Finalmente, la Ley de Cuentas Abiertas, cuya Proposición de Ley se debatió en las Cortes de Aragón el pasado mes de febrero, saldrá adelante. Y lo hará con el mandato en su articulado de que las instituciones a las que afecta deberán mostrar información exhaustiva de los movimientos de sus cuentas bancarias.
Este fue desde el principio el punto de mayor controversia, en la primera porfía parlamentaria y este jueves en la votación definitiva: PP, Ciudadanos y PAR se abstuvieron cuando correspondía aprobar, o no, el artículo 3.3 –el que se refiere a los movimientos–. Salió adelante, no obstante, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Grupo Mixto (CHA e IU).
Tras la adaptación del texto a las distintas enmiendas aceptadas, y el dictamen de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales que dimanó de la Ponencia anterior, la futura norma compete a las Cortes de Aragón, al Justicia, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Económico, la Administración autonómica, la Universidad de Zaragoza, organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de las administraciones, consorcios adscritos a estas, sociedades mercantiles en los que algunas de las entidades antedichas participe con más del 50 % y fundaciones, organismos o entidades siempre que uno o varios sujetos de los previstos en esta ley financien mayoritariamente su actividad.
Todas estas deberán publicar cada seis meses toda la información referente a sus cuentas bancarias y los movimientos de las mismas. Quedan excluidos –y es una de las variaciones que han provocado las distintas enmiendas– los ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes. Extremo este que no es en absoluto baladí, porque solo hay cuatro localidades por encima de ese número en Aragón: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud. Ninguno de los demás consistorios de la comunidad, por tanto, quedan supeditados por esta norma.
La información se publicará en los respectivos portales de transparencia, sedes electrónicas o páginas web de las instituciones. Además, se estatuye un régimen sancionador, por el que “el incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en esta ley, cuando no se subsane en el plazo de dos meses tras el requerimiento (…), constituye infracción grave”. Aunque no se identifica en que se materializará la misma, más allá de indicar que se publicará en el Boletín Oficial de Aragón.
Se refundirá con la Ley de Transparencia
Fue Podemos quien presentó la proposición original, que salvó una enmienda a la totalidad del PP. Esta se justificaba, tal y como apuntó en su momento la diputada popular Marián Orós, en la no necesidad de pergeñar esta nueva normativa cuando acababa de echar a andar la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia. Decía Orós que es un problema tener “muchas leyes para un solo objeto” o “una ley para muchas materias”.
Pero esta ley no incluye la obligación de mostrar los movimientos de las cuentas, y es ese el argumento basilar de los morados para justificar la necesidad de un nuevo texto. A la postre, Podemos logra que, por ley, se conmine a las instituciones a hacer este ejercicio de transparencia. Y el PP, después de las enmiendas y la comisión, también consigue evitar lo que consideran multiplicidad legislativa porque la de Cuentas Abiertas se refundará con la de Transparencia un año después de su entrada en vigor.