El Gobierno de Aragón deberá pagar 40 millones para rescatar una autopista rota
La autopista autonómica ARA-1 amenaza ruina. El puente de medio kilómetro que enlaza las orillas del Ebro entre El Burgo y Fuentes lleva mes y medio roto, después de no haber resistido la primera riada en sus seis años y medio de existencia.
La empresa que la explota, Concesionaria Puente del Ebro, liderada por Acciona, se declaró insolvente hace un año al sufrir en sus cuentas las consecuencias de la baja utilización de la vía, por la que solo pasaba la mitad de los 6.300 vehículos diarios que preveía el proyecto.
Y la combinación de la Ley de Concesión de Obra Pública con la Ley Concursal va a obligar al Gobierno de Aragón a asumir un rescate valorado en alrededor de 40 millones de euros.
La carretera, de 5,3 kilómetros de longitud, enlaza la N-II y la AP-2 con la N-232 y fue diseñada para evitar el paso por Zaragoza al tráfico pesado que cambia del eje Madrid-Barcelona al Cantábrico-Mediterráneo.
Fue adjudicada a principios de la década pasada a una UTE integrada por Acciona Infraestructuras, Brúes y Fernández y Arascón, la cual, con un presupuesto de 55 millones de euros (la primera sostiene que costó 77), preveía ingresar 154,6 entre 2008 y 2036 mediante una fórmula de peaje en la sombra. Asumía el coste de la obra para cobrar durante tres décadas en función del uso.
Sin embargo, la solicitud de preconcurso de acreedores que la concesionaria presentó en abril del año pasado derivó, tras no haber conseguido un acuerdo de refinanciación con sus acreedores, en una declaración de insolvencia emitida el 4 de noviembre por la magistrada del Juzgado Mercantil número 2 de Zaragoza.
Informe concursal
El informe que los administradores concursales, el despacho Aercarya Concursal y Pericial, remitieron hace unos días a la juez es claro: para que la empresa concesionaria sea viable debe recuperar el equilibrio económico, y si no lo logra debería entrar en fase de liquidación.
En ese caso, el Gobierno de Aragón, como licitador de la concesión, habría de asumir el pago de los 40 millones de euros del coste de la obra, que tiene pendientes de cobro el pool de bancos que financió la construcción.
Jurídicamente, se trata de que la Administración asumiera su responsabilidad patrimonial para evitar un episodio de enriquecimiento injusto, ya que, en caso de liquidación, pasaría a ser la dueña de la autopista.
Frentes abiertos
Todo apunta a ese final. Y más, en una situación de conflicto con varios frentes abiertos como la que mantienen Acciona y el Gobierno de Aragón. Están enfrentados por la construcción del hospital de Teruel, cuyo contrato rescindió la DGA tras negarse a asumir el aumento de precios que, antes de iniciar los trabajos y tras ganar el concurso con una baja del 25% (de 98 millones a 73), le reclamaba la empresa.
La comunidad ejerce la acusación en el caso Plaza, en el que varios directivos de la constructora están imputados por el presunto saqueo de la empresa pública. Y, por último, la Consejería de Obras Públicas ha abierto un expediente sancionador a la empresa del puente por no haber atendido a sus requerimientos de reabrirlo al tráfico un mes después de la rotura.
La concesionaria le ganó la semana pasada a la DGA un pleito que eleva en 3,2 millones el precio final de la contrata de la autopista. Una resolución cuyos efectos prácticos no parece, hoy por hoy, que vayan a superar los de la inscripción en el inventario.
