Sindicato de Inquilinas de Zaragoza: cinco meses de trabajo contra unas reglas del mercado que “están pervertidas”

Desde septiembre del año pasado, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, se reúnen un grupo de ciudadanos con un objetivo claro: organizar un sindicato de inquilinos e inquilinas para defender la opción del alquiler como una solución de vida habitacional y de hogar.

Zaragoza es la quinta ciudad de España por población y la problemática del acceso al alquiler es similar, si bien en menor intensidad, a la de las grandes metrópolis españolas como Madrid o Barcelona.

Desde el Sindicato de Inquilinas lamentan que el primer problema que se encuentran son los datos. Obsoletos, disgregados o parciales, estos son trabajados por el sindicato, que estima que el parque de vivienda vacía en Zaragoza ronda las 60.000 viviendas, suficiente a su juicio para cubrir la demanda; mientras que su estimación de la subida media de los alquileres es de un 7 % anual.

Esta paradoja no es nueva. Similar a la crisis hipotecaria de 2008, diez años después la mecánica especulativa se cierne sobre el mercado del alquiler. “Las reglas del mercado están pervertidas. No hay un problema de oferta que justifique el encarecimiento del alquiler en estos términos. Se ha creado una falsa escasez, ya que gran parte de estas viviendas vacías están concentradas en pocas manos, y esto no es casualidad. En 2008, con la explosión de la crisis hipotecaria, los bancos compraron demasiado stock de vivienda. Stock hoy en día devaluado. Económicamente les resulta más barato desentenderse de él y de las obligaciones que conlleva”, explica Álvaro López, miembro del sindicato.

El Sindicato de Inquilinas cree que el Decreto del PSOE de la Ley de Arrendamientos Urbanos es insuficiente y proponen una serie de medidas. “Las normativas que se han venido desarrollando hasta ahora han ido protegiendo al arrendatario y desprotegiendo al inquilino”, comenta Ricardo Arnedo, miembro también del sindicato, acerca de la normativa de alquiler vigente. Y añade una serie de demandas normativas desarrolladas desde el sindicato para paliar la problemática del alquiler a la que se enfrentan. “No creemos que alguien deba de entregar más del 30 % de los ingresos en tener un hogar en alquiler, gastos fijos incluidos. Esto además provoca los desahucios invisibles. Se acaba un contrato, se pone un nuevo precio inasumible y el inquilino no puede renovar y tiene que irse. No es un desahucio porque no hay impago. Pero sí hay una familia en la calle. Además, no puede acceder a la vivienda social por no haber sido desahuciado. Estás más protegido si no pagas que si pagas”.

En esta línea proponen que la duración de los contratos sea de seis o doce años, según sea el propietario un particular o un gran tenedor de vivienda.

El sindicato también pide la participación del Estado en las soluciones. Hacer un registro de vivienda vacía y su consecuente movilización para ponerla en oferta al público. Relacionada con esta medida viene la reivindicación de la “expulsión del mercado de fondos buitres y SOCIMI”, ya que observan que son estos fondos los que provocan la especulación masiva de la vivienda y la fluctuación “irreal” de los precios de acceso al alquiler. También piden que la normativa elimine intermediarios innecesarios que resultan contraproducentes, además de encarecer los precios del alquiler y que no trabajan para los inquilinos.

Pequeños propietarios y grandes acaparadores

El Sindicato de Inquilinas hace una diferencia muy importante entre grandes tenedores de vivienda y pequeños propietarios. En el caso que el propietario sea un particular que está arrendando su casa de buena fe se busca la mediación para lograr un nuevo acuerdo o una solución alternativa. Si este propietario necesitara la casa para sí mismo o para un familiar la solución se buscaría en realojar al inquilino en otro hogar en el menor tiempo posible. Por el contrario, cuando el arrendador es un gran tenedor, banco o gran empresa la estrategia va dirigida a mantener al arrendatario en su hogar de alquiler logrando un alquiler asumible y seguro llegando a la movilización si fuese necesario.

Otra labor que desarrolla el Sindicato es el de asesoría: “Muchas veces nos encontramos con que los inquilinos están muy desinformados. Reciben una comunicación o un burofax del arrendador de que deben abandonar la vivienda y se sienten obligados cuando eso tiene que pasar por un juzgado. Además, hemos visto casos en los que se devuelven recibos pagados para provocar la expulsión. También que hay un límite en la fianza o que estás deben ser depositadas en el Gobierno de Aragón y no en la cuenta del arrendador. Estas pequeñas cosas la gente no lo sabe y podemos asesorarles”, añade Álvaro.

Esta organización bebe de las experiencias previas de Madrid y Barcelona, “somos colectivos coordinados, pero pensamos que la acción debe ser local ya que cada municipio tiene su propio contexto y sus habitantes son los que mejor lo conocen pudiendo aportar soluciones específicas a entornos y problemas diferentes y concretos”, explica Ricardo.