Un solo agente de la Guardia Civil, y en ocasiones dos, se encarga de la vigilancia del aeropuerto de Zaragoza, que se disputa con el barcelonés de El Prat el segundo puesto del país en tráfico de mercancías –pasaron por él más de 85.000 toneladas de carga en 2015- y por el que en un año transitan más de 420.000 viajeros.
Esta escasa dotación incumple la normativa sobre seguridad aeroportuaria, que obliga a destinar a dos agentes solo para la supervisión de embarques, y contradice también las propias directrices de la Guardia Civil, que veta el despliegue de patrullas unipersonales en puntos críticos como los aeropuertos.
En el de Zaragoza, donde la Guardia Civil carece de perro de rastreo pese a que el año pasado registró más de 7.000 operaciones aéreas -muchas de ellas internacionales-, esa falta de efectivos –de la que tiene conocimiento la Inspección de la Guardia Civil- se suple con vigilantes privados, no habilitados para realizar algunas tareas de seguridad.
Todos los pasajeros y toda la mercancía
El agente al que por turno le toca asumir íntegramente las labores de seguridad de todo el aeropuerto –dos, en parte de los servicios diurnos- asume también las tareas de vigilancia fronteriza y supervisión de mercancías. La Agencia Tributaria mantiene en el cercano polígono Plaza un puesto aduanero que solo cuenta con un funcionario en turno de mañana y otro por la tarde, de lunes a viernes.
A esa escasez de efectivos de la Guardia Civil para cubrir los servicios de vigilancia de las instalaciones aeroportuarias se le suma el hecho de que la mitad de la plantilla asignada a ese servicio carece de la formación de especialista fiscal que se requiere para el despacho de mercancías. Entre otras causas, porque la dirección general lleva seis años sin convocar cursos de formación para agentes en esa materia.
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, y especialmente la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en la plantilla), vienen denunciando la falta de personal y de medios con que se encuentra el cuerpo en la Comunidad, una de las más afectadas por el recorte de personal durante la pasada legislatura.
Un 6 % menos de tropa con aumento de mandos
La política de personal del equipo del exministro Jorge Fernández Díaz provocó la pérdida de 4.537 guardias civiles entre diciembre de 2011 y el mismo mes de 2015, lo que supone un 6 % de la plantilla. La reducción del empleo se centró en la tropa y en la escala de suboficiales, con un descenso de 4.263 y 406 efectivos, respectivamente, mientras la plantilla de oficiales y mandos ganaba 132 componentes.
Esa merma de la plantilla, con varias unidades con menos del 50 % de la plantilla que teóricamente les corresponde, ha hecho que en Aragón los cuarteles permanezcan cerrados al público en la mayoría de las poblaciones durante buena parte de la jornada –sí abren las cabeceras de línea y las sedes de unidad-, mientras que la obsolescencia de los vehículos –algunos superan los 400.000 kilómetros recorridos- ha disparado las averías y los incidentes hasta darse el caso de que varios puestos compartan coche patrulla. “Los vehículos se cuidan como si fueran un animal enfermo”, señalan fuentes del cuerpo.
Los recortes en Interior afectan también, pese a los 200.000 euros que anualmente destinan a mantenerlos los ayuntamientos con fondos de las diputaciones provinciales, a la conservación de los acuartelamientos. El de Fuentes de Ebro, por ejemplo, se plantea habilitar una casa particular para alojar en ella el puesto de la localidad.