El alcalde de Calatayud (PP) desoye al defensor del pueblo y no retirará a Franco la medalla de la ciudad
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), ha escrito una carta, fechada el pasado 15 de marzo, al defensor del pueblo en la Comunidad (Justicia de Aragón), Fernando García Vicente, rechazando su sugerencia de retirar a Franco la medalla de oro de la ciudad. La misiva, a la que ha tenido acceso eldiario.es, contiene el membrete consistorial, pero no ha pasado ningún tipo de debate plenario; por lo que en el PSOE consideran que es a título personal. Fuentes socialistas afirman que están estudiando este hecho porque el regidor popular podría haber incurrido en algún tipo de irregularidad.
El principal argumento esgrimido por el PP, desde que el 28 de octubre de 2015 votara en contra de la retirada, es que esta medalla se concedió de manera vitalicia y, por ende, “sus efectos se extinguen con la muerte del beneficiario”.
A este respecto, el Justicia apunta en su escrito lo siguiente:
A colación, y haciendo caso omiso a la propuesta de debatirlo en el Pleno, el alcalde responde que “el pasado, pasado está y, por esa misma razón, las nuevas denominaciones de las calles surgidas tras la llegada de la democracia no han podido eliminar la existencia de un periodo anterior en las que se llamaban con otro nombre, el cual quedó impreso en cartas, membretes, escrituras, contratos, etc.”
Dejar sin efecto el Pleno
En su penúltimo intento de que se retire la condecoración (el tercero), el concejal socialista Víctor Ruiz, ante el manido carácter vitalicio, basó su petición en pedir que se dejara sin efecto el Pleno municipal de 26 de diciembre de 1951 en el que se le concedió la medalla a Franco. A esto también hace mención el Justicia en su sugerencia; sin embargo, este extremo no parece merecer respuesta por parte de Aranda, que no lo menciona en ningún momento.
Sí repite que el Ayuntamiento de Calatayud ha procedido a eliminar de su callejero, “incluso antes de la promulgación de la Ley de Memoria Histórica, las menciones a las personas protagonistas del régimen franquista, incluida la plaza dedicada al propio dictador, sin oponer excusa”.
Sin capacidad ejecutiva
En otra carta, en este caso enviada el pasado 23 de marzo por el propio Justicia a Víctor Ruiz, el ombudsman aragonés explica que no tiene capacidad ejecutiva para obligar al cumplimiento de sus resoluciones. Si la Administración destinataria, como sucede en esta ocasión, considera “que concurren factores que justifican no seguir la sugerencia o recomendación (...) no queda otro camino que el del Informe Anual a las Cortes de Aragón, donde el Justicia ha de hacer constar las resoluciones efectuadas”.
