximo jueves la petición de un préstamo (por la cantidad total) al Fondo de Impulso Económico 2020 (FIE 2020), el cual depende del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cuyo plazo para presentar solicitudes finaliza el próximo viernes 13 de septiembre.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de la capital aragonesa ha de recurrir a este fondo, ya lo hizo en 2015 (cuando se pidieron 45 millones y fueron concedidos), en 2016 (se pidieron 45 millones y no se concedieron) y 2017 (la solicitud fue de 33 millones y se concedieron 21,3).

Entre las sentencias que se adeudan, siempre según la información proporcionada por el PP, está una de más de 15 millones de euros de TUZSA (del ejercicio 2013), otra de 7,1 millones de FCC (correspondiente a 2015) y una de 3 millones de concesiones a barrios rurales, que viene también desde 2013.