“Amenazas arma en mano, pinchazos de ruedas... todos los agentes forestales hemos vivido algo así”
El asesinato de dos agentes rurales en Lleida a manos de un cazador ha sacado a la luz las carencias que estos profesionales llevan años denunciando. No son reivindicaciones novedosas (algunas llevan una década sobre la mesa de las administraciones), pero es ahora, tras la desgracia, cuando han ganado visibilidad.
En el sector no sorprende lo sucedido. Antonio Villoro, agente para la protección de la naturaleza (APN) en Aragón, asegura que todos los compañeros han vivido alguna vez una situación complicada: “Amenazas con el arma en la mano, pinchazos de ruedas…”. El mayor problema, dice, es que no les reconocen como agentes de la autoridad: “Si le vas a retirar un arma, te dicen 'a ti no, yo solo se la doy a la Guardia Civil”.
En la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales van incluso más allá. Indican que el último suceso se sitúa en la cúspide de numerosos ataques, como “intentos de apuñalamiento, agresiones varias, amenazas de todo tipo, pintadas insultantes en vehículos, oficinas y domicilios, introducción de cabezas de animales en vehículos…”. Alertan de la “desprotección jurídica y física de los agentes forestales, que deben ejercer sus potestades policiales (administrativa y judicial) en condiciones precarias”.
Para mejorar la situación, exigen dos medidas inmediatas: la creación de una Ley Básica Estatal que recoja las potestades actuales de los agentes, les dote de formación y medios de defensa adecuados y aborde la homogeneización de su imagen; y la modificación de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que se reconozca la especificidad policial medioambiental de los agentes forestales. En concreto, solicitan que tengan acceso a licencia de armas tipo 'A', “como el resto de las policías que prestan servicio en el Estado”.
En su opinión, se deberían estudiar y aprobar los elementos más adecuados para la dotación de los agentes en cada uno de los servicios que prestan. Recuerdan que existen “guantes, chalecos anticorte, chalecos antibalas, defensas en spray y eléctricas, y, en última instancia, armas de fuego”.
Los sindicatos muestran también su malestar. CCOO se centra, principalmente, en la seguridad laboral. Entienden que los agentes “realizan funciones de policía y sufren los mismos conflictos que otras policías, pero en su caso les ocurre en medio del monte, en solitario muchas veces, y ante personas armadas cuando se trata de verificar el correcto ejercicio de la actividad cinegética”. Por ello, apuntan, “los conflictos, amenazas y agresiones deberían haberse tenido en cuenta desde la perspectiva de la seguridad laboral como incidentes o accidentes de trabajo”.
10 años esperando un procedimiento de actuación
Por lo general, se advierte una escasez en la regulación y evaluación del trabajo de estos profesionales. En Aragón, es UGT quien ha denunciado que los Agentes de Protección para la Naturaleza llevan 10 años esperando a que el Gobierno autonómico redacte un protocolo de actuación.
En marzo de 2007, el Ejecutivo autonómico (entonces PSOE-PAR) evaluó las competencias atribuidas a los agentes forestales, entre ellas, la de vigilancia de la caza. En el documento que nació de esa evaluación se dice que esta operación consistirá en solicitar la documentación de los cazadores, controlar si las piezas cobradas cumplen la normativa, control de furtivos, etc.
Y más adelante indica que el agente “deberá seguir el procedimiento establecido por el Departamento de Medio Ambiente para el control de situaciones conflictivas en el trato con los cazadores al pedirles la documentación, inspeccionar las piezas de caza abatidas, el arma, etc.”. El problema es que ese “procedimiento” no existe. En varias ocasiones, apuntan desde el sindicato, han cuestionado al Gobierno sobre este extremo y, “aunque reconocen que hay que redactarlo, no lo hacen”, aseguran.
No es esta la única queja. En octubre de 2014, el Gobierno de Aragón (en ese momento PSOE-PAR) publicó el Protocolo ante la violencia externa en el lugar de trabajo del personal de la Administración. En aquel momento, advirtieron en el Ejecutivo que, en la actividad diaria de los agentes, “quedaban expuestos a muchas situaciones a las que dicho protocolo no daba solución”; por ello, “se comprometieron en abril de 2015 a crear un grupo de trabajo que, a día de hoy, no se ha producido”, explican en UGT.
La última reclamación la focalizan en el parque móvil de vehículos todoterreno. En la actualidad, dicen, “hay más de 200 vehículos en circulación, con una antigüedad media cercana a los 15 años y con más de 230.000 kilómetros recorridos de media, lo que produce graves carencias de seguridad activa y pasiva, con continuos accidentes, incidentes y averías”.
