Una ley para cambiar muchas vidas

Esta semana ha terminado el plazo para que los partidos políticos presentaran enmiendas a la ley de discapacidad de Aragón. Y parece que hemos trabajado, pues hay alrededor de 500 propuestas de modificación; 200 de ellas solamente de Podemos Aragón.

Cuando escribo este texto, todavía desconozco los cambios propuestos por el resto de partidos, pero sí me gustaría explicar y destacar algunas de las mejoras que proponemos y que esperamos que cuenten con el voto favorable del resto de grupos.

¿Por qué hemos redactado 200 cambios a un proyecto de ley? Básicamente, porque era un texto plano, sin ambición; un texto demasiado “inspirado” en la ley de discapacidad de Andalucía y que dejaba a la discapacidad en el siglo XXI. El objetivo expreso de la ley es nuestra legislación a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por Naciones Unidas y de obligado cumplimiento en España. Pero me temo que se ha quedado corto.

Más allá de fomentar, impulsar y promover, no había mucho más. Pero los derechos no se fomentan, se garantizan. Y se garantizan con dotación presupuestaria y de personal. En este proyecto de ley no había nada de eso. Tampoco había medidas audaces, valientes, originales, en el mejor sentido de la palabra. Salvo alguna excepción, se limitaba a recoger lo de otras legislaciones.

A la hora de redactar una ley de discapacidad que de verdad quisiera cambiar a mejor la vida de las personas con discapacidad y sus familias, lo lógico es que un grupo de personas que se hubiera sentado en una mesa y hubiera repasado las reclamaciones de los colectivo, hubiera señalado los problemas del sistema y hubiera pensado cómo solucionar esas reclamaciones y cómo solventar esos problemas.

Precisamente eso hemos hecho en Podemos Aragón.

Ya en verano, antes de que que el Gobierno anunciara la ley de discapacidad, presentamos un decálogo con medidas factibles y que suponían una mejora de la situación actual. Muchos puntos de ese decálogo están en nuestras enmiendas. Ahora, nos hemos reunido con multitud de colectivos, que defienden diferentes propuestas; hemos preguntado a personas con discapacidad, para que nos dijeran qué echaban en falta en su día a día; hemos hablado con padres y madres de niños y niñas con discapacidad, que a título personal nos han transmitido el calvario burocrático que conlleva esta situación; hemos estudiado el sistema actual de empleo público y lo hemos comparado con el de otros países; hemos encontrado medidas innovadoras de otras comunidades autónomas, y las hemos incorporado al texto, porque legislar también significa adaptar lo mejor de otros lugares a nuestro entorno. Con todo eso, tenemos 200 enmiendas.

Aquí sólo quiero detenerme en propuestas que, de aplicarse, supondrían una mejora importante en la vida de las personas con discapacidad y sus familias.

Actualmente, existe un cupo para personas con discapacidad, pero la realidad es que hay que estudiar el mismo temario, realizar un examen de similar dificultad y obtener la misma nota para superar las pruebas. El propio consejero Fernando Gimeno admitió en las Cortes de Aragón, de aquellas maneras, que era un sistema inútil y que había que cambiarlo.

Por eso hemos pedido que las personas con discapacidad tengan realmente un cupo propio y compitan entre ellas, y no con el resto; que se adapte el temario y el examen para aquellas con discapacidad cognitiva (no es de recibo que para ser ujier una persona con discapacidad cognitiva deba estudiarse la Constitución, el Estatuto y varias leyes más); que exista una bolsa de empleo propia; y que los familiares de personas con discapacidad tengan preferencia a la hora de elegir destino (si la conciliación en general es complicada, trabajar en Calatayud y tener una hija con parálisis cerebral en Zaragoza debe de ser un infierno

Cuando la discapacidad entra por la puerta, el dinero sale por la ventana. A día de hoy, para adquirir productos esenciales para la vida de muchas personas (silla de ruedas, prótesis, etc.) hay que pagar por adelantado todo su coste y, tiempo después, el Gobierno devuelve una parte. Es un sistema perverso. Si consideramos que caminar, ver o escuchar son aspectos esenciales para una vida digna, hay que modificarlo. No son “ayudas técnicas”, es tecnología que permite una vida digna, igual que una válvula en el corazón o un trasplante de riñón. Muchas familias no pueden costear estos productos y se ven abocadas a una vida de encierro; esto no puede ser.

Aquí el orden de los factores sí altera el producto: el Gobierno debe pagar directamente y en un plazo razonable a las ortopedias, y el usuario no ha de aportar ni un euro para poder tener salir de casa o caminar.

Existen multitud de convocatorias de ayudas que no llegan a quien debería. Nadie puede leer el BOA cada mañana para saber si podrá adaptar su baño, por ejemplo. De ahí que propongamos un censo real y actualizado y que, quien lo desee, se apunte a una newsletter con todo lo que el Gobierno de Aragón publica en relación con la discapacidad.

Si cualquier tienda online lo hace, un Gobierno también puede. Así, mucha más gente tendría acceso a convocatorias, ayudas, información, etc.

Hay más medidas, por supuesto: empleo privado, educación, atención temprana… Pero creo que éstas reflejan un trabajo de fondo y una reflexión sobre los principales problemas de la discapacidad en Aragón: los económicos y la falta de información.

Esta ley puede cambiar vidas. No se puede decir lo mismo de todas las que se aprueban. Es una oportunidad única para la discapacidad: confío en que todos los grupos lo entendamos así y sirvamos a la sociedad aragonesa.