La Fiscalía de Zaragoza ha pinchado el globo de la supuesta invasión de MENAs (Menores Extranjeros No Acompañados) a la que desde hace unos meses vienen refiriéndose algunos agentes sociales y políticos como una de las causas del porcentualmente elevado, pero cuantitativamente escaso, aumento de la delincuencia en la comunidad y, especialmente, en su capital: son 188 los detectados en la provincia, todos ellos acogidos bajo la tutela del Departamento de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón.
Sin embargo, lo más llamativo de las referencias a los MENAs en la última Memoria de la Fiscalía Superior de Aragón, remitida hace unas semanas a las Cortes autonómicas, es, precisamente, que ni una sola de las alusiones que el ministerio público hace a este colectivo en ninguna de las tres provincias tiene relación con la delincuencia.
Ese silencio de la Fiscalía, que se da tanto en los apartados de Extranjería como en los de Menores, contrasta con algunas de las iniciativas que han impulsado en los últimos meses organizaciones como el partido de extrema derecha Vox, que en una interpelación presentada al equipo de gobierno municipal sostiene que “una parte significativa de la delincuencia producida este verano parece haber sido protagonizada por población inmigrante y en algunos casos por menores no acompañados de origen extranjero acogidos en Zaragoza, vinculados con los pisos de acogida distribuidos en nuestra ciudad o pisos 'okupados”.
Su grupo en las Cortes, por su parte, les atribuye la generación de una “alarma social” por “las cada vez más numerosas noticias” sobre “robos con violencia e intimidación, agresiones y abusos sexuales” supuestamente cometidos por estos menores.
Cuando los datos desmontan el mantra
La Estadística de Penados que acaba de publicar el INE (Instituto Nacional de Estadística) ofrece datos sobre las infracciones penales en función de la nacionalidad de las personas que son condenadas por ellas, aunque en el caso de los extranjeros menores de edad no diferencia entre los que tienen familia en España y los que carecen de ella. Sin embargo, el cruce de esos datos con los de la Fiscalía ofrece algunas apreciaciones interesantes.
Los menores de edad extranjeros son algo más de uno de cada ocho adolescentes, en torno al 13 %, según indica la Estadística del Padrón Contínuo, que los cifra en 7.982, por 53.694 indígenas, en el tramo de 15 a 19 años, el más similar al de los 14 a los 18 a los que se aplica la justicia de Menores. Los 188 MENAs supondrían un 2,35 % de los foráneos y un 0,3 % del total.
Más de dos tercios de los menores de edad condenados en Aragón, 218 de 316 ( ) el año pasado, 973 de 1.384 en el último lustro, son españoles, con una tendencia al alza tanto en ese grupo, estabilizado por encima de los dos centenares, como en el de los extranjeros, que se acerca a los cien por ejercicio.
En el descartable caso de que todos los delitos cometidos en Aragón por menores de edad de origen extranjero hubieran sido cometidos por MENAs, significaría que la mitad de ellos no comete acciones de ese tipo, ya que la cifra se reduce a 98. Los 90 condenados en 2017, cuando únicamente había ocho no acompañados en la comunidad, invita a poner en duda la intensidad de la actividad delictiva que les atribuyen los sectores ultraconservadores.
Ocurre algo similar con el número de delitos por los que son condenados, capítulo en el que en los dos últimos años, tras la desaparición de las faltas, ofrece una proporción de tres a dos para los españoles.
Seis años sin repatriaciones
La Fiscalía sí llama la atención sobre el “aumento exponencial en el número” de MENAs acogidos en Aragón, ya que a los ocho registrados en 2017 se les añadieron otros 180 el año pasado. Básicamente, por el aumento de los flujos migratorios de jóvenes desde África hacia países como Francia a través, principalmente, de Euskadi.
Otra cosa es que los servicios sociales dispongan de los medios y la capacidad para afrontar ese repunte de la llegada de menores de edad de origen extranjero en situación de desamparo.
La Fiscalía de Zaragoza dictó el año pasado quince decretos de determinación de la edad de menores de origen extranjero, que confirmaron que siete de ellos no habían alcanzado la mayoría de edad. En Huesca fueron cinco y en Teruel, ninguna.
“Si se acredita que el extranjero es menor de edad debe acordarse la repatriación a su país de origen o su permanencia en España”, recuerda el ministerio público, que anota que “los MENA solo pueden ser objeto de expediente de repatriación, ya que por su minoría de edad no procede una sanción de expulsión como corresponde a los extranjeros irregulares mayores de edad”. Y la finalidad de esa repatriación, añade, “no puede ser otra que la reagrupación del menor con su familia o, subsidiariamente, la tutela por los servicios de protección de menores de su país de origen”.
“En el año 2018 no se han ejecutado en Zaragoza repatriaciones de menores, al igual que en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, si bien hay dos expedientes en trámite, relativos a menores de nacionalidad marroquí”, señala el documento.