El vicepresidente del Gobierno de Aragón amenaza con “problemas legales” a los ayuntamientos turolenses que denieguen licencias a parques eólicos

La plataforma a favor de los paisajes de Teruel considera inadmisibles las declaraciones de Arturo Aliaga del pasado miércoles en Teruel. El vicepresidente del gobierno autonómico advirtió de las posibles responsabilidades patrimoniales a los ayuntamientos que denieguen licencias de obras para proyectos eólicos y fotovoltaicos. Los proyectos actualmente en trámite suponen cuadruplicar la potencia actualmente instalada y están siendo contestados por numerosos vecinos y asociaciones por sus impactos ambientales y sociales, a pesar de que puedan llegar a tener el visto bueno del Departamento de Industria.

El vicepresidente del Gobierno aragonés, consejero de Industria y máximo dirigente del PAR, Arturo Aliaga, aseguró que los ayuntamientos que denieguen licencia de obra a proyectos eólicos que estén autorizados pueden incurrir en responsabilidad patrimonial y hacer frente a la reclamación de compensaciones por los costes de los promotores. Aliaga defendió que no se levantase ningún parque “sin el respaldo de la gente del territorio”, pero advirtió también de que oponerse a los “derechos” de las empresas eólicas que cumplan la legislación puede acarrear problemas legales a los ayuntamientos.

Estas declaraciones tuvieron lugar tras la reunión solicitada por la Federación Aragonesa de Municipios y provincias ante la inquietud de los municipios por las posibles consecuencias de no autorizar una instalación que haya superado el resto de trámites administrativos.

La plataforma a favor de los paisajes de Teruel considera que las declaraciones de Arturo Aliaga generan “indignación y perplejidad, suenan a amenaza a los ayuntamientos si osan rechazar algún proyecto eólico o fotovoltaico que cumpla con la legalidad” y recalcan que “una administración autonómica con sus competencias sectoriales apruebe un proyecto, no significa en ningún caso que la administración local, con otras competencias bien definidas en urbanismo, lo deba aprobar. Esta advertencia supone toda una invasión de competencias a la autonomía local y una presión añadida a los municipios, muchos de los cuales no cuentan ni con personal ni recursos técnicos para tomar una decisión adecuada o de consenso”, explican en nota de prensa.

Actualmente están en trámite en toda la comunidad parques eólicos y solares que suman 23.000 megavatios, cuatro veces la potencia instalada.

Desde la plataforma destacan también la “falta total de crítica” de la vicepresidencia del Gobierno de Aragón, un cuatripartito formado por PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA, hacia el impacto territorial de estas instalaciones. “Son plataformas ciudadanas y algunas ONG de reconocida reputación en Aragón y no el propio gobierno aragonés, con sus competencias y aparato legislativo en materia medioambiental, las que están denunciando los gravísimos problemas que este tipo de proyectos va a acarrear en los pueblos y sobre el paisaje y el medio ambiente. En lugar de dar seguridad jurídica desde la DGA a aquellos ayuntamientos que denieguen licencias de obra, Arturo Aliaga amenaza veladamente con problemas jurídicos si se niegan a aprobarlas”, exponen.

Desde la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel consideran que cualquier Declaración de Impacto Ambiental debería cumplir la legalidad vigente y garantizar el respeto a la biodiversidad y los valores naturales de los territorios, pero recalcan que “en ocasiones se actúa a favor de las empresas y se ocultan, o no se quieren ver, afecciones que son muy evidentes; esto también debería tenerlo en cuenta el consejero de Industria y apremiar a sus directores generales y a los órganos de gobierno para que los rechacen, pues de lo contrario pueden incurrir en ilegalidades y también pueden pedirles responsabilidades, y responsabilidades patrimoniales, que es con lo que se amenaza a los ayuntamientos”.

La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel pide la dimisión inmediata del vicepresidente Arturo Aliaga. Considera que en un conflicto de estas características en el que hay miles de ciudadanos potencialmente afectados y muchos ayuntamientos con numerosas tensiones internas, sus declaraciones muestran un apoyo inequívoco a las empresas “que practican la especulación con los proyectos de energías renovables, dejando desamparados a ciudadanos y alcaldes de toda la provincia de Teruel”.