Un año de la popular Lorena Orduna en el Ayuntamiento de Huesca: las fricciones con Vox marcan el comienzo de la legislatura

Este martes se cumple un año de Lorena Orduna (PP) como alcaldesa de Huesca. Una irrupción fulgurante, pues era una figura sin experiencia política, que devolvió el bastón de mando de la ciudad a los populares después de dos legislaturas en la oposición. En estos primeros doce meses, la tensa relación con Vox, al que no necesitan para gobernar al gozar de mayoría simple, ha marcado la línea seguida al margen de los esfuerzos del consistorio para avanzar en cuestiones como infraestructuras, eficiencia administrativa o calidad de vida de los oscenses, tal como recogía el programa de Orduna.

Sus primeros pasos estuvieron marcados a fuego por la relación PP-Vox, estable en el Gobierno de Aragón y, era la intención, cordial en Huesca. El punto 8 del acuerdo de gobernabilidad autonómica así lo contempla. La ultraderecha, en cambio, está suponiendo un dolor de cabeza para el equipo de gobierno. En el nacimiento de la legislatura, Vox apoyó los presupuestos municipales a cambio de la cancelación del festival Periferias y la disminución drástica de la partida destinada a cooperación al desarrollo.

Las tensiones surgieron cuando los ultras acusaron al PP de incumplir varios puntos del acuerdo, como la representación de Vox en Grhusa, la empresa pública responsable de la gestión de los residuos urbanos, y en la mesa de contratación del ayuntamiento, o la negociación sobre el destino de los remanentes presupuestarios. La ruptura se materializó con acusaciones mutuas de deslealtad y falta de voluntad para mantener una buena sintonía.

La cancelación del Festival Periferias fue uno de los puntos más polémicos del acuerdo con Vox. Este festival, que se había convertido en una seña de identidad cultural para Huesca, fue eliminado del presupuesto municipal a instancias de Vox, que lo consideraba un “modelo acabado” y prefería destinar los recursos a otros eventos culturales. La decisión fue criticada por los organizadores del festival y por el PSOE, que argumentaron que era un evento cultural importante que había traído artistas destacados a la ciudad.

Otro punto conflictivo residió en la drástica reducción de las ayudas a la cooperación al desarrollo, que pasaron de 100.000 euros a solo 6.000. Esta medida también fue impulsada por Vox y aceptada por el PP como parte del acuerdo presupuestario, aunque luego los populares rectificaron con la habilitación de una línea de subvenciones con 39.000 euros añadidos que, en todo caso, no llegan a las cifras anteriores.

El PSOE ha mantenido una línea dura contra la gestión de Orduna, especialmente con su relación con Vox. Los socialistas han instado repetidamente a la alcaldesa a romper definitivamente con Vox y centrarse en las necesidades de los oscenses. Acusaron a Orduna de ceder a los “chantajes de la ultraderecha”, comprometiendo los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente en temas de violencia de género y política migratoria.

La portavoz socialista en el ayuntamiento, Silvia Salazar, afea a Orduna la falta de cintura para solicitar fondos europeos y reivindica la labor del PSOE durante los ocho años anteriores: “La supuesta mala gestión del PSOE le ha dejado 12 millones de euros ya concedidos y listos para empezar a invertir en mejoras para los oscenses. Si el objetivo, como no se cansa de repetir, es poner a Huesca en el mapa, tiene 13 proyectos aprobados para hacerlo”.

A pesar de estos conflictos, Orduna ha intentado mantener una postura conciliadora, asegurando que su prioridad es el bienestar de Huesca y sus ciudadanos. Ha afirmado que, a pesar de las dificultades, sigue siendo posible gobernar mediante acuerdos y colaboración. Sin embargo, la inestabilidad política y las constantes disputas con Vox han afeado la imagen de la institución.

Vox ha protagonizado momentos tensos en la legislatura oscense. Primero, con la salida de uno de sus tres concejales, Antonio Laborda, para convertirse en concejal no adscrito. Una crisis que se ha judicializado y que dejó paso a una irrelevancia nerviosa por parte de los dos ediles restantes, José Luis Rubió y Susana Magán. Ambos abandonaron el pleno de abril entre acusaciones de haber roto un pacto que los populares insisten en que nunca ha existido ni se ha firmado.

Uno de los proyectos más destacados de lo que va de legislatura ha sido el plan de rehabilitación de viviendas en el barrio de San Lorenzo. Este plan, que cuenta con una asignación de fondos europeos, tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios, así como su accesibilidad y seguridad. La inversión total asciende a más de 1,5 millones de euros, con un enfoque en la renovación integral de las estructuras, la incorporación de energías renovables y la digitalización de los edificios.

El Ayuntamiento de Huesca, bajo la dirección de Orduna, presentó el presupuesto más alto de su historia para 2024: 60,9 millones de euros. Este presupuesto incluye importantes inversiones en infraestructura, servicios sociales y proyectos financiados por fondos europeos. Además, se ha promovido una rebaja en la carga fiscal para apoyar al sector empresarial local.

Orduna ha priorizado la mejora de la movilidad y la limpieza de la ciudad. Desde su discurso de investidura, la alcaldesa ha promovido un enfoque de diálogo y colaboración con el objeto trabajar de manera conjunta con todos los sectores de la sociedad. Este enfoque, señalan desde la corporación, “ha sido clave para implementar las políticas y proyectos de manera efectiva, asegurando que las decisiones se tomen en consenso con los diferentes actores sociales y políticos”.

Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue resolver los conflictos heredados con los funcionarios municipales del anterior equipo de gobierno. “Orduna ha aplicado su experiencia en el sector privado para introducir mejoras en la gestión administrativa del ayuntamiento, buscando hacer más eficientes los procesos y la ejecución de proyectos”, indican fuentes del consistorio.