Manuel H. J., su esposa y sus tres hijos de dos a siete años se han quedado sin casa. Y sin enseres. Los perdieron cuando un nuevo dueño tomó posesión del piso del barrio de Las Fuentes de Zaragoza en el que vivían como okupas, lo vació y lo tapió. Eso ocurría hace ya casi dos meses, mientras un juzgado de Zaragoza tramitaba el desahucio que había instado Unicaja, y que, aunque estaban negociando una solución, cerró la venta durante el proceso.
Los cinco se mudaron a la vivienda de la madre de Manuel, un piso de 30 metros y de una sola habitación en el que vivía con otros dos familiares y que han tenido que abandonar ante la imposibilidad para seguir viviendo allí y al necesitar la abuela atención médica debido a una enfermedad.
La situación de la familia es desesperada. Al carecer de ingresos fijos, ya que el cabeza de familia ha agotado el subsidio de desempleo, Zaragoza Vivienda no puede facilitarles un piso social. Y el banco, que vendió la casa a primeros de octubre, cuando faltaban 40 días para el lanzamiento, no quiere saber nada de su situación.
El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Zaragoza dirigió al banco un requerimiento en el que le instaba a devolver esos enseres. Sin embargo, la entidad financiera, con la que la familia había comenzado a negociar una solución antes de que se produjera el desahucio, optó por desentenderse del asunto.
El banco se desentiende del cerramiento
“Ni mi mandante es responsable del cerramiento del acceso a la vivienda”, respondió el banco, “ni, una vez vendida mediante escritura pública (…) puede tener acceso a la misma para realizar ninguna gestión, debiendo dirigirse (…) a dicho propietario, para la realización de cualquier diligencia, gestión, actuación, etc”. “En resumen –añadía- será el actual propietario y no mi mandante quien pueda permitir el acceso a la vivienda, en su caso” a los antiguos ocupantes.
Manuel, que se encontró la casa al regresar de un paseo con sus hijos cerrada “con cerraduras de alto coste y con cámara de vigilancia”, pidió al juzgado “que se le devuelva todo lo que se le ha quitado y más aún, por el perjuicio que se ha causado a los menores y lo relativo a ellos” al “haberle quitado la vivienda antes de la fecha marcada por el juzgado”, lo que “le ha supuesto un perjuicio irreparable”, según indicó en una comparecencia previa ante el tribunal.
Tal y como declaró ese mismo día, los enseres, que ya no se encuentran dentro de la vivienda, según le explicaron los operarios de los gremios que unos días después llegaron a la casa para reformarla, incluían ropa, juguetes, una cuna y un carrito de bebé. También han perdido electrodomésticos como una nevera, una lavadora, una placa de vitrocerámica, un calentador de agua y una televisión, muebles como una mesa de salón, varias sillas, un sofá y algunos armarios, unas lámparas, objetos de menaje, herramientas, diversa documentación y 1.800 euros en metálico que suponían todo el capital de la familia.
Acciones legales
Manuel se ha llegado a plantear la posibilidad de emprender acciones legales contra el banco y denunciarlo por allanamiento de morada por haber permitido la entrada en la vivienda “antes de que el juzgado hubiera efectuado el lanzamiento”, aunque esa eventual demanda no parece tener muchos visos de prosperar, explicaron fuentes jurídicas.
Un portavoz oficial de Unicaja, entidad que se hizo con la propiedad de la vivienda, originariamente de Caja España, al absorber el banco CEISS, negó que se hubiera producido esa negociación. Según explicó, el propio banco solicitó al juzgado que suspendiera la orden de desalojo que emitió en 2016 para buscar un acuerdo que evitara el lanzamiento, aunque un año después, a finales de 2017, optó por interponer una nueva demanda para recuperar la propiedad. Antes de que se ejecutara esa segunda orden cerró la venta.