El Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES-Aragón) ha manifiestado su preocupación por los presuntos hechos delictivos cometidos en el Centro de Acogida de Menores de Ateca que están siendo investigados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza y que han supuesto que la jueza del Juzgado de Instrucción nº2 de Calatayud haya decretado el cierre provisional del centro y prisión provisional, comunicada y sin fianza para la detención de cinco trabajadores por supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad, moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal, hacia menores internos. Ante este caso el CEES estudiará personarse como acusación particular en esta causa.
El Centro de Ateca está gestionado por la U.T.E Fundación Salud y Comunidad y el Grupo Lagunduz mediante concierto con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Ante estos presuntos hechos delictivos, el CEES solicita a la administración que “ponga a disposición de las familias denunciantes y de los niños y niñas victimas los recursos necesarios para que puedan sentirse protegidas y acompañadas en este proceso tan doloroso”.
El CEES Aragón considera que todos los recursos del sistema de protección y reforma de la Comunidad Autónoma deberían ser de carácter público, “obviando las externalizaciones con entidades privadas, pues el objeto de intervención son la infancia más vulnerable y sus familias” y reitera y exige “la colegiación obligatoria, como marca la legislación aragonesa para el ejercicio de la profesión de educador o educadora social, que garantiza que todo profesional contratado es educador o educadora social y que tiene la obligación de cumplir el código deontológico de la profesión evitando así el intrusismo profesional que tanto daño está haciendo”.