Los vigilantes del Hospital Militar afrontan una reducción de salario del 40% y siguen sin cobrar la nómina de mayo

Seguridad Integral Canaria, anterior adjudicataria de los servicios de seguridad de las instalaciones de Defensa, les debe la nómina de mayo y el finiquito tras desvincularse de la empresa. Marsegur, nueva adjudicataria, les ha rebajado el sueldo, en algunos casos, hasta un 40 %. Los vigilantes de seguridad del Hospital General de la Defensa de Zaragoza alertan de su situación y anuncian huelga para los próximos 27 y 28 de julio.

El pasado 10 de abril se formalizó el Acuerdo Marco de servicios de seguridad (vigilantes de seguridad con o sin armas) para el Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos –dicho de otro modo: el contrato para encargarse de la seguridad en las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa–. La adjudicataria fue Marsegur Seguridad Privada S. A. por un importe total de 18,96 millones de euros.

Todos los vigilantes de seguridad –unos 40 en Aragón– empleados en destinos de Defensa pasaron a depender de la nueva empresa. En su gran mayoría lo hicieron a partir del pasado 1 de mayo; no es el caso, empero, de los vigilantes del Hospital de la Defensa de la capital aragonesa –y de otras instalaciones sanitarias militares en España– que lo hicieron el primero de junio. A días para que se cumplan dos meses de aquello, todavía esperan el ingreso de la nómina de mayo y del finiquito.

Héctor de Armas, administrador de Seguridad Integral Canaria, con el que se ha puesto en contacto eldiario.es, argumenta que Defensa les debe a ellos 2,3 millones de euros. Y que no es la única deuda que tiene contraída el Ejecutivo estatal a favor de su empresa, ya que Patrimonio ha de pagarles otros 2 millones. En esta situación, apunta de Armas, “la tesorería de la empresa sufre una tensión muy importante. Cuando nos paguen lo que deben, pagaremos”.

Entiende, dice, el malestar de los trabajadores, “y me gustaría decir que no es mi problema, pero sí lo es y la única solución es que mi cliente me pague”. eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa, pero no han realizado declaraciones al respecto.

Seguridad Integral Canaria es propiedad de Miguel Ángel Ramírez: empresario, conocido en algunos círculos como ‘el capo de la seguridad’, indultado por el Gobierno de España tras un delito urbanístico y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas.

El 1 de septiembre de 2014, esta empresa comenzó a prestar sus servicios –tras resultar adjudicataria– como encargada de la seguridad de Defensa. El contrato finalizaba el 29 de febrero de 2017. Se abrió entonces un concurso al que se presentaron, según de Armas, “con un precio superior, ya que el precio anterior no resultaba rentable”. La elegida fue Marsegur.

La rúbrica del contrato, sin embargo, se dilató ya que otra de las optantes, Sureste Seguridad, presentó un recurso. En ese momento, y hasta que se resolviera, “nos pidieron que siguiéramos dando el servicio, y lo aceptamos, pero al mismo precio que la oferta que presentamos –la que no fue elegida–”, dice el administrador, que sitúa en ese periodo de impasse el origen de la deuda del Gobierno de España.

Por añadidura, Seguridad Integral Canaria apareció en una lista de morosos de Hacienda que le achacaba una deuda de 2,9 millones de euros. De Armas comenta que, “en este momento, a Hacienda no le debemos nada. Estamos al corriente de todas nuestras obligaciones”.

Reducción de salario

Pero no es este el único problema que afecta a los bolsillos de los vigilantes de seguridad. Su merma se ve multiplicada porque la nueva empresa les ha reducido el salario, en algunos casos, afirman, hasta en un 40 %. Esto es posible gracias a que Marsegur no ejerce al amparo del convenio colectivo de seguridad privada, sino que se rigen por un texto propio. El cual, por cierto, no ha sido admitido por la Audiencia Nacional, lo que hará que recurran al Supremo, como señaló el director de la empresa, Antonio Redondo, a este medio.

“El Estado da armas para competir, y nosotros las aprovechamos”, asegura Redondo. El convenio, explica, “entra dentro de la legalidad y está soportado por la última reforma laboral, ya que esta dice que el convenio de empresa tiene prioridad aplicativa respecto al estatal”. Las condiciones, alega, “han cambiado, y hay que ajustarse a la realidad actual. Incluso la Administración saca licitaciones a precios diferentes: el convenio es legal y en precio de mercado, estamos dentro de la ley”.