El Estatuto de la Mujer Rural: igualdad y desarrollo

Una de las últimas tramitaciones que se aprobaron en las Cortes de Aragón antes de concluir 2024 fue la proposición de Ley para la regulación del Estatuto de la Mujer Rural, una propuesta pionera que ya ha visto la luz en otras regiones, como Castilla la Mancha, con importantes resultados. En el caso de Aragón, una región marcada por una preocupante despoblación y un envejecimiento poblacional acentuado, este marco legal ofrece una oportunidad única para afrontar los retos estructurales que amenazan el desarrollo territorial.

Aragón, con su vasto territorio y baja densidad poblacional, enfrenta una de las tasas de despoblación más altas del país. Según los datos del Instituto Aragonés de Estadística, más del 80% de sus municipios tienen menos de 1.000 habitantes, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de servicios esenciales como la educación, la sanidad y el transporte. Además, la brecha de género en el ámbito laboral y el acceso desigual a los recursos agrava la situación de las mujeres rurales, quienes son clave para la dinamización de estas zonas.

Tradicionalmente, las mujeres han desempeñado un papel crucial en el mantenimiento de la economía y la cohesión social en las zonas rurales, pero con frecuencia sus contribuciones han sido invisibilizadas. Aún persisten obstáculos para su empoderamiento, como la falta de acceso a la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, la precariedad laboral y la escasez de redes de apoyo que favorezcan la conciliación corresponsable. Estas dificultades también limitan su capacidad de influir en las decisiones comunitarias, perpetuando modelos de desarrollo que no siempre contemplan sus necesidades específicas.

El Estatuto de la Mujer Rural se erige como una herramienta normativa para corregir estas desigualdades y promover el desarrollo rural igualitario. Entre sus objetivos destacan: el fomento de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, el impulso a la formación y el acceso a las nuevas tecnologías, el establecimiento de redes de apoyo para la conciliación y la corresponsabilidad, el fomento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones o la promoción de la sostenibilidad medioambiental y la innovación en las actividades rurales. Además, reconoce la pluralidad y diversidad, tanto del medio rural, como de las mujeres que en él realizan su proyecto vital, dotándolas de autonomía y empoderamiento, y alejando los estereotipos tradicionales que tanto daño han hecho.

El Estatuto ofrece también a Aragón un marco único para abordar problemas que hasta ahora parecían inabordables. Primero, la titularidad compartida puede catalizar un cambio estructural en el sector primario, donde las mujeres han sido, tradicionalmente, trabajadoras no remuneradas. Este reconocimiento fortalecerá su posición económica, aumentará su acceso a financiación y fomentará la autonomía en la gestión de las explotaciones.

En segundo lugar, la promoción de la formación digital puede hacer de Aragón un modelo de innovación rural. Las tecnologías permiten la creación de empleo y emprendimientos que no dependen exclusivamente de los recursos tradicionales, abriendo nuevas vías para el desarrollo económico.

Además, el fortalecimiento de redes de apoyo para la conciliación corresponsable no sólo beneficia a las mujeres, sino a las familias rurales en su conjunto, generando comunidades más resilientes y cohesionadas. Este enfoque permite que más personas vean el medio rural como una opción de vida viable y atractiva.

Por último, un mayor liderazgo femenino en los órganos de decisión local garantizaría que las necesidades específicas del territorio se gestionen desde una perspectiva inclusiva y diversa. Este enfoque no sólo es más justo, sino también más eficaz en términos de políticas públicas. Además, podría inspirar a otras regiones a seguir un camino similar, posicionando a Aragón como líder en políticas rurales igualitarias.

El Estatuto de la Mujer Rural no sólo es una herramienta de justicia social, sino también un motor de desarrollo para Aragón. Su aplicación rigurosa puede transformar los desafíos estructurales en oportunidades de innovación, igualdad y sostenibilidad. Pero esto sólo será posible si se acompaña de un compromiso político firme y una implicación activa del medio rural. Aprovechar esta oportunidad es crucial para garantizar un futuro digno y próspero para las mujeres rurales de Aragón y, con ellas, para toda la región. Con el apoyo adecuado, Aragón podría convertirse en un ejemplo de cómo la igualdad de género y el desarrollo rural sostenible pueden ir de la mano, construyendo comunidades más fuertes, igualitarias y resilientes.