La Directora General de Vivienda de Aragón compatibilizó durante un mes y medio el cargo con su trabajo como contratista

El 31 de agosto de 2023, Pía Canals Lardiés fue designada Directora General de Vivienda del Departamento de Fomento por el Consejo de Gobierno. El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 1 de septiembre. Ese mismo día, renunció a los cuatro contratos que tenía con el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda desde 2021 para la realización de obras en los municipios oscenses de Pano, Lascellas Ponzano, Plan y Puértolas. 

Sin embargo, la resolución que hacía efectivo el fin de dichos contratos no se ha hecho pública hasta el 23 de octubre, en la que también se establece la incautación de las fianzas presentadas.

El proceso empezó el 1 de septiembre cuando Canals presentó la renuncia y el 11 de septiembre la Dirección General de Urbanismo solicitó a la Dirección General de Servicios Jurídicos el informe para tramitar la resolución de dichos contratos. 

Un mes después, el 11 de octubre, se notificó a Canals la resolución por la que se concluyen los contratos y, una semana más tarde, la Directora General de Vivienda da su conformidad, por lo que el 23 de octubre se emite el informe favorable para la resolución. 

El departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, del que depende la dirección de Vivienda, añade que se trata de “contratos firmados anteriormente”, y que según lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley de Integridad y Ética Pública de Aragón, “la directora presentó su renuncia a los contratos y se trasladó a la dirección general de Urbanismo a los efectos de tramitar la resolución de los contratos”.

El Partido Socialista pidió el cese de Canals y el 11 de septiembre solicitó información sobre la designación y la situación de dichos contratos. Desde el PSOE se han hecho varias preguntas parlamentarias al respecto, a las que el Consejero de Vivienda respondió el 17 de octubre que se estaba procediendo “a la tramitación de los correspondientes expedientes de resolución de contratos” y que se “ha informado a los municipios que una vez rescindidos los contratos con doña Pía Canals, se continuará con su realización con otros adjudicatarios”. 

Desde del PSOE sostienen que ya interpusieron una denuncia por este hecho y que están “a la espera” de que la Consejera de Presidencia inicie el procedimiento sancionador, que podría conllevar su cese por incumplir la ley de Ética e Integridad Pública de Aragón.

Aseguran también que se reservan la opción de adoptar “las medidas jurídicas que considere si no se inicia el procedimiento en tiempo y forma”.