Las Cortes de Aragón condenan, por unanimidad, el golpe de Estado de 1936
80 años después y por unanimidad. Increíble, pero cierto. La proposición no de ley presentada ayer por Chunta Aragonesista (CHA) en el Pleno de las Cortes de Aragón para condenar el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 recibió el visto bueno de todos los grupos parlamentarios. Destacable, por el hecho en sí, y por ese entente tan poco habitual en cualquier parlamento que se precie.
En el texto pergeñado por los aragonesistas también se incluía la aprobación de una ley de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura Franquista y de dignificación de las fosas comunes, la conmemoración del Estatuto de Caspe y el reconocimiento del denominado Consejo de Aragón.
A pesar de que todos dieron su visto bueno a dicha proposición, el debate de la misma no estuvo exento de enfrentamientos. Gregorio Briz (CHA), historiador de profesión, se encargó de presentar la propuesta. Un discurso en el que comenzó diciendo que se dividía entre “mitad político y mitad historiador”. Prosiguió afirmando que la intención de su grupo no era la de ajustar cuentas, crear confrontación o buscar culpables, simplemente “dignificar, cerrar heridas y reconocer el papel de los que lucharon por la democracia”.
Las víctimas, dijo, son el “rostro visible de lo que ocurrió, hay que combatir el silencio con la gestión de la memoria histórica y educación. La memoria es frágil y los más jóvenes deben conocer lo que sucedió”. Recordó Briz las palabras de Paul Preston cuando este aseguró que “España ha sido muy indulgente con Franco”. Por ello, pidió a las instituciones públicas “el impulso de cuantas medidas sean necesarias para reparar la memoria de las víctimas que han estado en la oscuridad durante todo este tiempo”.
Tras la presentación de Briz, alabada por algunos de sus contrincantes políticos, llegó el turno del diputado popular Fernando Galve. Trató de incluir tres enmiendas al texto original y fue la primera de ellas, la única que no fue aceptada, la que devolvió la polémica al hemiciclo. Solicitó que se condenara también “todo tipo de violencia y represión política que se produjera durante los años que precedieron a la Guerra Civil”.
Briz no aceptó la enmienda. Repasó diversos momentos de la historia española y preguntó: “¿Dónde empezamos a condenar?”. Terminó su argumentación con una reflexión del libro Los mitos del 18 de julio, escrito, apuntó, por diversos historiadores “nada sospechosos”. En dicho texto se dice que “la Guerra Civil no era una emanación natural del funcionamiento político del sistema republicano”; por lo tanto, finalizó, “no se puede ligar una cosa con otra históricamente”.
La negativa le valió al diputado aragonesista la reprimenda de la bancada popular, verbalizada por Galve: “Asistimos a una nueva actitud sectaria de la izquierda, solo quieren aumentar el frentismo. Sigan así, con esa política rancia, revanchista, antidiluviana, ustedes solo piensan en el pasado, nosotros en el presente y en el futuro de los aragoneses. Sigan así porque de esta manera continúan perdiendo votos y elecciones, y nosotros seguimos ganando votos y elecciones”.
La propuesta del PP también mereció contestación por parte de socialistas y de Podemos. Por los primeros, Dario Villagrasa, después de asegurar que el PSOE, “como partido de izquierdas, condena el golpe de Estado y la Dictadura”, se refirió a la enmienda popular aduciendo que hay “mucha diferencia entre los que están enterrados en un cementerio y los que están en las cunetas”.
Alfonso Clavería (Podemos) señaló que nadie puede defender un golpe de Estado contra un gobierno democrático. El diputado de Ciudadanos Ramiro Domínguez indicó que es necesario que “los jóvenes conozcan lo que ocurrió, porque la Guerra Civil enfrenta a los españoles hasta hoy”. En la misma línea, María Herrero (PAR) señaló que la contienda fracturó el país y sus instituciones y, actualmente, “sigue habiendo dos Españas”.
Ley de Memoria Histórica
Acto seguido, se sometió a votación otra proposición no de ley, en este caso de Ciudadanos, sobre memoria histórica y recuperación de cadáveres. E, igualmente, fue aceptada por unanimidad. No faltó, empero, la dosis de crispación, en este caso entre PP y PSOE.
El texto de esa propuesta insta al Gobierno de España “a avanzar con una dotación presupuestaria suficiente en los mecanismos previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, Ley de Memoria Histórica; y a establecer contactos con los gobiernos de las comunidades autónomas en los que se tenga constancia de que existan restos localizados de aragoneses asesinados durante el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura, a fin de facilitar su regreso a Aragón en caso de ser solicitado.”
Fue el primer punto, el referido a la dotación presupuestaria, el que impelió a que la voz se levantara de nuevo en el arco parlamentario aragonés. Villagrasa (PSOE) le recordó al PP que ellos dejaron “seca” la Ley de Memoria Histórica, lo que, en muchos casos, dificulta su cumplimiento.
No sentaron nada bien las críticas en el seno popular, Galve indicó que era un momento de crisis económica “en el que había que priorizar”; de todas formas, espetó, “el PSOE no es el más indicado para hablar porque es un partido que incumple una ley orgánica como la Lomce, así que lecciones las justas”. Con cierto grado de incredulidad, Villagrasa zanjó el debate diciendo que “comparar la Lomce con la memoria histórica es muy poco riguroso”.
