El pasado mes de octubre, veinte migrantes alojados en el centro de acogida de Pirenarium, en Sabiñánigo, firmaron un papel que ellos creían que era un contrato de trabajo en Burgos, pero que también conllevaba su salida del sistema de acogida. Seis semanas después, tres de ellos viven en un albergue gracias a la Plataforma Pro-Refugiados Alto Gállego y buscan trabajo “de forma desesperada” porque se terminan los fondos.
Cuando llegaron a Burgos se encontraron con unas condiciones laborales abusivas, hacinados en una casa por la que pagaban, cada uno, 150 euros al mes. Tras once días de trabajo en los que “en ningún momento les recriminaron su forma de trabajar” fueron despedidos. Según explican en la denuncia presentada, pidieron “de manera educada” al dueño de la explotación “que mejorara las condiciones de habitabilidad de la vivienda porque no creían que pudieran aguantar en esa situación los dos meses que se les prometieron de trabajo”. El jefe les respondió que si no les gustaba la casa “que se buscaran otra” y fueron expulsados.
De los veinte que fueron a Burgos, diez regresaron a Sabiñánigo y siete de ellos interpusieron la denuncia ante esta situación. El resto han encontrado trabajos: “La gran mayoría son de Senegal y Mali, tienen más entorno y conocen a gente por España”. Sin embargo, los que han regresado a Sabiñánigo son de Gambia, país del que proceden muchos menos migrantes.
Cuando regresaron a Sabiñánigo, tuvieron que dormir en una tienda de campaña al no poder entrar al albergue de Pirenarium. También fueron acogidos por alguna de las profesoras de español, que los llevó a su casa mientras buscaban una solución habitacional para ellos. Ahora solo quedan tres y están alojados en el albergue de Yebra de Basa, que ha rebajado su tarifa a 5 euros la noche para poder acogerlos, y sus gastos los están pagando desde la Plataforma Pro-Refugiados Alto Gállego, aunque esta es la última semana para la que cuentan con dinero.
Raquel es profesora de español voluntaria para los migrantes que se encuentran en Pirenarium. Explica que estos chicos “han sido engañados” y que “no sabían que estaban firmando su salida del sistema”. Considera que se les ha presionado desde Apip-Acam para que aceptasen el trabajo. Apip-Acam es la asociación que gestiona el centro de Pirenarium, un centro de Fase 1 de Emergencia de atención a personas en situación de Protección Internacional. Desde esta asociación han rechazado hacer declaraciones sobre la situación de estos jóvenes y el proceso por el cual salieron del centro.
Los denunciantes exponen que desde Apip-Acam se les dijo que tenían “que aceptar el trabajo porque si no tendremos problemas con nuestros papeles, no se nos renovará la tarjeta de asilo para obtener la tarjeta roja. Tenemos miedo y aceptamos el trabajo”.
Ahora, sus profesoras de español y la Plataforma Pro Refugiados están intentando encontrar trabajo para estos jóvenes, “hemos enviado sus curriculums a todos lados, a mataderos, sindicatos agrarios, granjas, estaciones de esquí…” pero, por el momento, sin éxito. Si no encuentran nada, uno de ellos se irá a Almería a trabajar en un invernadero sin contrato de papeles: “No es lo deseable después de seis meses de estar apoyando y sosteniendo, pensamos que encontraríamos un trabajo para ellos, que lo único que quieren es trabajar. Son chavales que vienen huyendo de situaciones familiares muy complicadas y que lo que quieren es trabajar, ganar dinero y ayudar a sus familias”.
La ayuda institucional ante esta situación se ha basado en la oferta por parte de la Comarca del Alto Gállego de unas ayudas para alquilar un piso durante tres meses, sin embargo, Raquel explica que “nadie quiere alquilar a tres personas negras sin trabajo”, ya que se han encontrado con episodios racistas durante estos meses. El último de ellos cuando uno de los jóvenes que volvieron de Burgos se fue a Almería, donde había encontrado un trabajo. Le buscaron un blablacar para poder coger un autobús a Murcia desde Zaragoza y, al enterarse el conductor de quien iba a ser el viajero, dijo “que no iba a llevar un negro en su coche”.
Delegación de Gobierno sostiene que, una vez que los usuarios “salen del sistema de acogida, en caso de situación de vulnerabilidad, deben dirigirse a entidades en Fase 0, de primera acogida, donde se gestionarán sus necesidades”.
La Consejería de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se remite a las declaraciones que realizaron la semana en que se conocieron estos hechos, acusando de “dejadez” a la Delegación de Gobierno. “El Gobierno de España no sólo no informa al Gobierno de Aragón sobre qué sucede con todas ellas una vez abandonan un recurso; tampoco están acompañando su proceso de inclusión como corresponde y lo dan por concluido sin las garantías que se necesitan”.
En la denuncia presentada por los jóvenes relatan que la fundación recibió una oferta de trabajo para 20 personas y que ellos firmaron un documento “en el cual se les informa de su salida voluntaria del centro”. Sin embargo, sostienen que ellos pensaban que una vez transcurridos los dos meses de trabajo “seguirían teniendo el apoyo de Apip-Acam para proceder con la tramitación de sus papeles”. Exponen también que la fundación “les obligó prácticamente a que firmaran sin opción de negarse” y declaran que no se les entregó una copia de ese papel.
Raquel denuncia que, ante una situación de este tipo, tendrían que haber contado con un traductor y un abogado que les explicase las consecuencias de firmar ese papel, “les decían que si no cogían ese trabajo en burgos eso costaría en su expediente, les metieron una serie de miedos que no son así”. Ahora, estos tres jóvenes esperan recibir el sí de alguna empresa y poder trabajar para continuar con su proceso de acogida en España.